Los cinco gremios docentes de Chubut volvieron a rechazar la oferta del Gobierno provincial y cuestionaron su política de ajuste. Solicitan un mayor control en las escuelas privadas. Peligra el retorno de clases después del receso invernal.
El aumento salarial del 15% que ofreció el Gobierno provincial a los gremios estatales no para de cosechar críticas. Los cinco gremios docentes de la provincia (ATECh, SADOP, SITRAED, UDA y AMET) exigieron que la administración de Mariano Arcioni recomponga el salario afectado por dos años de «cuasi congelamiento salarial» y por el agravamiento de la inflación.
«La pérdida del poder adquisitivo durante esos dos años deja hoy a miles de docentes por debajo de la línea de la pobreza (aproximadamente evaluada en $100 mil por el INDEC)», destacaron.
«Los gravísimos hechos ocurridos en las Escuelas 7719 y 93 de El Maitén, y los problemas cotidianos que llevan a constantes suspensiones de clase, muestran que hemos tenido razón, y que era falso que las escuelas estuvieran en condiciones, como expresó la exministra (Florencia) Perata en varias oportunidades. Es imprescindible una política sostenida, seria y consecuente de mejoramiento edilicio, incluyendo las ampliaciones y nuevas edificaciones necesarias», aseveraron según publicó El Patagónico.
«La insuficiencia de las partidas escolares debe ser revertida inmediatamente: desayunos, almuerzos y meriendas sanas y nutritivas son un derecho que el estado debe garantizar a niñas, niños y adolescentes», consideraron.
«Exigimos al Gobierno provincial adapte el sistema presupuestario para que la docencia chubutense pueda comenzar a «ganarle a la inflación» y nos deja en la línea de pobreza y hasta de indigencia», destacaron.
Los mandatos de los gremios docentes establecen que se evalúen diferentes opciones y una de las que comienza a ganar más fuerza es que no vuelvan las clases tras el receso invernal.
El ojo en las privadas
Los sindicatos también pidieron que se supervise y controle a las instituciones de gestión privada. «El achicamiento y recorte en Educación deja un vacío y una ausencia que se traducen en un ‘dejar hacer’ en la más absoluta ilegalidad: propietarios de escuelas privadas que establecen su propia normativa, llegando al punto de poner en peligro la integridad física de estudiantes y docentes con condiciones edilicias decadentes, cobrando cuotas siderales sin autorización, sin ajustarse a lo normado y funcionando sin la debida autorización ni reconocimiento ministerial», cuestionaron.
«Sin un ministerio que supervise a través de la Dirección General de Educación Privada, no hay garantías de un funcionamiento correcto y ajustado a la ley. Hace años que no se designan supervisores de cada nivel para gestión privada. Este abandono y desentendimiento son funcionales a los dudosos intereses de los propietarios de las instituciones educativas públicas de gestión privada. De parte de este Gobierno no ha habido la más mínima intención de actuar en este terreno, ni siquiera de responder al pedido de trabajar en mesas técnicas en pos de regularizar el sector de gestión privada. El silencio es irresponsabilidad y también complicidad», criticaron.
No es la primera vez que el manejo de las escuelas privadas se pone en discusión. Durante la pandemia, los establecimientos fueron denunciados por obligar a los docentes a dar clases, pese a ser contacto estrecho, caso positivo o presentar síntomas compatibles con COVID-19.
