En el marco de la causa que investiga a la exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, y otras personas, por el delito de fraude a la administración pública, el defensor Romero solicitó que se aplique la suspensión del juicio a prueba, cuestión que fue rechazada por la jueza Gonzales, quien explicó que los imputados «revestían calidad de funcionarios» y ello «resulta un obstáculo legal a los fines de beneficiarse».
El caso de corrupción, que lleva 4 años, sigue demorado por presentaciones judiciales. Aún no tiene fecha de inicio el debate oral y público. «El dispendio judicial que se genera y el perjuicio real a los testigos, impactan de lleno en la resolución de la causa», argumentaron ayer desde el Ministerio Público Fiscal.
Atento al rechazo de la jueza, los defensores, Romero y Cominetti, interpusieron un recurso de impugnación para que la resolución sea revisada por la Cámara Penal.
Dicho planteo generó la suspensión del juicio oral y público que estaba fijado para el día 22 de abril del corriente año, en función que a partir de ahora se deberá expedir la cámara de impugnación en orden a resolver la denegatoria del instituto de la suspensión del juicio a prueba.
Los defensores de confianza de Jaqueline Rodera, María Lorena Rodea, Facundo Solari Rodera, Silvana Adriana Cañumil, Miguel Angel Reto y Branco Neira Rodera, plantearon la suspensión de juicio a prueba a escasos días del comienzo del debate oral.
El planteo se hace en función de la oportunidad que le otorga el art. 49 del CPPCH, el cual dice que «cuando la ley penal permita la suspensión de la persecución penal, el imputado o su defensor podrán requerirla hasta el inicio del debate».
La causa
La exministra de familia y exdiputada provincial, Cecilia Torres Otarola, fue acusada por el delito de fraude a la administración pública en calidad de autora por 8 hechos, tres por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para el fiscal Omar Rodríguez, la ex funcionaria «resultó una pieza central de la actividad delictiva investigada».
Según las calificaciones legales escogidas, la escala penal parte desde los dos años, más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. La Fiscalía estimó que al momento de pedir pena, la misma no será inferior a los cuatro años de prisión efectiva, más la inhabilitación especial por igual plazo.
