Nadie lo ha denunciado hasta ahora, pero el actual ministro de Seguridad de la provincia cada vez que ingresa a un lugar en donde se está llevando adelante un allanamiento, sin estar autorizado en la orden de un juez, comete el delito de “allanamiento ilegal” que tiene penas que van desde los seis meses de cárcel a los dos años en el Código Penal Argentino.
A Massoni habitualmente se lo ve entrar sin ningún problema a un domicilio que en ese momento está siendo allanado, ya sea por una causa por drogas, robo o hecho de violencia.
Por lo general, lo hace junto al jefe de Policía o a miembros de la plana mayor que también estarían incurriendo en el mismo delito, si no figuran en la orden del juez competente que ha autorizado la diligencia.
Siempre el magistrado interviniente autoriza el ingreso a una propiedad privada –sólo– a determinadas personas que, por lo general, son oficiales de la policía que han sido designados para realizar la requisa del lugar en busca de evidencias o pruebas del delito que se está investigando.
Massoni es abogado y debería saberlo. La Ley es clara y contundente: “Se impondrá pena e inhabilitación especial de seis meses a dos años al funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina”.
