El mensaje es ése: si salen a la calle a reclamar por sus derechos, los vamos a judicializar», expresa a El Extremo Sur Andrea Leonett, miembro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Chubut (UACCh) y una de las 16 personas procesadas por participar en un corte de ruta en repudio al rechazo de la Iniciativa Popular en 2021. El procesamiento se produjo en un contexto que profundizó la represión a medida que crecían las movilizaciones en contra de la megaminería en toda la provincia, con otros reclamos contra la violencia de género, el abuso policial y la complicidad política.
Las tensiones revelan la puja entre la movilización popular y un poder político-empresarial que negocia por debajo de la mesa. Mientras esperan la decisión de la Cámara de Apelaciones, los vecinos y vecinas se mantienen en alerta tras la reciente condena a la docente Estela Juárez, y reconocen en la movilización colectiva la salida. El poder político, por su parte, aparece como un claro actor a favor de los intereses de las multinacionales extractivas. El voto a favor de la zonificación de muchos legisladores que se identificaban hipócritamente con el movimiento ambiental terminó de dinamitar la confianza en la acción legislativa.
Una sesión vergonzosa
El 5 de mayo del 2021, la Legislatura llevó adelante un rechazo exprés al proyecto de la Iniciativa Popular -con un respaldo de 30.000 firmas- para frenar la zonificación minera impulsada por Mariano Arcioni.
La iniciativa fue rechazada por 13 votos en contra, 12 a favor y 2 abstenciones. Tras la votación, distintas movilizaciones se fueron desplegando en la provincia, junto a acciones políticas por parte de los intendentes de Lago Puelo, El Hoyo, Trevelin y Esquel, quienes enviaron notas al gobernador para que retire el proyecto.
Los votos a favor se leyeron como una «traición al pueblo», tras la ardua labor de los activistas por la junta de firmas en plena pandemia, por la vía institucional y con el mismo espíritu que en 2002 rechazó la megaminería.
Los «traidores»
Los «traidores» eran Miguel Agustín Antin, María Magdalena Cativa, Graciela Cigudosa, Gabriela De Lucia, Carlos Eliceche, Xenia Adriana Gabella, Carlos Gómez, Roddy Ingram, Sebastián López, Emiliano Mongilardi, Pablo Sebastián Nouveau, Juan Horacio Pais y Claudia Mariela Williams. Las abstenciones de María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni, de la UCR. Los doce votos restantes votaron a favor de la Iniciativa Popular.
«No nos escucharon, no nos permitieron ni siquiera debatir y terminaron rechazando esta iniciativa que obviamente produce mucha indignación», dijo a Télam Pablo Lada, integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Chubut (UACCh).
La rápida decisión, la indiferencia ante las 30.000 voces provinciales y la falta de convocatoria a las asambleas, motivó cortes de Ruta en Trelew, sobre la ruta nacional 3, y en El Hoyo, en la ruta 40. En Esquel y Trevelin se produjeron tomas pacíficas de los edificios municipales. Incluso hubo movilizaciones en Comodoro Rivadavia.
Los incidentes no terminaron ese día: cinco días después, el Juez Gustavo Lleral -que luego procesaría a los vecinos- ordenó un desalojo ilegal a los manifestantes en la Ruta Nacional Nº 3. «Tienen 15 minutos para desalojar la ruta o procederemos al uso de la fuerza», fueron las palabras del oficial de la Policía provincial, Paulino Gómez.
Los hechos eran apenas una muestra de la capacidad de movilización popular que meses después estallaría en el Chubutazo, que logró que los poderes dieran marcha atrás con el proyecto de zonificación.
