La gestión local defiende las modificaciones a la reglamentación. En Nación se muestran preocupados.
Después de los incidentes provocados en Mendoza en una marcha en contra de la reforma a la ley de minería, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, tuvo un cruce con el intendente de Guamayllén, Marcelino Iglesias.
Cabandié expresó su «preocupación» por los cambios realizados en la legislación 7722, que permite el uso de sustancias químicas en la minería. Iglesias, por su parte, sostuvo que aporta «un marco racional y lógico» para la regulación de la actividad.
«La competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno nacional no interviene en la materia, solamente puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente», dijo el ministro en un texto en el que mostró su «preocupación» por lo ocurrido en la provincia.
Por su parte, Iglesias expresó: «Las modificaciones recientemente aprobadas en la ley 7722 apuntan a transformar una norma que estigmatizaba y de hecho prohibía la minería en la provincia, en una ley que aporta un marco racional y lógico para regular esa actividad».
Cabandié aseguró que tomará medidas en «la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible como política de Estado», respaldado por el artículo 41 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas.
Mientras tanto, el intendente disparó: “Digámoslo con todas las letras: la ley aprobada en el año 2007, casi sin debate y a impulso de los grupos ambientalistas, era una mala ley, sin fundamentos científicos y con un sesgo claramente prohibitivo hacia la minería», señaló TN.
