«Éste es el peor gobierno de la historia del Chubut», expresó fastidiado el viernes pasado el secretario regional de Atech Oeste, Martín Pena, en el centro de la manifestación frente al Banco del Chubut de Esquel y con el frío matinal de la primera nevada del año. Ante el estridente silencio de la clase política provincial todas las organizaciones sindicales, sociales, trabajadores estatales, privados y de la economía social, jubilados, comerciantes y la ciudadanía en general reclaman como pueden, en este contexto de aislamiento social sanitario, la renuncia del gobernador Mariano Arcioni.
Las convocatorias orgánicas se suceden desde la Mesa de Unidad Sindical, una articulación estratégica parida al calor de las luchas gremiales de 2018 y sostenida, con vaivenes, por una dirigencia que comprende que la unidad de los trabajadores es esencial para rayarle la cancha a un gobierno que, en los hechos, opera como un macrismo residual.
El efecto de diferencia con las políticas nacionales quedó en evidencia desde mediados de marzo con los primeros DNU de emergencia sanitaria: el gobierno de Alberto Fernández salió a sostener a los más vulnerables con tarjetas alimentarias, asistió directamente a pymes con planes de refinanciación a tasa cero, ayudas directas a monotributistas, procuró preservar trabajos pagando directamente salarios a las empresas -algunas de ellas detractoras o, directamente, enemigas de este gobierno «populista»- y, por supuesto, puso el centro en el cuidado y la revalorización de los actores del sistema de salud pública. Y comenzó a debatir legislativamente y con decisión un Impuesto a la Riqueza.
El gobierno provincial fue en sentido contrario. De «la provincia mejor administrada» de la campaña electoral hace un año atrás, Chubut pasó a ser el peor ejemplo de gestión económica y financiera del país; un compendio de todo lo que no se debe hacer.
Incluso en la renegociación de una deuda pública generada por el desmanejo propio (no cabe aquí alegar ninguna «pesada herencia»), Arcioni y su equipo económico van a contramano de las negociaciones que lleva adelante el ministro Martín Guzmán. Concretamente, proponen refinanciar los dos bonos con vencimientos más acuciantes (BOCADE y BOPRO) en condiciones de macrismo explícito: intereses altísimos en este contexto global, pago de comisiones por el triple del porcentaje máximo fijado por Nación, prórroga de jurisdicción en tribunales estadounidenses en caso de conflicto y renuncia a la inmunidad soberana, lo cual abre la posibilidad de embargar los bienes de la provincia. Ni Dujovne se atrevió a tanto.
La semana pasada, el diputado Roddy Ingram, imitando el estilo intempestivo heredado de su fallecido jefe político Mario Das Neves, sentenció: «la oposición es el enemigo». En declaraciones a FM del Valle de Trevelin, criticó con dureza la subdivisión del bloque legislativo oficialista e insistió en que si los demás diputados tienen ideas, que las acerquen y discutan, pero que por ahora lo único que hacen es oponerse. Por supuesto, evitó cuidadosamente referirse al proyecto sobre tributación extraordinaria presentado y sostenido desde hace más de dos años por la Mesa de Unidad Sindical como principio de una solución estructural a las crisis crónicas. Nada de eso; todo se redujo a comentar cuestiones palaciegas y de negociaciones con el sindicato de empleados legislativos APEL, de endeble conciencia de clase trabajadora, un tanto desvaída por su pertenencia al «cuarto rango salarial» -es decir, empleados públicos que cobran más de ciento cincuenta mil pesos- y a su condición de «garantes» de las sesiones legislativas.
El viernes 29 de mayo el ministro de Economía Oscar Antonena, acólito del gobernador en su peregrinación mendicante ante el gobierno nacional, sintetizó «Tenemos que mejorar recaudación, estabilidad fiscal, emisión de Letras, que lleguen los 5000 -millones de pesos de asistencia inmediata de Nación- y refinanciar deuda, ese es el plan». Y nadie de la clase política le salió al cruce. Salvo desde los sindicatos, no existe ninguna propuesta alternativa a la situación de crisis autoinfligida, ya que el 90 % de la deuda pública -consolidada en cuatro bonos cuyo vencimiento nos pone en situación de default real y concreto- fue tomada por quienes hoy nos gobiernan.
La clase política chubutense en su conjunto se ha abroquelado en un acuerdo -tácito en el silencio y expreso en las acciones u omisiones- que incluye estos puntos: en primer lugar, sostener a cualquier costo al gobernador al menos hasta las próximas elecciones de medio término en que podría consensuarse una salida elegante «con fueros», con una eventual candidatura de Arcioni al Congreso Nacional.
La matriz económica no se toca
En segundo término, la matriz de captación de ingresos y distribución de la riqueza de Chubut no se toca. Nadie quiere pelearse con los sectores económicos concentrados de la provincia. Como corolario, la deuda pública se pagará -con una renegociación en términos leoninos y cobrando comisión a la pasada- con el ajuste a trabajadores y jubilados e hipotecando el futuro desarrollo de la provincia, entregando sus bienes naturales a tenedores de bonos y empresas trasnacionales (que en muchas ocasiones son los mismos).
Lo cierto es que el pueblo chubutense, siempre díscolo, no quiere aceptar mansamente este destino de matadero y las manifestaciones más o menos espontáneas, con barbijos, bombos, bicis y bocinazos se vienen incrementando en toda la provincia a pesar de la cuarentena, las disposiciones de distanciamiento social y el manejo autoritario y abusivo de la emergencia sanitaria, ahora morigerado por las resoluciones judiciales que le recordaron al liceísta de Fontana 50 que, al menos por ahora, no rige el estado de sitio.
En ese sentido, hace pocos días la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut, Carina Estefanía, recordó públicamente los remedios constitucionales ante la incompetencia funcional de un gobernante: revocatoria de mandato, juicio político, ambos contenidos en nuestra Carta Magna provincial, o la intervención federal prevista en el artículo sexto de la Constitución Nacional.
Con evidente desasosiego, el serpenteante ministro de Gobierno José Grazzini
-ferviente opositor en un pasado cercano- calificó las expresiones de la jueza como «peligrosas y poco democráticas», cuando ella no hizo más que recitar un contenido básico de manual escolar de Construcción de la Ciudadanía.
El 9 de junio se cumplirá un año de la elección de Arcioni como gobernador de la provincia, cargo que venía ejerciendo por sucesión «mortis causae». Cabe recordar que en aquella jornada de festejos el mandatario estuvo acompañado por Sergio Massa (su «amigo de la vida»), Graciela Camaño y Diego Bossio, que viajaron especialmente a Chubut para sumar ese triunfo a su espacio político, es decir, el Frente Renovador subsumido luego en el más amplio acuerdo del Frente de Todos nacional cuyo referente local, Carlos Linares, quedó a 7 puntos de Arcioni en esa elección. ¿Cómo no va a pensar el ciudadano no militante que «son todos lo mismo»?
Las acciones posteriores de los representantes del pueblo que sostienen a rajatabla una «gobernabilidad» cuyos costos y perjuicios recaen directamente sobre trabajadores, jubilados, comerciantes y pymes parece confirmar esa percepción popular.
Fracaso desde el inicio
Hay que destacar que desde que fue electo gobernador hace un año, este gobierno nunca pagó salarios ni jubilaciones en término. Ni un mes. Este gobierno es un fracaso desde el inicio, no tiene más plan que seguir endeudándose, pedir dinero a cuenta de coparticipación federal y de regalías hidrocarburíferas cada vez más exiguas por el desplome del precio internacional del petróleo.
Jamás se planteó un programa de reconversión de la matriz productiva de la provincia, agregar valor científico o innovación tecnológica para el desarrollo ni, mucho menos, modificar la estructura tributaria para una distribución un poco más equitativa de la riqueza que se produce en la región.
Por supuesto, vale señalar que jamás rindió cuentas del destino de los más de 650 millones de dólares que gastó en los últimos tres años, abortando los escasos intentos de auditoría de la deuda. Y también hay que recordar que muchos funcionarios que manejaban fondos públicos en este período están imputados o procesados penalmente, con prisión preventiva o domiciliaria y tobillera electrónica, como Pablo Oca, Víctor Cisterna, Gonzalo Carpintero, Diego Correa, Diego Luthers, Oscar Alarcón, Graciela Palmira Cigudosa o Leticia Huichaqueo, por nombrar sólo algunos involucrados en delitos contra la administración pública.
Repaso de 30 meses
Como solía decir un viejo político, «los hechos son testarudos». En el repaso de los 30 meses de gestión gubernamental de Mariano Arcioni -honrando al sistema métrico decimal, como decía Jorge Luis Borges- sólo encontramos incompetencia funcional, autoritarismo y represión policial, persecución sindical, criminalización de la protesta social, endeudamiento público creciente, funcionarios investigados, deuda salarial y previsional insostenible y renovados intentos por instalar actividades sin sustentabilidad ambiental ni licencia social como la minería de escala.
Parafraseando la improbable pero legendaria frase de Catón, «Arcioni delenda est». Claramente, este gobierno ya terminó. Todo lo que suceda de aquí en adelante con estos actores políticos en escena es la prolongación de una agonía que padecemos los ciudadanos de esta provincia. Es hora de que los diputados provinciales asuman la responsabilidad que les cabe en esta crisis y tomen las mejores decisiones en función de los intereses de la ciudadanía y no de los sectores financieros y concentrados de la economía. En principio, basta con mirar a Nación y tomar ejemplo.
Por Hernán Díaz Varela Docente de Lengua y Literatura; militante político-social.
