El Senado aprobó por unanimidad -con el voto de 58 legisladores presentes- en el regreso de las sesiones presenciales una declaración de rechazo a la medida adoptada el mes pasado por Chile al demarcar los límites de su plataforma marítima en superposición con los de la Argentina, lo que fue objetado por todo el arco político.
El presidente chileno Sebastián Piñera, que termina su mandato en marzo próximo, pretende reclamar ante la ONU una supuesta soberanía chilena sobre un territorio de 5.000 kilómetros cuadrados, la llamada medialuna, que Argentina incluye en su plataforma y de un sector del espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Específicamente, Chile pretende proyectar su plataforma continental al este del meridiano 67º 16´ 0, contradiciendo el Tratado de Paz y Amistad firmado con Argentina en 1984, como solución al conflicto territorial por el canal de Beagle.
Este avance sobre la plataforma argentina es el que fue rechazado por los senadores con el acuerdo de todos los bloques parlamentarios.
El proyecto califica a la norma como una «violación al Tratado de Paz y Amistad celebrado con la Argentina en 1984» que desconoce «la demarcación del límite exterior de la plataforma continental» de conformidad con «la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar».
Los senadores ratifican «su más firme respaldo al trabajo realizado por el Estado Argentino a través de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), el cual se ajusta» al tratado firmado entre los presidentes Raúl Alfonsín y Augusto Pinochet en 1984.
El tratado fue «reflejado en la Ley Nacional 27.557, aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación el 4 de agosto de 2020 y promulgada por el Poder ejecutivo el 24 de agosto del mismo año».
El proyecto también rechaza «el intento de apropiación por parte de Chile de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convemar y del Tratado de Paz y Amistad».
Finalmente, reafirma su «adhesión a lo expresado por la Cancillería Argentina en respuesta a la pretensión del Gobierno de Chile en cuanto a que la misma no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos, de acuerdo a la hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional».
Al tomar la palabra como miembro informante el titular de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, el puntano del Frente de Todos, Adolfo Rodríguez Saá, señaló que «el decreto chileno es arbitrario, inconsulto y violatorio de los tratados internacionales vigentes. Esto no es aceptable para la Argentina, hay que resolverlo a través del diálogo».
Luego, el senador de Juntos por el Cambio, Julio Cobos, explicó que la pretensión de Chile «es extender hacia el este, pretendiendo incorporar a su soberanía cinco mil kilómetros cuadrados de nuestra soberanía y 25 mil kilómetros cuadrados que son patrimonio de la humanidad».
Además, ponderó la «rápida actuación de la Comisión de Relaciones Exteriores ante esta pretensión del gobierno de Chile», y celebró que en estos temas importantes de Estado «todos nos pongamos de acuerdo y actuemos rápidamente».
Acto seguido, la senadora fueguina Eugenia Duré, indicó que “el proyecto respalda al Estado nacional porque tuvo un rápido accionar en cuanto al decreto del gobierno de Chile. Rechazamos esta pretensión de avance sobre nuestra plataforma continental y una extensa área de nuestros fondos marítimos y oceánicos”.
A su turno, Alberto Weretilneck titular del bloque Juntos Somos Río negro, destacó las acciones de la Cancillería argentina en torno a este tema y señaló que “nada” ha “violentado el derecho internacional. “Tenemos que apostar por el diálogo, desde nuestro bloque vamos a acompañar positivamente», dijo.
