Un reciente estudio de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA, próxima al gobierno de Alberto Fernández) estimó que hacia septiembre de este año se habían perdido 220.000 empleos privados registrados, pese a ser éste el tipo de empleo más protegido por las regulaciones del gobierno.
Según un informe reciente, la pérdida llegó a 4 millones en el peor momento de la pandemia. El efecto de suspensiones y paritarias sobre los salarios.
Las pérdidas totales fueron mucho más amplias; el estudio señala que en el segundo trimestre del año, el peor momento de la crisis, se perdieron en total casi 4 millones de empleos, sumando la reducción cercana a los 1,3 millones de asalariados no registrados (en negro) que perdieron sus trabajos, los 2,6 millones de no asalariados (fundamentalmente, cuentapropistas) y los empleados privados en blanco, donde las pérdidas fueron mucho más reducidas.
El informe, elaborado por Mariana González y Cecilia Garrig para Cifra, un centro estudios y formación de la CTA, se concentra en el empleo privado registrado, donde se dispone de más información, cuyos salarios reales, calcula, continuaron este año, a pesar de un breve respiro inicial, la caída que tuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Según el estudio, el ingreso real promedio de este sector era, hacia septiembre, 15,5% inferior al promedio de 2015 (Gráfico).
Según el trabajo, al principio del gobierno de Fernández se insinuó “un proceso de recuperación” de los salarios privados registrados, gracias al decreto del gobierno que impuso un aumento “mínimo y uniforme” de $3.000 en enero y de $1.000 en febrero, a absorber durante las negociaciones paritarias. Pero el escenario, prosigue, se modificó con la pandemia y los salarios privados en blanco llegaron en mayo a tener una baja real del 10% respecto de febrero, debido tanto a la inflación como a las suspensiones acordadas, con reducción salarial, en el marco de la pandemia y de la cuarentena que forzó al cierre de centenares de miles de empresas consideradas “no esenciales”.
Paritarias demoradas
La pérdida del poder adquisitivo en el sector privado en blanco, dice el estudio, tuvo que ver con la “demora extraordinaria en los cierres de las paritarias”. En un marco de gran incertidumbre, estas negociaciones establecieron acuerdos de corto plazo, a menudo con sumas no remunerativas transitorias para mejorar en especial los sueldos más bajos, como ocurrió en las paritarias de Comercio, Sanidad y Textiles.
Los aumentos empezaron a generalizarse recién en julio/agosto, con acuerdos de revisión que se extienden hasta el primer trimestre de 2021. “Los aumentos anuales en general se ubican por debajo de la inflación; existen también acuerdos vencidos donde aún no se ha podido cerrar una negociación”, dice el trabajo. El trabajo cita un estudio del ministerio de Trabajo según el cual 84% de los trabajadores encuadrados en convenios “de elevada cobertura” (que cubren a más de 10.000 empleos) había tenido aumentos, pero 70% de ellos había sido “parcial”, no para el año completo, y 43% había sido con aumentos de suma fija.
Fuente: Infobae
