Dos de los tres vocales no cuentan con antigüedad suficiente para desempeñar el cargo. Ya hay una denuncia penal y advierten que todo lo actuado por el Tribunal podría ser objetado.
Hay un tema polémico que viene creciendo de manera silenciosa en los últimos meses y que puede llegar a explotar cuando reinicien sus actividades los poderes Legislativo y Judicial la semana próxima: se trata de los cuestionados nombramientos de dos de los tres vocales que ingresaron a uno de los organismos de control más importantes que tiene la provincia, como es el Tribunal de Cuentas. El tema motivó una denuncia penal que aguarda una definición de los fiscales y generó un fuerte cuestionamiento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas a la Legislatura, en el que se advierte que todo lo actuado por el tribunal puede ser objetado por estar conformado de manera inconstitucional.
Hasta aquí el asunto ha pasado desapercibido porque hay un pacto de silencio entre los partidos de la oposición y poco interés de parte del gobierno; como los nuevos nombres surgieron de un acuerdo legislativo que se plasmó en la sesión del 21 de marzo, y los vocales fueron puestos en funciones de manera inmediata, ninguno de los legisladores que suelen hacer grandes denuncias mediáticas ha dicho
nada sobre el tema, porque la mayoría fue partícipe de la maniobra, a excepción de un grupo de diputados del Chusoto.
En aquella sesión hubo tres acuerdos aprobados a propuesta de los distintos bloques para cubrir las vacantes en el Tribunal de Cuentas, que fueron las del abogado Martín Meza (por el PJ), y los contadores públicos Liliana Underwood (por Jerónimo García como presidente del Chusoto) y Antonio Cimadevilla (por el bloque Cambiemos). Sobre el primer caso no hay ninguna objeción, pero sí respecto a los dos contadores, cuyos nombramientos fueron objeto de una denuncia penal contra la Legislatura y los presidentes de los bloques, por parte del empresario de Trelew, Celso Pontet, quien según su abogado Aldo Amado, entiende que los profesionales designados incumplían con el requisito de antigüedad que está establecido por la Constitución Provincial y por la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
La denuncia presentada al Ministerio Público Fiscal expresa que los contadores Underwood y Cimadevilla (hijo del ex senador Mario Cimadevilla) no cumplen con la antigüedad requerida en ejercicio de la profesión para asumir en esos cargos, que es de 7 años, algo que se pudo comprobar a través del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Chubut, quien regula la matriculación de los profesionales.
Por ello fue presentada la denuncia que para Amado, podría encuadrar en el artículo 253 del Código Penal, que establece que será reprimido con una multa económica “e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”.
Según el abogado, en la denuncia –que está en manos del fiscal Osvaldo Heiber con todas las pruebas y la documentación- “no se va sobre nombres propios, sino sobre el accionar de la Legislatura que nombra a dos vocales que no reúnen los requisitos”, incluso pese a que la legisladora Cecilia Torres Otarola lo había advertido en el recinto.
La denuncia fue presentada en mayo y hasta el momento el Ministerio Público Fiscal no ha realizado ningún movimiento, mientras en los pasillos judiciales se mencionan sugestivas “visitas” de personas de renombre político al fiscal Heiber, para “averiguar” si va a realizar alguna acción. Mientras tanto, desde adentro del Tribunal de Cuentas se comenta que los recién nombrados comenzaron a designar gente a su cargo de manera inmediata, incluso algunos parientes cercanos.
FUERTE ADVERTENCIA DEL CONSEJO PROFESIONAL
Pero hay un dato interesante que hasta aquí se desconoce, porque está guardado bajo siete llaves en la presidencia de la Legislatura. Y es una nota de fuerte tono enviada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en las que advierte a los legisladores que las designaciones fueron realizadas de manera “inconstitucional”.
La nota lleva la firma del presidente, Miguel Enrique Mujica, y tiene párrafos muy duros hacia los legisladores, al sostener que por no cumplir ambos contadores con los años de ejercicio de la profesión de acuerdo a su matrícula, “resulta evidente y manifiesto que su designación no se ajusta a derecho”. Y más aún, advierte que se estaría ante “un caso de inequívoca gravedad institucional” porque el
desempeño del Tribunal de Cuentas “no respondería a lo reglado en la propia Constitución Provincial”.
No solamente advierte que lo actuado por el tribunal podría ser objetado por estar mal conformado, sino que cuestiona la decisión “arbitraria” de los legisladores de salirse de la letra de la Ley que juraron cumplir, y si bien señalan que los nombramientos obedecen a una “voluntad personal” y a una “decisión política” de los diputados, esto no puede exceder el marco normativo.
Este organismo aclara que es su obligación que los matriculados “ajusten en todo momento su actuación profesional a lo establecido en el derecho positivo” por lo que está habilitado a “impugnar las designaciones que no se ajusten a derecho”. Por ello concluyen que deben tomarse los recaudos para salvar la situación, ya que en el caso de Underwood y Cimadevilla, “de acuerdo a nuestros registros los mismos no tenían al momento de su nombramiento, la antigüedad de siete años en el ejercicio profesional que exige la Constitución del Chubut”.
La nota es escandalosa y quizás eso pueda explicar la razón por la cual se ha mantenido oculta, y en vez de haber sido ingresada en la Minuta de la última sesión del jueves 27 de junio, está aún “guardada” en los despachos de la Presidencia de la Cámara, que justamente es objeto de la denuncia penal por su responsabilidad en la maniobra.
A muchos resulta llamativo que después de los cuestionamientos a los organismos de control que no detectaron el malgasto de fondos públicos en las causas de corrupción que se ventilaron el año pasado, sea precisamente la Legislatura –el lugar desde donde partieron las denuncias originales a partir de la llegada del “sobre bomba”- la que ahora mire para otro lado en un tema tan sensible. De hecho el funcionamiento de los organismos de control no fue objeto de ninguna propuesta de campaña, ni tampoco hay ningún proyecto para mejorar su transparencia.