Greenpeace, la Diputada Nacional Victoria Donda, ONGs ambientalistas y comunidades indígenas, presentaron el proyecto que establece una pena de 2 a 10 años de prisión. Participó la ONG Alerta Angostura y una representante mapuche zonal.
La organización ambientalista Greenpeace y la Diputada Nacional Victoria Donda, presentaron hoy en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley de Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo (1). El proyecto establece una pena de 2 a 10 años de prisión a quien sin autorización ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos.
“El objetivo del proyecto es castigar a quien violando las disposiciones legales o reglamentarias, destruya los bosques. Quedan exceptuados todos aquellos aprovechamientos realizados en superficies menores a diez hectáreas que sean territorio de comunidades indígenas, campesinas o de pequeños productores”, explicó la diputada Donda.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, señaló, “Grandes productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la Ley de Bosques y no tienen condena: simplemente se les cobra una multa insignificante en relación al dinero que ganan a costa de la destrucción de los bosques. En muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa. Quienes destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes». (
El proyecto de ley también penaliza (con cárcel de 2 a 6 años) a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice desmontes violando las normas vigentes. En estos casos se plantea la inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública.
La norma propone agravantes cuando el delito se haya cometido para obtener beneficio económico; desalojando familias; afectando gravemente la salud y el ambiente; con la colaboración de un funcionario público; afectando reservas, parques o áreas protegidas nacionales o locales; afectando territorios indígenas o campesinos.
Además, permite que las autoridades nacionales y provinciales, las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, y las comunidades indígenas puedan presentarse como querellantes.
De la conferencia también participaron vecinos y comunidades campesinas e indígenas afectados por la deforestación en Salta, Santiago del Estero, Córdoba y Neuquén. Entre los representantes, estuvieron Patricio Raposo de la ONG Alerta Angostura.
Fuente: Diario Andino