Karina Milei busca reducir casi a la mitad la planta de empleados dependientes de la secretaría general de Presidencia. Según pudo saber TN, auditó a la cartera y junto a su equipo técnico cree que puede funcionar con un poco más de 600 trabajadores de los 1060 que la componen.
Karina Milei desafectó alrededor de 60 empleados en diciembre al no renovar los contratos de 2023 y tiene pensado continuar con la reducción de su secretaría. El recorte será escalonado y cada mes tendrá su criterio.
La línea con la que avanzarán en enero se basa en “reducir la acumulación de empleados para una misma función”. Sostienen que donde hay tres trabajadores y se pueda funcionar con uno, se quedará el que consideren más eficiente y el resto se desafectará.
Es por eso que el Gobierno sigue expandiendo la auditoría y la delega en cada uno de los directores de sector: quiere hacer un reconocimiento de los empleados para retener a los que les interesen y desprenderse del resto.
De la cartera que maneja Karina Milei dependen la Unidad Gabinete de Asesores, Casa Militar y las subsecretarías de Coordinación Administrativa, de Gestión Institucional, de Planificación General y de Asuntos Presidenciales.
Desde el Gobierno, le expresaron a este medio que se reducirá el personal en todas las áreas en línea con la quita de horas extras que impulsó el Gobierno a través del secretario de Transformación del Estado y de la Función Pública, Armando Guibert.
Esto produce tensión entre el oficialismo y los empleados de la Casa Rosada, representados en parte por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Lo que plantean desde los sindicatos es que se sostenga el pago asignado a las horas extras hasta que se estabilice la situación y se realice un aumento significativo.
La medida del Gobierno afecta a los empleados de forma diferente. Mientras que a algunos, la atribución de tiempo extraordinario les significa el 20% del sueldo mensual, para otros es más del 60%.
Este es el caso de los mozos, que son contratistas y tienen contratos anuales, que en gran parte se aumentan por la vía de las horas extras y otros complementos. Con la quita, algunos pasarán de cobrar $450.000 a $189.000, más allá de que tengan más de 20 años de antigüedad.
Es por eso que ATE reclama aumentos al sueldo básico y funcional para que los trabajadores no dependan de las compensaciones por tiempo extraordinario. Además, quiere impulsar una reforma de la escala salarial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Creen que evitaría la compensación de sueldos por otras vías y que ordenaría la ganancia jerárquica, que hoy reconocen como ambigua. Hay choferes de la Casa Rosada que ganan $1.259.000, al igual que algunos directores de área.
Para sumarle tensión a los cruces, empleados agrupados en ATE adherirán al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y no descartan otras medidas de fuerza, ya que consideran que el aumento del 16% que les brindó el Gobierno en paritarias es insuficiente. Argumentan que “no da respuesta a la realidad del estatal”. Además exigen la reincorporación de todos los empleados desafectados desde el 10 de diciembre.
En un comunicado, desde ATE solicitaron que “se respete el derecho constitucional a la huelga y se abstengan de amedrentar y presionar a los trabajadores con prácticas que atentan contra la libertad”. Se refieren al anuncio del Gobierno de descontarles el día a quienes hagan paro.
Además, hicieron mención a la suma fija y a una convocatoria de mesas paritarias para los sectores más postergados en línea con las consecuencias de la quita de horas extras.
