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Al respecto, la concejala de Trelew, Lorena Alcalá se expresó en Twitter de la siguiente manera: «Siempre es una alegría poder ser parte de este trabajo en conjunto. Poder vincular distintos sectores y que los recursos le lleguen a nuestros vecinos que muchos perdieron casi todo.

Este sábado participó en la entrega de tanques de agua y diferentes necesidades que habían sido solicitadas, en donde aportaron diferentes empresarios y transporte El Indio se encargó de llevar hasta el lugar.

Acompañamos en esta jornada a los brigadistas y Bomberos, también pudimos colaborar con algunas donaciones de herramientas para su mejor desempeño. Estamos agradecidos/as por su trabajo, dedicación y compromiso.

Una jornada intensa, satisfactoria y llena de solidaridad por parte de mucha gente. En especial quiero agradecer a los promotores de esta actividad, la agrupación motoquera “Los Ebrios del Asfalto” El crecimiento siempre es con inclusión y acompañamiento. Gracias!», comentó.

La Oficina Anticorrupción insistirá ante la Justicia para que la Fiscalía de El Hoyo investigue las compras realizadas durante la emergencia por los incendios declarados en el año 2015.

Así lo indicó a Radio Chubut el fiscal adjunto de esa oficina pública Mario Romeo, que realizará el planteo en una audiencia judicial prevista para el mes de junio.

Romeo recordó que la Fiscalía de El Hoyo desestimó la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción, pero se decidió apelar esa resolución que ahora deberá ser revisada por un juez.

El funcionario insistió en que “hubo irregularidades” en las compras, ya que “no coinciden la gran cantidad de alimentos adquiridos” con la población asistida y con los voluntarios que trabajaron combatiendo el fuego.

El fiscal adjunto puso como ejemplo que durante los incendios de 2015 “se evacuó una sola familia”, sin embargo el Estado Provincial “compró tres millones de pesos en colchones”.

Romeo agregó que la conducta de los funcionarios provinciales está atrapada en el delito de “fraude a la administración pública” por los sobreprecios que se pagaron bajo la justificación de “la emergencia”.

Romeo recordó que la emergencia por los incendios en la cordillera durante el año 2015 “tenían en el jefe de gabinete” de entonces Juan Garitano “al máximo responsable a la hora de autorizar las compras de todo tipo de insumos”.

También le adjudicó responsabilidad al director de Bosques y al director de Defensa Civil que resultó ser el fallecido Evaristo Melo.

Con el objetivo de analizar el impacto del último incendio en el suelo, y así prever posibles amenazas naturales para la localidad de El Hoyo, se conformó un equipo interdisciplinario, con especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia, INTA, Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (Ciefap) y la Secretaría de Bosques de Chubut en coordinación con la Municipalidad de El Hoyo.

Los profesionales realizaron un estudio preliminar con imágenes satelitales y mapas geológicos, mientras que, esta semana, avanzaron en el trabajo de campo con recorridas por la toma de agua de Cascada y el sendero que va hacia la Laguna Espejo.

El intendente Pol Huisman y el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Julio Ruiz, recibieron ayer a la geomorfóloga Agustina Reato y al ingeniero forestal de la Secretaría de Bosques, Mario Guzmán, para conocer los avances de la investigación.

Para la Municipalidad este estudio será una contribución clave para identificar zonas de potenciales derrumbes e inundaciones, como también garantizar los servicios públicos y constatar el grado de afectación de los sedimentos en el agua, según expresaron Huisman y Ruiz durante el encuentro.

A dos meses de los terribles incendios en la Cordillera, aún falta el informe de la división de bomberos de la policía Federal para confirmar -o descartar- la intencionalidad, es decir la presencia de un humano que por acción comenzó el incendio.

De descartarse la intencionalidad, se evaluará luego la conducta de los responsables de frenar la propagación del fuego, dijo en Radio Chubut.

Díaz Mayer reconoce que el informe es central para darle una orientación a la causa, pero al mismo tiempo, continuaron avanzando tomando testimonios y recibiendo imágenes aportada por lo propios pobladores.

El secretario de Bosques del Chubut, Rodrigo Roveta, y el director nacional de Bosques, Martín Mónaco, convocaron a una reunión con intendentes de la Comarca Andina y funcionarios nacionales, donde se articularon acciones en torno a los incendios y la urbanización en zonas de interfase.

El encuentro se llevó adelante en la localidad de El Hoyo, contando con la presencia del intendente anfitrión, Pol Huisman, y sus pares de Lago Puelo, Augusto Sánchez, de Cholila, Silvio Boudergham, de Epuyén, Antonio Reato, y de El Maitén, Oscar Currilén.

Participó el director nacional de Bosques, Martín Mónaco, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el subsecretario de Regulación y Control Ambiental, Daniel Micheloud, el intendente del Parque “Los Alerces”, Hernán Colomb, y el director del CIEFAP, José Lencinas, entre otras autoridades.

En instalaciones de la oficina de Turismo local, se realizó una revisión de las medidas adoptadas luego de los siniestros ígneos registrados durante los primeros días de marzo pasado, los cuales afectaron gran cantidad de viviendas localizadas en ambiente de bosques.

En ese marco se llamó a fortalecer el trabajo articulado entre los diferentes niveles del Estado, sumando en ese proceso a instituciones de la sociedad civil para de esta forma dar respuestas concretas a la población.

Al mismo tiempo, los funcionarios destacaron la importancia de seguir evaluando estrategias a corto, mediano y largo plazo para minimizar el riesgo de los incendios en zonas de interfase y lograr una convivencia armoniosa entre la comunidad y el bosque.

“En base a lo que hablamos con los intendentes, la intención es armar rápidamente una agenda de trabajo que aborde la problemática de manera integral, y que la temática sea afrontada como política de Estado, más allá de los tiempos de una gestión de gobierno”, enfatizó Roveta.

El funcionario chubutense apuntó a “una visión de trabajo capaz de atender situaciones más urgentes pero que además mire al futuro, finalmente buscando que nuestras comunidades sean menos vulnerables a estas catástrofes”.

Fuente: Atento Chubut

 

A pesar de la amplia normativa en materia de Derecho Ambiental que existe en Argentina, las áreas protegidas y los territorios naturales afrontan un panorama se serias dificultades para su conservación. Los incendios en la Comarca Andina de Chubut volvieron a activar las alertas sobre proyectos mineros que procuran avanzar en la Patagonia. El Extremo Sur dialogó con Agustín Filippi, abogado y profesor de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, quien destaca la tensión creciente entre un Estado que «hace la vista gorda» y la voluntad colectiva de ciudadanos con una participación en la defensa del ambiente.

Filippi remarcó la necesidad de trabajar con el concepto de «discriminación ambiental» hacia las poblaciones más vulneradas, quienes «soportan desproporcionadamente los impactos ambientales». Sostuvo que el avance contra la naturaleza no es un caso aislado: «Tenemos una política totalmente extractivista respecto del territorio y del uso de recursos naturales; donde el Estado no se hace presente en el control, proliferando daños ambientales, sociales, y con poco beneficio para la comunidad».

Filippi confronta la concepción de la megaminería como un proyecto sustentable y orientado a generar empleo en las localidades, y opina que «La capacidad de empleo no es la que mencionan, y las ganancias de las empresas son prácticamente totales, el 97% de los minerales extraídos es ganancia para ellos, solamente el 3% perciben las provincias en concepto de regalías».

En el marco del debate en torno a los incendios en la Comarca Andina se habló mucho sobre los intereses económicos detrás de los bosques. ¿Qué pasa con las áreas protegidas afectadas por el incendio? ¿Algún proyecto minero o inmobiliario podría utilizarlas?

Existen dos Leyes en ese sentido, una de presupuesto mínimo a nivel nacional, que rige para todo el territorio. Establece el control de las actividades de quema. Existe otra sobre la prevención y combate de incendios forestales, y exige al Estado que cuando un bosque nativo o bien una región natural es afectada, se debe recuperar un área de conservación con la misma categoría que tenía originalmente. Tiene que mantener y restaurar las categorías de restauración de ecosistemas que existían. Es una pauta general. Claramente no se puede hacer un cambio de uso de suelo. El año pasado el Frente de Todos presentó algunas reformas entre las que establecen accesoriamente un plazo mediante el cual en un término de 60 años no se puede modificar el uso de suelo para áreas de bosque. No pueden disponerse para actividades humanas u otros usos como proyectos inmobiliarios o mineros.

Sin embargo, las normativas pueden ser modificadas.

En cuanto a los incendios, a nivel nacional existe esta obligación de carácter general. No podría utilizarse un área quemada para destinarla a otros usos, tiene que ser recuperada para la conservación. Aunque a veces no se cumpla por parte de las autoridades, ya sea por acción u omisión.

¿Cuál es el marco de regulación y control para la actividad minera?

Las entidades e instituciones como Ministerio de Ambiente, Secretarías de Ambiente de cada jurisdicción tienen la potestad y obligación de controlar todos los proyectos mineros, exigir sobre todo la evaluación de impacto ambiental como un procedimiento preventivo y obligatorio para todas las actividades.

¿Percibís una correcta aplicación de estos controles?

El tema es cómo día a día se controlan las actividades, si se presentan proyectos o no, qué empresas están explotando al margen de las licencias ambientales y sociales. Ahí es donde entra la mayor conflictividad cuando los Estados hacen la vista gorda, por eso cada vez hay una mayor búsqueda de información y participación de la ciudadanía en cuestiones ambientales.

Según tu experiencia, ¿estos casos son excepciones o son la regla?

Tenemos una política totalmente extractivista respecto del territorio y del uso de recursos naturales. Y donde el Estado no se hace presente en el control, produciéndose daños ambientales, sociales, de distintas actividades, y con poco beneficio para la comunidad. Creo que es una problemática en general extendida en todo el país, habría que analizar casos puntuales.

¿Podríamos decir que es un modelo profundamente fundado en los intereses capitalistas?

Sin dudas, por eso el modelo de producción económico en cuanto a la megaminería o al agronegocio, va de la mano con estos intereses económicos.

¿Cómo se caracteriza el interés colectivo en el Derecho Ambiental? ¿Tiene un peso fuerte?

El derecho ambiental está basado en los derechos colectivos. Ese interés colectivo puede ser ejercido por afectados, organizaciones de base o intermedias, que tengan por fin defender el ambiente. Y luego el defensor del pueblo, la cuestión colectiva está en el núcleo de esas problemáticas. El ambiente es para la colectividad.

En el caso de Chubut, ¿de qué manera analizás el avance de la minería a pesar de las iniciativas populares?

Lamentablemente, la participación del sector público la convoca o convoca a último momento. Son políticas públicas que no tienen licencia social; es clave que en cada proceso se vea una participación más amplia de todos los sectores, especialmente los que pueden ser afectados.

¿Puede generarse una crisis de legitimidad cuando avanzan con un debate sin consultar a la población?

Sí, creo que se ha dado en muchos casos. Esquel es un caso paradigmático con el No a la Mina en 2003, con el plebiscito; en el caso de Córdoba con el tema de la Ley de Minería; con el fracking en Mendoza y en la Rioja también con la cuestión minera. Es donde más trascendencia tomó la cuestión ambiental, los últimos años se han hecho muchos reclamos, movilizaciones. También existen reclamos por las antenas de telefonía y la radiación, contaminación de cuencas, impacto de los agroquímicos; son reclamos que han tomado auge, y pueden hacer entrar en crisis políticas a algunos gobernantes. Es un tema que está siempre marginado de la agenda política.

¿Una crisis como esta impacta concretamente sobre quienes ocupan posiciones de poder político?

Se ve a nivel internacional, el hecho de que Donald Trump en Estados Unidos no suscriba al acuerdo de París del cambio climático, hace que impacte su imagen. Sin embargo, hay muchos electores que acompañan esos proyectos, no valoran la cuestión ambiental, o racial, social, entonces lamentablemente se mantienen en el poder. Hay varias denuncias a nivel internacional, y sin embargo es difícil correrlos del poder solo por una crisis de legitimidad, pero el ambientalismo ayuda a que esto se problematice y se visibilice el conflicto.

Comentabas que percibís una mayor conciencia ambiental en los últimos años.

Claramente, con el correr de los años hay una mayor participación social, una conciencia de que somos parte de este sistema, como entorno. En algunas acciones se va mejorando, queda mucho todavía por hacer.

¿De qué manera se relacionan los conflictos ambientales con la cuestión social? Suele suceder que los daños ambientales impactan en mayor medida a las poblaciones vulnerables.

Eso se puede englobar en el concepto que usamos, que es el de la «discriminación ambiental». Es un concepto interesante, ahí se evidencia la interseccionalidad de derechos. Porque siempre termina habiendo una asimetría y sobrecarga en los sectores más pobres y excluidos, como sucede con los pueblos afroamericanos o los pueblos originarios. Soportan desproporcionadamente los impactos ambientales. Los conflictos por la propiedad de las tierras, por ejemplo, siguen en debate, en el marco del ambientalismo y el derecho de las minorías.

En este sentido, ¿qué sucede con los recursos a nivel mundial?

Los recursos son escasos, hay una sobreexplotación. Deberíamos introducir un paradigma de menor explotación de los recursos y búsqueda alternativa de menor consumo, entender toda esta filosofía. Hay propuestas muy interesantes desde los pueblos indígenas, con su cosmovisión. Son alternativas que ayudarán a una mayor protección de la humanidad y en beneficios de los sectores más vulnerados. Acá hay una responsabilidad de los países europeos y del llamado «primer» mundo, como Estados Unidos, por el modelo de desarrollo económico y «progreso» que imponen a los países del Sur Global.

¿En qué medida las acciones individuales impactan en el ambiente? Existe un discurso que tiende a señalar la responsabilidad individual y no la responsabilidad de las grandes empresas.

Creo que ahí es donde está el mayor engaño de las políticas por parte del Estado: nos hacen creer a los individuos que tenemos que cambiar nuestro sistema de consumo para cambiar las políticas o la distribución de los bienes y recursos; pero justamente el gran cambio viene de parte del Estado, de las políticas más amplias. Esto sirve para atacar los problemas de raíz, como son la contaminación de industrias, la minería. Sin dudas la acción individual tiene importancia, cumple un rol que es la concientización, donde cada uno debe hacerse responsable desde su lugar, pero me parece que las políticas pueden definir cambios más grandes, impulsar cambios colectivos.

De acuerdo a tu visión, ¿cuáles son los problemas ambientales más urgentes en la Argentina?

Los urgentes son muchos, pero lo más acuciante sería la crisis alimentaria. Me parece que estamos viviendo un contexto en el que la pobreza es cada vez mayor, es una realidad que viene arrastrándose. Hay una mayor producción de bienes y servicios a nivel mundial que no se ve reflejada en que la humanidad esté bien alimentada, con acceso a recursos y servicios básicos. Ahí también hay una responsabilidad política y de las empresas. Eso tiene directa vinculación con lo que son las problemáticas ambientales y sociales, estos grandes proyectos extractivistas, de infraestructura, benefician a un puñado de grupos económicos a nivel mundial y no existe una redistribución de la riqueza como plantean desde las políticas. Si este modelo se sigue profundizando la brecha será cada vez mayor y la crisis va a seguir siendo grande.

¿Cuál es tu análisis respecto a la idea de los defensores de la megaminería de que esta actividad podría aumentar el empleo y el presupuesto en las localidades donde se instala?

Sabemos que la minería tiene proyectos golondrinas, pueden estar 15, 30 años, pero luego dejan el territorio abandonado. El tiempo que la minería tiene para instalarse en un territorio conlleva una demanda importante de trabajadores de empleos indirectos respecto a la construcción de infraestructura. En la parte operativa se reduce mucho el empleo, ya que se emplea mucha gente extranjera, o ingenieros, capacitados profesionales. La capacidad de empleo no es la que mencionan. Por otra parte, las ganancias de la empresa son prácticamente totales. De acuerdo a la Ley de inversión minera argentina, el 97% es ganancia y el 3% regalía. Los beneficios son muy escasos, más allá de que haya un mínimo reconocimiento por la explotación de los recursos, es más un espejo de colores que venden que un real reparto de beneficios para las comunidades locales.

¿Qué lugar ocupa la industria argentina en este negocio?

La extracción de algunos metales requiere una inversión muy grande. En general, las empresas argentinas no tienen la capacidad de hacerlo, o no pueden asumir el riesgo de hacerlo ellos mismos. Podríamos tener empresas estatales, invertir en los proyectos. Pero son todos proyectos transnacionales de empresas extranjeras, australianas y canadienses principalmente. Hay grandes réditos y minerales que se llevan las empresas, algunos están sin declarar, otros son omitidos. Esa es la realidad de las provincias mineras, se puede ver algún tipo de mejoría en ciertos sectores porque entra un caudal de dinero al Estado, pero no es una parte sustancialmente importante; sigue beneficiando a intereses políticos y económicos.

¿Es posible pensar en una minería sustentable o siempre es contaminante?

La minería tradicional es escasa. Es raro encontrar oro u otros metales como se encontraba antiguamente. Sin embargo, hasta el día de la fecha, la megaminería realiza la explotación con sustancias tóxicas. Hay investigaciones que hablan de otro tipo de tecnología que se puede usar para la extracción, pero todavía no está apta para su utilización y los costos son elevados. Entonces las opciones serían no avanzar sobre esos territorios, y buscar alternativas de producción u otras economías regionales que apunten al empleo y el trabajo, mejorando la calidad de vida de las comunidades.

¿Cómo ves la aplicación de la Ley Yolanda, destinada a capacitar a las y los empleados públicos en materia ambiental?

Toda normativa o ley que regule a favor del ambiente es positiva, en un punto esto sigue avanzando, se sigue concientizando. Las leyes también educan. El tema es que tiene que haber realmente una preocupación y una ocupación del sector político que aplique la normativa. El Poder Ejecutivo, así como tiene a cargo la toma de decisión en materia económica y productiva, debe promover también políticas públicas para la protección del ambiente y de las personas. Cuidar las poblaciones expuestas a riesgo, controlar la contaminación, proteger los recursos naturales, y redistribuir sus beneficios.

El Banco del Chubut otorgó préstamos personales por 22 millones de pesos a quienes resultaron afectados por los incendios registrados en la cordillera durante el mes de marzo. Esta línea permite acceder hasta a $ 500 Mil, con tasa fija preferencial del 18% TNA.

A la vez, se informa que están disponibles dos líneas de préstamos para empresas de la zona afectada, con un año de gracia Semi Plena. También Están disponibles dos líneas de préstamos para empresas, con tasa bonificada al 0% durante un año.

La línea destinada a las personas residentes de las localidades afectadas, cuyos bienes fueron afectados por los incendios, cuenta con un plazo de financiación de 48 meses y las cuotas se comienzan a pagar en forma efectiva a los 120 días de la acreditación del monto.

Hasta el momento se autorizaron 47 préstamos por un monto total de 22 millones de pesos, constituyendo una primera rápida respuesta para los habitantes de las localidades afectadas.

Los solicitantes pueden gestionar los préstamos hasta los primeros días del mes de junio, acreditando domicilio real en El Maitén, Epuyén, El Hoyo, Lago Puelo, Cholila y zonas aledañas. Aquellos clientes que cumplen con las condiciones básicas y que acreditan sus haberes con Banco del Chubut, podrán acceder al préstamo a sola firma.

Opciones para empresas

Además, están a disposición las dos líneas de préstamos por hasta $ 8 millones para empresas de la zona afectada, orientadas a inversiones y capital de trabajo. Estas líneas fueron gestionadas por el Gobierno Provincial ante el área del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Los destinatarios son aquellos clientes que poseen emprendimientos económicos que hayan sido afectados por los incendios y declarados en estado de desastre ígneo, acaecidos en la zona de la cordillera.

Por un lado, a línea para capital de trabajo cuenta con un plazo de financiación de 36 meses, tasa bonificada FONDEP TNA 0% durante los primeros 12 meses, y tasa del 9.9% del mes 13 al 36.

Por otro lado, la destinada a inversiones ofrece un plazo de hasta 60 meses, tasa bonificada por FONDEP TNA 0% durante los primeros 12 meses, del 9.9% del mes 13 al 24, y finalmente tasa del 22% del mes 25 al 60.

Los interesados pueden consultar términos y condiciones en www.bancochubut.com.ar

Fuente: Argentarnoticias.com.ar/

Greenpeace, la Diputada Nacional Victoria Donda, ONGs ambientalistas y comunidades indígenas, presentaron el proyecto que establece una pena de 2 a 10 años de prisión. Participó la ONG Alerta Angostura y una representante mapuche zonal.

La organización ambientalista Greenpeace y la Diputada Nacional Victoria Donda, presentaron hoy en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley de Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo (1). El proyecto establece una pena de 2 a 10 años de prisión a quien sin autorización ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos.

“El objetivo del proyecto es castigar a quien violando las disposiciones legales o reglamentarias, destruya los bosques. Quedan exceptuados todos aquellos aprovechamientos realizados en superficies menores a diez hectáreas que sean territorio de comunidades indígenas, campesinas o de pequeños productores”, explicó la diputada Donda.

Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, señaló, “Grandes productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la Ley de Bosques y no tienen condena: simplemente se les cobra una multa insignificante en relación al dinero que ganan a costa de la destrucción de los bosques. En muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa. Quienes destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes». (

El proyecto de ley también penaliza (con cárcel de 2 a 6 años) a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice desmontes violando las normas vigentes. En estos casos se plantea la inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública.

La norma propone agravantes cuando el delito se haya cometido para obtener beneficio económico; desalojando familias; afectando gravemente la salud y el ambiente; con la colaboración de un funcionario público; afectando reservas, parques o áreas protegidas nacionales o locales; afectando territorios indígenas o campesinos.

Además, permite que las autoridades nacionales y provinciales, las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, y las comunidades indígenas puedan presentarse como querellantes.

De la conferencia también participaron vecinos y comunidades campesinas e indígenas afectados por la deforestación en Salta, Santiago del Estero, Córdoba y Neuquén. Entre los representantes, estuvieron Patricio Raposo de la ONG Alerta Angostura.

Fuente: Diario Andino

Ese es el número que se desprende de las encuestas y el relevamiento realizado por el ministerio de desarrollo social, familia, mujer y juventud, en coordinación con los municipios de la zona cordillerana.

El ministro de desarrollo social, Gustavo Hermida, aclaró que siguen apareciendo casos de familias afectadas por los incendios forestales en la zona cordillerana, por lo que se está trabajando para lograr dar una respuesta rápida a las más de 1200 personas que necesitan la ayuda del Estado para comenzar de nuevo.

Explicó que las familias afectadas en un primer momento fueron alojadas en espacios comunes como gimnasios, pero con el correr de las horas, muchos fueron optando por quedarse en casa de familiares o amigos.

Y desde los municipios y el ministerio de turismo de nación se está trabajando en llegar a un acuerdo de alquiler con los propietarios de complejos turísticos para poder albergar a las familias que así lo necesiten, hasta tanto se logre la reconstrucción de sus viviendas.

Dijo que la problemática habitacional es un tema muy complejo, que va a llevar su tiempo, atendiendo que hay que reconstruir entre 300 o 400 viviendas.

Además, se suma el tema de la regularización nominal de las tierras. “Cada caso se analizará uno por uno”, indicó.

Fuente: Radio Chubut

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Bosques, coordinó una reunión de trabajo para avanzar en la conformación de una mesa   interinstitucional que planificará la restauración de áreas afectadas por los grandes incendios ocurridos en la zona de Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén. El mencionado encuentro virtual estuvo encabezado por el secretario de Bosques del Chubut, Rodrigo Roveta, el ministro de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, Eduardo Arzani, y el director nacional de Bosques, Martín Mónaco.

El objetivo principal del espacio será planificar las principales acciones para recuperar sectores de bosque prioritarios por sus funciones ambientales que se encuentran dentro de las 13 mil hectáreas afectadas por el fuego. El secretario de Bosques explicó al inicio de la reunión que “es necesario abordar la problemática de manera integral, teniendo en cuenta el impacto extremo que tuvo el fuego sobre una gran superficie en la que se observan diversas situaciones de uso de la tierra, y sobre la comunidad en su conjunto”.

La mesa integra a organizaciones que vienen trabajando desde hace años en el “Programa de manejo y restauración de grandes áreas afectadas por incendios forestales en la temporada 2014-2015” con acciones como la recolección de semillas, la producción de plantas, la plantación, el monitoreo, y la extensión y capacitación. Roveta destacó ese proceso y señaló que “sentó las bases para hacer frente al nuevo desafío. En este caso la participación va a ser igualmente necesaria”, agregando que ya se están llevando adelante relevamientos e intervenciones en forma articulada. “La construcción de un plan de trabajo tendiente a mitigar los daños, y restaurar sectores de elevado valor de conservación debe realizarse de un modo tal que permita canalizar la voluntad de participación de los actores que así lo deseen”, planteó.

Fuente: Crónica