Reforma laboral: el Gobierno apelará el fallo contra el tope indemnizatorio.
El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido pasar a la ofensiva jurídica para blindar la Ley de Modernización Laboral sancionada a finales de febrero. Tras el primer revés judicial que declaró inconstitucional uno de sus artículos clave, la Procuración del Tesoro ya trabaja en la ingeniería legal para revertir la sentencia. El objetivo central de la Casa Rosada es elevar la discusión hasta la Corte Suprema de Justicia, buscando un fallo definitivo que valide los cambios estructurales impulsados por la gestión del presidente Javier Milei.
La controversia se originó a partir de una resolución de la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba, donde el juez Ricardo Gileta invalidó el artículo 55 de la nueva normativa en un proceso individual. Según TN, el magistrado consideró que la norma vulnera el principio de igualdad ante la ley al establecer condiciones diferenciadas para los trabajadores dependiendo de la fecha en que iniciaron sus litigios. Esta sentencia es vista por el oficialismo como el inicio de una etapa de judicialización masiva que intentarán contener mediante una estrategia coordinada a nivel federal.
El conflicto por la actualización de créditos laborales
El punto de discordia técnica radica en el artículo 55, el cual fija un mecanismo específico para actualizar las deudas en juicios que ya estaban en trámite antes de la reforma. Este esquema utiliza la tasa pasiva del Banco Central y establece un piso del 67% respecto al nuevo sistema basado en el índice de inflación. Para la justicia cordobesa, este tope genera un trato desigual entre empleados que reclaman créditos de naturaleza similar, ordenando en su lugar aplicar la actualización prevista en la Ley de Contrato de Trabajo (artículo 276).
Desde el Ejecutivo, los equipos técnicos defienden la legalidad del nuevo sistema argumentando que busca otorgar previsibilidad al mercado laboral y evitar que los juicios se tornen impagables para las empresas. La Procuración del Tesoro presentará un recurso extraordinario federal ante la misma Cámara que dictó la sentencia, procedimiento obligatorio para que el máximo tribunal de la Nación pueda tomar intervención directa en el caso.
Estrategia de defensa coordinada ante la Justicia
En los despachos de Balcarce 50 anticipan que este fallo es solo la «punta del iceberg» de una serie de presentaciones judiciales en todo el país. Por este motivo, se está organizando una defensa centralizada que no solo responderá a expedientes puntuales, sino que pondrá especial énfasis en los litigios de alcance colectivo, como los impulsados por centrales obreras. La mesa chica del Gobierno considera que estas causas colectivas serán las que marquen el pulso de la aplicación general de la norma en el corto plazo.
La apuesta oficial es que la Corte Suprema fije un criterio de fondo que despeje la incertidumbre jurídica reinante. Mientras tanto, cada instancia procesal será utilizada por el Gobierno para ratificar la validez de la reforma, entendiendo que la batalla legal es un paso necesario tras la aprobación parlamentaria. En el Ejecutivo aseguran estar preparados para sostener la ley en todos los frentes, confiando en que el máximo tribunal respaldará la constitucionalidad de la modernización laboral propuesta.