En su edición de hoy, el diario oficialista Página 12 publica un artículo de Mempo Giardinelli con el título «En el interior, las minas de oro son ajenas”. El tema la explotación minera alude al silencio mediático de la provincia, cuando se adeudan salarios y aguinaldos a la administración publica, cuando las marchas de la población en rechazo a la explotación se suceden de manera consecutiva y acentúa su crítica en el gobernador Mariano Arcioni, otrora defensor de la Ley 5001 en 2033 y su cambió su postura.
Algo huele mal en la provincia de Chubut: el panorama económico y social es desolador. Y el país federal, el verdadero, bien haría en atenderlo.
«Chubut está blindada mediáticamente, sobre todo respecto de la megaminería y la lucha por el agua en que estamos empeñados, fíjese que el único río grande que nos queda está en peligro de contaminación por la ambición de unos pocos», informan colegas que piden anonimato. «No pasa semana sin que existan movilizaciones, amenazas y actos de violencia, porque hay muy fuertes intereses oprimiendo a la población y encima a los empleados públicos activos y jubilados se les adeudan dos meses de sueldo y el medio aguinaldo de junio, y ahora se suma un tercer mes y el medio aguinaldo de diciembre. Es desesperante y el país ni se entera».
Sobran denuncias, además, de procedimientos policiales contra dirigentes y militantes opositores al intento de validar la megaminería que impulsa el gobernador Mariano Arcioni. «Frente a lo cual estamos muy solos, luchando contra mineras poderosas y un gobierno provincial cada vez más autoritario».
Claro que lo que pasa en Chubut no es diferente de lo que sucede en otras provincias. Si sólo tres o cuatro décadas atrás el folklore tradicional andino hablaba de la belleza de los paisajes, el aire puro y las aguas cristalinas, hoy todo eso ya no existe. En Catamarca todo está contaminado por Aguas de Dionisio, la megaempresa que a través de Glencore (la misma que es socia de la mina Bajo la Alumbrera a través de Agua Rica, y es también socia principal de Renova, empresa que a su vez participa de Vicentin, y es una de las principales exportadoras de aceite de soja del mundo) realiza explotación minera extractora de oro y cobre que, según economistas y geólogos de la Universidad Nacional de Tucumán -–que fue la que descubrió el yacimiento–- nadie sabe cuánto ganan porque sacan sus extracciones por declaración jurada, con lo que nunca se sabe cuánto extraen ni cuánto exportan realmente.
Pero sí se sabe lo que declaran las 10 minas que extraen oro de territorio argentino por comercio exterior, según el Informe del Indec de los Complejos Exportadores: unas 62 toneladas de oro puro por año. O sea, 62.000 kilos de oro. Y entre ellas está también Veladero, en la provincia de San Juan, megaempresa canadiense-australiano-china que está considerada una de las 10 minas de oro más grandes del mundo.
Nadie sabe verdaderamente cuánto extraen ni cuánto venden. Todas son explotadas por empresas extranjeras, aunque en algunos casos participan gobiernos provinciales. Gracias a la reforma constitucional de 1994, que les dio el manejo del subsuelo a las provincias, hacen lo que quieren. No controlan nada, aceptan las declaraciones juradas de lo que se dice vender, no hay fiscalización ni se controla la contaminación. Así, en el caso de Catamarca se ha dicho que hay 39 familias hiperpoderosas. Muy ricas, pero en una provincia cada vez más pobre.
Si hubiera voluntad política, debería revisarse la parafernalia de normas y decretos que son funcionales a estas realidades de la explotación minera. Empezando por no permitir que se declaren las exportaciones por declaración jurada, sino con verdadero y exhaustivo control de Aduanas.
La provincia de Chubut está en este momento expuesta a presiones similares, si bien su caso es más paradójico porque en los años 80, y hasta 1996, se dio allí lo que se conoció como «Epopeya Antinuclear de Gastre”, surgida de un proyecto de la CNEA que impulsaba la instalación de un basurero nuclear en Gastre, pequeña localidad de la meseta central chubutense. La idea era enterrar allí los residuos radiactivos de las dos plantas de energía nuclear que entonces tenía la Argentina (la cordobesa Embalse y la bonaerense Atucha), asunto que se discutió arduamente.
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