Bancos internacionales acreedores de Vicentin estimaron que sus directivos desviaron US$ 400 millones como parte de las «grandes irregularidades financieras» que denunciaron en el proceso judicial que se sustancia en la justicia de Nueva York y por lo cual reclamaron documentación a la compañía.
Los bancos, entre ellos Rabobank, Credit Agricole, ING e International Finance Corp., brazo privado de préstamos del Banco Mundial, solicitaron a la justicia copias de las transferencias bancarias entre Vicentin y varias empresas relacionadas, publicó la agencia Bloomberg.
«Los demandantes dicen que no pueden entender cómo Vicentin pasó de informar finanzas saludables a mediados de 2019 a colapsar meses después, en diciembre, y entrar en default por la suma de $ 99,3 mil millones de deuda a proveedores y acreedores agrícolas» citó la agencia.
Ahora, los bancos quieren seguir el flujo de fondos que ya rastrearon desde Vicentin hacia las otras compañías propiedad de sus familias controladoras.
«Gracias a la orden inicial de este Tribunal, las piezas del rompecabezas que fue el colapso de Vicentin están comenzando a encajar», según la solicitud.
En su presentación ante la Corte de Nueva York, los abogados de los bancos plantean que «si se demostraran estas actividades de ‘tunelización’ pueden corresponderse con un delito penal tipificado bajo la ley argentina».
Los prestamistas, a quienes se les adeuda US$ 500 millones en conjunto, también quieren ver las transacciones de los ejecutivos de la compañía y de sus familiares, según consta en la presentación judicial del 29 de junio.
Este grupo de bancos creó el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales para accionar y negociar de manera conjunta ni bien se supo de la cesación de pagos de la aceitera a principios de diciembre, que debía hacer frente a vencimientos por US$ 350 millones.
Al respecto, Vicentin dijo que no tiene conocimiento de la solicitud de nuevos documentos, afirmó que hasta ahora colaboró completamente con la investigación, negó haber procedido mal y aseguró que sus unidades de Paraguay, Uruguay y Europa no fueron creadas como vehículo para la fuga de capitales, citó la agencia Bloomberg.
La cerealera también defendió la venta de una participación en el negocio de procesamiento de soja y exportación de biodiésel Renova al socio Glencore Plc por un poco más de US$ 122 millones pocos días antes de su cesación de pagos en diciembre.
Los bancos dicen que sus acuerdos de préstamo no permiten la venta y que no saben qué sucedió con los ingresos, mientras que Vicentin sostuvo que se usaron US$ 26 millones para pagar a Rabobank y el resto se destinó a agricultores y corredores de granos.
La solicitud de documentos de Nueva York cubre el período desde el comienzo de 2017 hasta ahora e incluye a Vicentin y las unidades en Paraguay, Uruguay y Europa, así como Renova.
Los prestamistas, con Natixis y el banco de desarrollo holandés FMO entre ellos, también solicitaron información a los altos directivos de Vicentin, como Sergio Nardelli y descendientes de las familias fundadoras de la empresa.
Por otro lado, a mediados de junio, la Unidad de Información Financiera (UIF) acusó a la empresa Vicentin de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en las supuestas maniobras al ex mandatario Mauricio Macri, al ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris; al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga; y a los dueños de la cerealera.
El organismo antilavado formuló la acusación en un escrito presentado al fiscal Gerardo Policita y al juez Julián Ercolini con el que solicitó ser tenido por querellante en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento créditos por 18.500 millones de pesos por parte del Banco Nación a Vicentin durante el gobierno de Cambiemos.
Asimismo, el Senado aprobó la formación de una Comisión Bicameral para investigar el nexo entre la banca estatal y la cerealera y fue girado para su tratamiendo a la Cámara de Diputados.
Vicentin atraviesa hoy un concurso preventivo de acreedores con una deuda declarada en torno a los $100.000 millones.