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En la primera audiencia del juicio en Tucumán, el padre de las víctimas y un familiar relataron la terrible escena que encontraron en la casa donde ocurrieron los hechos.

Este jueves se llevó a cabo en Tucumán la primera audiencia del juicio a Nadia Fucilieri, la enfermera y obstetra acusada de haber degollado con un bisturí a sus hijos, de dos y cuatro años, para “causarle sufrimiento” a su expareja y padre de las víctimas en 2017. Pero aunque tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos, la imputada eligió el silencio.

El mutismo, en realidad, no fue literal sino solo en relación a los crímenes por los cuales está siendo juzgada. Según publicó el diario La Gaceta, cuando la jueza le preguntó si le pasaba algo, Fucilieri estalló en un llanto agudo y a los gritos le respondió: “¡Es que me da asco lo que dice!”.

La intervención de su abogado defensor fue lo único que logró finalmente calmar a la acusada, que en ningún momento miró de frente a su expareja, Aldo Martínez. “Voy a hablar en otro momento”, fue lo último que dijo Fucilieri, antes de que el letrado tomara la palabra en su lugar y le explicara a la magistrada que su clienta estaba “descompensada”.

Un médico presente en la sala revisó a la imputada y manifestó que se encontraba con la presión arterial baja, diagnóstico que confirmó después un enfermero del servicio 107, por lo que Fucilieri contempló en silencio el resto de la jornada custodiada permanentemente por una oficial de Homicidios.

“Nadia era como que le tenía celos a los chicos”

“Para mí fue la mejor noticia del mundo que venía a este mundo Marceliano. Para ella, la peor”, dijo a su turno Martínez, padre de los chicos asesinados y expareja de Fucilieri. Y se lamentó: “Los chicos eran el motor de mi vida. Trabajaba pensando que todo lo que yo generaba sería de ellos. Para ella, en cambio, los chicos era un problema porque no pudo terminar con sus sueños”.

Martínez habló durante 40 minutos sobre lo ocurrido hace cuatro años. “Ella era como que le tenía celos a los chicos. No soportaba la relación que yo tenía con ellos, especialmente con Pía, que era mi debilidad”, afirmó el hombre. Después, recordó una entrevista que tuvo en un colegio donde quería inscribir a su hijo, y le pidieron al nene que hiciera un dibujo.

“Él la dibujo a su mamá muy chiquita, alejada. Ahí me di cuenta de que algo malo estaba sucediendo con la relación de mis hijos. Intenté pedir ayuda, pero no logré ningún cambio”, confesó.

En enero de 2017 la tragedia ya había empezado a escribirse sin que él pudiera todavía imaginar semejante final. A partir de una discusión en la que él le reprochó el estado de abandono de sus hijos y le arrojó la gaseosa que tenía en un vaso en la cara, Fucilieri lo denunció por violencia de género y logró que le dictaran una prohibición de acercamiento. Nunca más pudo volver a ver a los chicos.

“Fueron ocho meses de angustias. Fueron ocho meses de no tener ninguna respuesta de la justicia porque ella nunca quiso arribar a ningún acuerdo. Cambiaba de abogados cada rato y demoraba todo. Volver a ver a mis hijos después de ocho meses en la morgue. Ahí me di cuenta cuánto habían crecido en todo ese tiempo”, se lamentó.

El caso

Entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de octubre de 2017, en la casa de la calle Santa Fe al 1800, Fucilieri compró en la farmacia los elementos que necesitaba y después se dirigió a la habitación de sus hijos.

La primera víctima fue el mayor, Marcelino, de cuatro años. A la nena de dos, Pía del Rosario, la atacó en segundo lugar y según trascendió en ese momento la menor estaba dormida. Unos minutos antes se había tomado la molestia de escribir una nota para su expareja.

“Hijo de puta, ahora vas a sentir culpa… Vas a pagar por cada gota de sangre derramada por tus hijos… No vas a vivir tranquilo nunca… Ni vos ni tu familia”, había escrito.

La obstetra fue imputada por doble homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por la finalidad ulterior de causar sufrimiento a su expareja. El tribunal encargado de resolver sobre su futuro está integrado por los jueces María Fernanda Bähler, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica.

El acusador terminó acusado esta semana ante el Consejo de la Magistratura de “maltrato y violencia de género” por una dependiente suya: la fiscal Florencia Gómez, que se cansó de su destrato y de su falta de respeto, inclusive delante de otras personas, y el escandalo le terminó explotando en la cara al procurador General Jorge Miquelarena, quien al parecer no hizo nada –porque no quiso o no supo– para resolver el conflicto.

El fiscal denunciado es Fernando Rivarola; el del caso de la “violación en manada” de playa Unión, que llegó a decir que los abusadores habían tenido “un desahogo sexual” por lo que lo criticaron severamente y hasta le pidieron la renuncia desde distintos sectores de la sociedad.

También es aquel al que le iniciaron una causa federal por supuesto “espionaje ilegal” cuando prestaba funciones en Esquel; un proceso que hace poco quedó desestimado y él absuelto sería el mismo funcionario al que trajeron a Rawson trasladado de la ciudad cordillerana porque allí habría tenido problemas aparentemente de maltrato hacia sus empleados, en hecho de los que no se supo si fueron denunciados o no.

La denunciante de Rivarola es la doctora Florencia Gómez –fiscal de Rawson–, quien habló en estos términos con este diario respecto de la presentación que realizó contra su jefe en el Consejo de la Magistratura: “Soy educada, jamás le falto el respeto a nadie y exijo entonces que se me trate como corresponde”, sostiene la fiscal quien se tomaría unos días de licencia a la expectativa de qué va a hacer Miquelarena, si va a apoyar al denunciado –como se está diciendo—o actuará respaldando a la fiscal Gómez, como debería ser.

Florencia Gómez al hablar en las últimas horas públicamente de su denuncia contra Rivarola contó que él constantemente desmerecía su trabajo, lo desprestigiaba y que no la trataba como a un par. Explicó que los maltratos y la violencia contra ella empezaron en enero de 2019 ni bien Rivarola llegó al Ministerio Publico Fiscal de Rawson trasladado desde Esquel, en donde también habría tenido problemas con los empleados.

“No hubo nada en particular, simplemente los malos tratos y los hechos de violencia empezaron a surgir y fueron delante de compañeros. Hay gente que en la denuncia aparece como testigos de estas situaciones que me tocó vivir”, contó la fiscal Gómez.

“Lamento haber tenido que llegar a esta situación, de tener que denunciarlo”, se lamentó y sostuvo: “Porque hubiese sido mucho más próspero para nuestro trabajo el que esta persona hubiera cambiado su actitud conmigo”.

Más adelante, al finalizar la entrevista dijo que el procurador Miquelarena no la había llamado todavía y que sí lo habían hecho varias personas de distintos lugares. “Mujeres que se solidarizaron conmigo (sobre todo) y que ahora se van a empezar a animar a hacer las respectivas denuncias (…) Yo soy una persona educada, que jamás le falto el respeto a nadie, y entonces estoy exigiendo que se me trate como corresponde, nada más. No estoy exigiendo que se me trate diferente, quiero que se me trate como persona y como mujer. Que se me respete”, concluyó Florencia Gómez.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut denuncia violencia de género por los dichos del funcionario contra la Jueza Mirta del Valle Moreno.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut publicó una nota de repudio a las expresiones del Ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien hizo declaraciones en LaCienPuntoUno en contra de la Jueza Mirta del Valle Moreno por su accionar en la detención de dos personas en Trelew el viernes 10 de septiembre.

La Jueza e integrante de la Asociación de Magistrados, Carina Estefanía, declaró que «no es la primera vez que el ministro expresa manifestaciones en contra de quienes han tenido que tomar decisiones concretas. En esta oportunidad ha traspasado los limites».

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut repudió las expresiones del Ministro de Seguridad, Federico Massoni.

«Se dirigió con muchos insultos hacia la jueza. Prefiere insultar a la magistrada por los medios, olvidándose de la prudencia y de los valores éticos. Se advierte un ataque con respecto a una magistrada, corresponde a una violencia de género, está interfiriendo con los mecanismos de la justicia», agregó.

Por último, Carina Estefanía indicó que «cada vez que hay una decisión judicial que no le gusta a Massoni actúa así».

Este sábado se realizó en Bariloche el Encuentro Provincial de Mujeres Evita, en el que se compartieron experiencias de trabajo en las distintas localidades de la provincia. La actividad se realizó en el SOYEM, con una fuerte participación de promotoras territoriales en género, que se constituyen como sujetas esenciales en la prevención y erradicación de la violencia de género.

El encuentro, que reunió a la militancia de toda la provincia, tuvo como figuras principales a la diputada nacional Ayelen Spósito, secretaria de Salud del Movimiento Evita a nivel nacional, y a Silvia Horne, diputada nacional mandato cumplido, integrante de la mesa nacional del Movimiento Evita y asesora de la Secretaría de Agricultura Familiar. Indígena y Campesina. También se designó por decisión de todas las presentes a Marcela Campos como responsable de Mujeres Evita de Bariloche.

“Estamos en los barrios rionegrinos construyendo feminismo popular, para alcanzar una sociedad más igualitaria. Somos las que tejemos redes, sostenemos, escuchamos y acompañamos a las mujeres y disidencias en los barrios rionegrinos”, afirmó la diputada Ayelen Spósito de su discurso de cierre del encuentro.

“Avanzamos construyendo poder popular, transfeminista y organizado. No hay justicia social, sin feminismo popular. Las mujeres evita debemos ocupar más espacios de poder, las bancas de los concejos, de las legislaturas, las intendencias, no por el solo hecho de ser mujeres sino porque tenemos la capacidad para conducir y transformar nuestra sociedad”, destacó la diputada rionegrina.

Finalmente, Spósito sostuvo que en cada lugar de la provincia que recorre “hay compañeras unidas, organizadas y empoderadas, esa es la construcción del Frente de Mujeres del Evita”.

La manifestación se realizó este viernes, a 3 meses del caso del vecino de Las Golondrinas “Tino” John. Se repasaron casos emblemáticos de Trelew y se escucharon testimonios. Hubo una intervención artística frente a la Unidad Regional.

La manifestación se realizó este viernes por la tarde en Trelew, partiendo desde la peatonal Gazín. La convocatoria fue hecha por la Comisión Contra la Impunidad que denunció “la violencia institucional y el gatillo fácil” en Chubut, a 3 meses del caso de Alejandro “Tino” John.

Previo a marchar hubo una lectura de documentos y el primero en hacer uso de la palabra fue el vecino de barrio INTA, Gabriel Fredes, quien recordó el episodio que vivió en 2020 en la puerta de su casa, cuando desde una combi de Infantería lo balearon con postas de goma. Por ese hecho 6 policías se encuentran imputados.

Posteriormente también se escucharon testimonios de otras varias víctimas de violencia policial, principalmente jóvenes de la Ciudad que relataron haber sido detenidos cuando circulaban por la ciudad, golpeados y luego hostigados por efectivos de la policía.

En tanto, también participaron del acto, las 4 personas que el lunes comenzarán a ser juzgadas por el incendio de Legislatura y Casa de Gobierno, entre ellos el dirigente de ATECH, Santiago Goodman.

Expresaron que el caso fue armado y recordaron que ese día, donde se registraron los incidentes en Rawson, habían fallecido 2 docentes en un hecho vial en la Ruta Nacional Nº 3, cuando regresaban de una manifestación en la Capital provincial.

Posteriormente, bajo el lema “¡Basta de gatillo fácil! ¡No queremos ni un pibe menos. No queremos ni una piba menos!”, se desarrolló la marcha que recorrió el centro de la ciudad, realizando intervenciones artísticas frente a la Unidad Regional y Tribunales.

Finalmente, en la Peatonal Gazin, se leyó una carta enviada por Claudia Basso, la pareja de “Tino” John, el vecino de Las Golondrinas, asesinado en mayo pasado por el GEOP.

Abogado Juan Manuel Salgado

Los casos de violencia policial en Chubut ocurren hace más de una década. El abuso amparado por el sistema judicial, cae sobre las poblaciones más desprotegidas económicamente. En Trelew: el Barrio Inta, que tiene servicios y casas de material. O el barrio Moreira, más precario todavía. “Son barrios militarizados en forma permanente, hace tiempo, pero la violencia recrudeció en pandemia» afirma la concejala Mariela Flores Torres.

“Desde 2010 comenzaron a llegarnos casos de toda la provincia”, sostiene la consejala. En de Julián Antillanca es emblemático. En 2010, Julián, de 19 años, fue encontrado sin vida frente a un boliche. Trascendió un coma etílico, pero había dudas. “Su padre abrió el cajón y vio golpes y heridas. Porque a Julián lo mató la policía, a golpes”, sostiene la funcionaria. Ella ya integraba la secretaria de DD.HH. de la CTA Autónoma. Desde ahí instalaron “la contra versión” y se pudo llevar adelante un juicio por este asesinato.

El juicio, en 2012 absuelve a los imputados. El caso va a la Corte Suprema. “Pero eso abrió otro caso, de ‘apremios ilegales’ contra los hermanos Aballay, testigos del caso Antillanca”. En 2015, en el segundo juicio los culpables del asesinato de Julián son condenados a perpetua. Pero entre 2012 y 2015 los hermanos Aballay son asesinados.

Maxi Almonacid tenía 16 años cuando fue torturado por la policía, en 2012. En un juicio muy mediatizado, exponiendo a la víctima, los culpables son absueltos. Pero en 2015 el caso también llegó a la Corte Suprema, y tuvo condenas por torturas. Las dos sentencias absolutorias corresponden a personal de la Comisaría Segunda, en Trelew. La llaman «la comisaria de la muerte». Los imputados de ambos son condenados en segundos juicios.

En 2013, el 19 de septiembre, Angelo Vargas apareció ahorcado en la Comisaría Segunda. Se caratuló “muerte dudosa”. Su madre, Ema Álvares, hoy preside la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut, que integra también Flores Torres.

En los antecedentes históricos está el caso de Ivan Torres, de 26 años, detenido por la policía en Comodoro Rivadavia en 2003. Desde entonces está desaparecido. En 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por su desaparición y ordenó investigarla. En 2016 se condena a un comisario y otro policía, por esta desaparición, pero otros fueron absueltos. Se ha ordenado un nuevo juicio.

La represión policial contra las comunidades indígenas suma los casos de cuatro jóvenes mapuche desaparecidos, sin que policía y justicia los hayan investigado. Todos peones de campo y con problemas con sus patrones: Reimundo Pino (2011), Genaro Calfullanca (2013), su hermano Cristian Calfullanca (2013), y el primo de Reimundo, Narciso Pino (2020). Los jóvenes Pino integraban la Comunidad Los Pino que se opone a la megaminería, y es una de las comunidades que promovió el amparo –en vigencia–, que limita el tratamiento del tema en la legislatura sin previa consulta indígena.

En Esquel, este el 28 de mayo, Tino John, una de las personas afectadas por los incendios de final del verano, fue víctima de un episodio de violencia policial, al evidenciar el brote de un trastorno psiquiátrico. Similar a lo ocurrido con Chano Charpentier. La policía entró a su casa, ató a su esposa a una silla y a él “murió por un balazo en la cabeza”. Quienes llevan el caso reclaman que estén en la investigación la misma policía y el mismo fiscal “que provocaron y avalaron el asesinato”.

El recorrido cronológico evidencia que el problema es provincial. “Es ‘normal’ que la policía golpee sin motivos, y que los detenidos sean maltratados”, detalla el abogado Juan Manuel Salgado. “Lo he visto mientras era defensor oficial, y pese a las denuncias, los fiscales no avanzaban”, refiere Salgado. El impacto público de estos hechos puede motivar acciones de reparación social: “La justicia es nuestra única opción”, subraya.

Fuente: Página12

La causa se inició con un sumario interno. Hay un solo agente imputado por haber golpeado a un detenido que estaba esposado.

La jueza penal Mirta Moreno autorizó la constitución de querellante del área de violencia institucional de la defensa pública en una causa que se inició con un sumario administrativo a un policía.

El hecho ocurrió en la comisaría primera de Trelew y tiene la particularidad de que la investigación del caso se inicia a partir de las actuaciones de la propia fuerza policial, en la cual, al menos cinco efectivos policiales declararon haber visto al imputado cuando golpeaba a un joven detenido y esposado.

En la audiencia realizada este miércoles en los tribunales de Trelew, los Dres. Carlos Pericich y Alejandro García, del área de violencia institucional de la defensa pública se presentaron como querellante en la causa, sin que existieran oposiciones a tal pedido por parte de la Dra. Verónica Fabbris, funcionaria de fiscalía, ni tampoco de la defensora pública Romina Rowlands, quien representa al imputado.

La causa, caratulada como “División Asuntos Internos s/investigación ref. apremios ilegales – Trelew” tiene como imputado al policía Matías Santana, en tanto que la víctima es Maximiliano Pulgar.

Según se indicó durante la audiencia, en la mañana del 18 de mayo de 2018 el policía Bruno Matías Santana, que por entonces cumplía funciones en el traslado de detenidos, ingresó a la sala de requisas de la comisaría primera de Trelew donde se encontraba esposado Pulgar a la espera de ser llevado a los tribunales.

En ese contexto, Santana aplicó un golpe de puño sobre el rostro del detenido, provocando el sangrado de la región nasal, situación que fue advertida por al menos tres agentes más que se encontraban allí.

Uno de los policías que observó la situación fue quien denunció el hecho, lo que dio lugar al inicio de investigaciones preliminares y la apertura de un sumario administrativo que derivó en esta causa penal.

La explosión de violencia actual entre palestinos y el Estado de Israel todavía no dejó tantas víctimas como el conflicto devastador en Gaza en 2014, pero en muchos sentidos es un episodio más sombrío y premonitorio. El enfrentamiento no se limita a bombardeos aéreos y al lanzamiento de cohetes sobre Gaza y el sur de Israel, sino que se ha extendido a las calles de ciudades israelíes, a barrios de Jerusalén y a lo largo de la Ribera Occidental.

La situación se alimenta siniestramente de una polarización cada vez más profunda, en la que las voces de los militantes de ambos lados son las que se escuchan más fuerte, y las de aquellos que piden la coexistencia apenas son un susurro.

Crece el conflicto palestino-israelí 

El 13 de septiembre de 1993, en el jardín de la Casa Blanca, el entonces primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, se paró junto al líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, y declaró: «Nosotros, que hemos luchado contra ustedes, los palestinos, les decimos hoy en voz alta y clara, basta de sangre y lágrimas, basta».

El entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, observa cómo el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, a la izquierda, y el líder de la OLP, Yasser Arafat, se dan la mano el 13 de septiembre de 1993 en la Casa Blanca tras la firma de los Acuerdos de Oslo.

Eso fue lo más cerca que estuvieron las dos partes de romper un ciclo de violencia que ya tiene un siglo de duración. El santo grial de una solución de dos estados parecía estar al alcance de la mano. Si ese momento de 1993 fue el punto álgido del diálogo, la región parece ahora atrapada en un vórtice de enemistad. Mientras tanto, la comunidad internacional recurre a los llamados al «autocontrol», pero no tiene ideas nuevas para atacar las raíces del conflicto.

Tal vez lo más alarmante en esta ocasión es que ciudades israelíes con poblaciones árabes, como Lod y Haifa, han sido absorbidas por esta espiral. Los árabes representan cerca del 20% de la población de Israel.

Incluso en 2014, y durante las intifadas palestinas, en estos pueblos en gran medida se mantuvo la paz. Sin embargo, en la última semana, jóvenes palestinos y judíos libraron batallas callejeras, se incendiaron lugares de culto y hogares y se impusieron toques de queda.

¿Hay posibilidades de un cese al fuego en Medio Oriente? 

«Perdimos completamente el control de la ciudad, y las calles están siendo testigo de una guerra civil entre árabes y judíos», dijo el miércoles pasado el alcalde de Lod, Yair Revivo.

La discriminación diaria que siente muchos árabes que viven en Israel se suma a otros motivos de quema que son parte de este último espasmo del conflicto. Comenzó con los intentos de nacionalistas judíos de hacer que familias palestinas fueran desalojadas de sus hogares en el barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén Este. Y se alimentó con los choques entre la policía y palestinos en el entorno del Monte del Templo/Haram al Sharif durante Ramadán, que siempre es una época del año incendiaria.

Entra Hamas —y notablemente no el Gobierno Autónomo Palestino— y se erige a sí mismo como el defensor de todos los palestinos, exigiendo a Israel que retire a sus fuerzas de la mezquita de Al-Aqsa y de Sheikh Jarrah o pague un «precio alto».

Esta es la cantidad de refugiados palestinos 
Y de esta manera se mantienen los extremos: la confrontación es la única moneda de cambio.

De cierta manera, esto le sirve tanto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como a Hamas. A través de la confrontación refuerzan sus respectivas bases y ahogan las voces que piden moderación. Hamas puede decir que es el verdadero representante de los palestinos, al tiempo que el envejecido presidente del Gobierno Autónomo Palestino, Mahmud Abbas, pospone las elecciones. Si se retomaran negociaciones impulsadas por la comunidad internacional, Hamas saldría perdedor, ya que su modus vivendi es la resistencia armada al Estado judío.

Emma Ashford, del grupo de expertos New American Engagement Initiative, argumenta que la «cancelación reciente de las elecciones palestinas significa que Hamas está desesperado por una oportunidad para demostrar su valía, y de ahí los ataques con cohetes y su intento de atar su causa más estrechamente a lo que está sucediendo en Jerusalén Este».

El pueblo de Gaza es víctima de Hamas, según analista 
Por su parte, Netanhayu depende de los ultranacionalistas para permanecer en el cargo y ha logrado desplazar los términos de debate con éxito durante su largo mandato como primer ministro. Hace dos años, su rival Benny Gantz, más de centro, prometió «fortalecer los bloques de asentamientos y los (Altos) del Golán, de donde no nos iremos nunca. El valle del Jordán será nuestra frontera, pero no dejaremos que millones de palestinos que viven más allá de la valla pongan en peligro nuestra identidad como Estado judío». La otrora poderosa ala izquierda de la política de Israel ahora parece desprovista de energía e ideas.

Perversamente, Netanyahu necesita a Hamas, según algunos analistas. Los alternativas son reasumir el control de esa abarrotada prisión a cielo abierto que es Gaza a un costo enorme o ver cómo más grupos militantes como la Yihad Islámica y grupos salafistas inspirados en ISIS se imponen entre una población joven radicalizada por cada capítulo de violencia.

Las alternativas son reasumir el control sobre la abarrotada prisión abierta que es Gaza, a un costo enorme, o ver que grupos aún más militantes como la Jihad Islámica o los grupos salafistas inspirados en ISIS se impongan entre una población joven radicalizada por cada capítulo de violencia.

Más allá del oportunismo político, la causa del conflicto —lo que significa permanecer— genera raíces incluso más profundas. En 2018, el Gobierno de Netanyahu promulgó una ley que consagraba el derecho de autodeterminación nacional como «exclusivo del pueblo judío», no de todos los ciudadanos de Israel. Además degradaba el árabe de idioma oficial a uno con «estatus especial».

Israel acusa a Hamas de usar civiles como escudos 

También promovió nuevos asentamientos judíos en la Ribera Occidental ocupada. Hasta el año pasado, más de 440.000 judíos vivían en la Ribera Occidental, según el grupo israelí de derechos humanos Peace Now. Los intentos actuales de desalojar a familias palestinas en Jerusalén Este encajan con este patrón.

Este mismo mes hace exactamente 100 años, mucho antes de que existiera el Estado de Israel, estallaron los disturbios en lo que entonces era Jaffa. Decenas de palestinos y judíos fueron asesinados. Una comisión de investigación británica (el Reino Unido controlaba Palestina y recibió un mandato de la Liga de Naciones para administrar el territorio en 1922) concluyó que los disturbios surgían de «un sentimiento entre los árabes de descontento y hostilidad hacia los judíos debido a causas políticas y económicas, y vinculado con la inmigración judía».

Esas causas subyacentes nunca se han borrado a lo largo de 1948, cuando el Estado judío nació en lo que los palestinos llaman al-Nakba o «la catástrofe», la guerra de 1967 cuando Israel tomó el control de la Ribera Occidental, Jerusalén Este y Gaza; los levantamientos de los palestinos a principios de este siglo y los conflictos de Gaza desde entonces.

Periodistas huyen de edificio antes de ataque de misiles 
Como observó Ben Wedeman de CNN la semana pasada en Belén de manera incisiva: «Los palestinos jóvenes tirando piedras, sus padres probablemente también arrojaron piedras. Y estos soldados israelíes disparando gases lacrimógenos, sus padres probablemente hicieron lo mismo».

La solución de dos Estados, que fue la base de la diplomacia internacional y está consagrada en resoluciones de la ONU, cada vez es menos viable, a medida que la Ribera Occidental se ha transformado en un mosaico de ciudades palestinas y asentamientos judíos, donde la ocupación comenzó a parecer una anexión. Un informe en profoundidad para el Carnegie Endowment for International Peace describió el mes pasado la solución de dos estados como el «andamiaje (que) sostiene la ocupación y es incapaz estructuralmente de ofrecer paz y seguridad humana».

Una solución de un Estado que diera ciudadanía plena a los habitantes de la Ribera Occidental y Gaza es un veneno demográfico para muchos israelíes e inconcebible en la atmósfera actual.

Edificios para refugiados dañados por los ataques en Gaza 
Este ciclo, como el de 2014, probablemente terminará cuando las dos partes sientan que pueden cantar «victoria» a pesar de la destrucción y la muerte de civiles, y cuando Egipto y Estados Unidos puedan diseñar los términos de una tregua. Pero no será más que una tregua.

Después del conflicto de 2014, Hamas se dedicó a reconstruir su inventario de cohetes y sus complejos de túneles al tiempo que fortalecía su control sobre Gaza. Es difícil visualizar algo diferente a la repetición de este mismo proceso.

En palabras de Martin Indyk, quien tiene décadas de experiencia en Medio Oriente como diplomático estadounidense, «el enfoque de la administración de Biden hasta ahora sugiere que Washington se sentirá cómodo aceptando este final infeliz».

CNN

Estados Unidos aseguró este domingo que es “hora de acabar con el ciclo de violencia” en Oriente Medio y volvió a ofrecer su mediación para buscar un posible alto el fuego entre israelíes y palestinos, una medida que a diferencia de la ONU y otros países no exigió de forma inmediata.

“Estados Unidos ha dejado claro que estamos preparados para ofrecer nuestro apoyo y buenos oficios en caso de que las partes busquen un alto el fuego”, señaló la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ante el Consejo de Seguridad.

Funcionarios y dirigentes del oficialismo y la oposición coincidieron en que «la violencia nunca es el camino», al repudiar los incidentes protagonizados por un grupo de manifestantes antiminería, enfrentados con el gobernador de Chubut, Mario Arcioni, que arrojaron piedras contra la camioneta en la que se trasladaba el presidente Alberto Fernández y su comitiva por la localidad de Lago Puelo, afectada por incendios forestales.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, escribió en su cuenta de la red social Twitter: «Repudio absoluto a la agresión desatada contra el presidente Alberto Fernández y su comitiva» y agregó que «la violencia nunca es el camino».

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, manifestó por la misma red social su «repudio la violencia contra el Presidente y su comitiva en Chubut, quienes viajaron para garantizar la respuesta del estado nacional frente a los incendios» y agregó que es «Incomprensible el recurrente comportamiento antidemocrático de aquellos que se oponen a la minería en la provincia».

«Nuestro país necesita de más diálogos, más construcción colectiva, respeto por el otro y menos violencia. Tenemos un Presidente que trabaja cada día por una Argentina unida, más tranquila y con más oportunidades. Somos millones quienes queremos ese camino y lo vemos posible», señaló el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El presidente del Partido Justicialista y diputado nacional por San Juan, José Luis Gioja, señaló que «se agredió a un Presidente que viajó a llevar soluciones» y aseguró en declaraciones a C5N que «la mayoría de los argentinos quieren vivir en democracia y repudiaron esos hechos».

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, rechazó «enérgicamente el ataque que sufrió el presidente de la Nación y su comitiva en la provincia de Chubut» y repudió «cualquier acto de violencia hacia la investidura presidencial por tratarse de un atropello a la propia Democracia y a la República».

La diputada nacional del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, tambié se sumó a los repudios «a la agresión hacia el presidente y su comitiva» y añadió que «en nuestro país no hay lugar para estas manifestaciones violentas. El único camino es el diálogo».

«El único camino es el diálogo», añadió mientras el diputado nacional por Consenso Federal Alejandro «Topo» Rodríguez, expresó «rechazo» y condena a la agresión y sostuvo que «el diálogo es la vía para resolver cualquier situación, por más compleja que sea y por más legítimos que resulten los reclamos».

Su colega Juliana Di Tullio afirmó en Twitter que «el ataque al Presidente de la nación y su comitiva debe ser repudiado por todas las fuerzas políticas que forman parte de la vida democrática de nuestro país» y consideró que «es grave».

Desde la oposición, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, repudió «el hecho de agresión que vivió el Presidente en Chubut» y señaló que «la manera de expresarse no es a través de la violencia».

El expresidente Mauricio Macri escribió en su cuenta de Twitter que «la violencia nunca es el camino» y manifestó: «Repudio lo sucedido hoy en Chubut durante la visita del presidente. Cualquier diferencia tiene que ser resuelta por la vía del diálogo».

El presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, expresó en la misma red social que «la única salida es la No Violencia, la paz, la defensa de los derechos humanos y que nuestras diferencias y posiciones se diriman dentro de las instituciones de la democracia».

Fuente: MIl Patagonias