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El fallo condenatorio lo leyeron los jueces Mariano Nicosia, Ivana Gonzalez y Alejandro Rosales. Por la tarde se conoció el veredicto de culpabilidad de los ocho imputados en la causa “Revelación”.

Se trata de los ex funcionarios Pablo Oca, Diego Correa, Alejandro Pagani, Martin Bortagaray, Víctor Cisterna, Diego Luters, Gonzalo Carpintero y el empresario Martin Castillo.

Los delitos investigados, con distintos grados de responsabilidad para cado uno de los imputados, fueron los de asociación Ilícita, exacciones ilegales bajo la modalidad de concusión, cohecho pasivo, cohecho activo, enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos, todos ellos contenidos en los artículos 210, 268, 256, 258, 268 inciso 2 y 268 inciso 3 del Código Penal.

Uno por uno.

Diego Correa fue encontrado culpable por ser “organizador de una asociación ilícita en carácter de autor, en concurso real exacciones ilegales en calidad de autor en concurso real con cohecho pasivo bajo la modalidad de delito continuado”

Víctor Cisterna fue encontrado culpable del delito de ser organizador de una asociación ilícita en carácter de autor en concurso real y exacciones ilegales.

Martin Bortagaray fue encontrado culpable por el delito de “miembro de la asociación ilícita en concurso con cohecho pasivo en la modalidad de delito continuado”

Alejandro Pagani fue hallado culpable por el delito de “miembro de la asociación ilícita en concurso con cohecho en la modalidad delito continuado”

Martín Castillo empresario, fue condenado por el delito de “cohecho activo previsto en el artículo 258 del Código Penal por un solo hecho”

Pablo Oca fue condenado por el delito de “miembro de la asociación ilícita en concurso con cohecho en la modalidad de delito continuado artículos 210, 55 y 256 del código penal”

Gonzalo Carpintero Paterson fue hallado culpable por el delito de enriquecimiento ilícito artículos 45 del Código Penal artículos 268 segundo párrafo del código

Diego Luters fue hallado culpable por el delito de ser “miembro de la asociación ilícita arts. 210, 45 del Código Penal

Cabe resaltar que la calificación más grave, pesó sobre los imputados de Diego Correa y Víctor Cisterna ambos fueron los organizadores de la asociación ilícita, fueron reclutando diferentes personas durante los años 2015 2016 2017, para integrar un grupo que tenía como finalidad el pago de retornos derivados de la obra pública por parte de los empresarios de la construcción. En definitiva el organizador pasa a tener un rol fundamental toda vez de que es éste el que recluta la gente y además impartían órdenes. Asimismo quedo plasmado en el juicio oral y público que existió un “jefe” de la asociación ilícita que fue confirmado en el veredicto, el jefe fue el entonces gobernador Mario Das Neves.

Tres años de proceso judicial

El proceso judicial de esta causa, demandó tres años y poco más de dos meses de debate en juicio oral y público. De esta manera la Justicia del Chubut culminó con otra compleja causa de corrupción en el ámbito de la administración pública.

Las maniobras ilegales comenzaron a ejecutarse a partir del inicio del tercer gobierno de Mario Das Neves al frente de la provincia del Chubut, en diciembre del año 2015. Tuvo como objetivo principal el pago de retornos de las obras públicas por parte de empresarios de la construcción.

Los mismos empresarios manifestaron que los aportes eran 3 y 5% del total del costo de la obra pública ejecutada. Para los fiscales todos los empresarios fueron coincidentes en estos aportes, que se realizaron entre los años 2016 y 2017 y que fueron exigidos primero por Cisterna y luego por Correa.

Coaccionados

Varios de esos empresarios durante el proceso, fueron beneficiados con el instituto de suspensión de juicio a prueba. Para los investigadores éstos fueron víctimas de la coacción por parte de los funcionarios y solo buscaban acceder al cobro de las obras ejecutadas.

Para los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez, la asociación ilícita tuvo también sus ramificaciones en la ciudad de Comodoro Rivadavia. La finalidad, fue apropiarse del Canal 9 de esa ciudad. Consideran que se pudo verificar que se iba pagando con montos de un millón de pesos por mes y otro millón derivado de los pagos de los retornos de los empresarios de la construcción.

Esta maniobra fue realizada en principio por Jorge Ninin, que fue condenado en este caso. También se mencionó a Federico Piccione, que se ocupaba de llevar ese dinero y volcarlo en la deuda del concurso que atravesaba la firma Protel Patagónica, propietaria de ese canal televisivo.

Muchas pruebas

Fueron consideradas claves las pruebas incautadas en la casa de la calle marconi 340 de Trelew de propiedad de los padres de Diego Luters, además de las pericias del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETMs) dependiente de la Procuración General del Chubut.

Asimismo las pericias informáticas realizadas por personal de esa dependencia a cargo de Guillermo Figueredo, marcaron un punto importante en materia probatoria. Así se fue determinando cómo funcionaba esa asociación ilícita organizada por Diego Correa y el sistema de liberación del pago que realizaba Pablo Oca.

Se exhibieron en el juicio oral numerosos mensajes de empresarios de la construcción, en general consultando por si se liberaba o no una orden de pago.

También en el debate fueron fundamentales los testimonios del personal de la Administración Pública. Por ejemplo resultaron reveladores los dichos de los choferes de la Unidad Gobernador que dirigía Correa al manifestar que el imputado Luters les encomendaba ir al Banco del Chubut a cobrar los cheques de los retornos depositados.

Fuente: Area Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal, Oficina Rawson.

 

Lisandro Benítez, defensor de Diego Lüters en la Causa Revelación, aseguró que su cliente era “un simple empleado administrativo de 6ª línea”. En tal carácter, es el único de los 7 exfuncionarios imputados que no fue designado por el gobernador Mario Das Neves. Por eso nunca pudo integrar la presunta asociación ilícita. Y aunque admitió haber cometido “errores”, el exsecretario de Diego Correa sólo pudo haber incurrido en faltas menores, como peculado o encubrimiento.

Según el alegato del defensor público en el juicio oral y público, el Ministerio Público Fiscal nunca detalló qué le imputa a Lüters. “Su análisis fue simplificado y violó el derecho de defensa ya que es imposible defenderse de una imputación cuando sólo hay menciones imprecisas genéricas. Me obligan a adivinar o suponer porqué mi asistido es considerado miembro de una asociación”. En tal sentido, “este tribunal está en condiciones de hacer el mayor esfuerzo al analizar si puede ser responsable de integrar una asociación orquestada desde las más poderosas y profundas esferas del poder”.

Hay un dato clave: en ningún momento la acusación colocó a Luter en diciembre de 2015, el momento de la supuesta creación de la asociación. Fue el exgobernador Mario Das Neves quien designó a todos los exfuncionarios de su confianza. Menos a Lüters. Todos tuvieron cargos de importancia, menos él, que fue elegido por Correa. “Lüters no tenía poder de decisión, ni firma, ni salario asignado”. Para Benítez no hay evidencia de que Lüters “hubiere tenido la voluntad de integrar ni más ni menos que una asociación con los ministros, el secretario privado y el gobernador”. Según la propia acusación, “la primera intervención de Lüters fue finales de 2016, comienzos de 2017”.

Benítez deslizó que “al igual que muchísimo empleados administrativos, Lüters confeccionaba planillas desconociendo su finalidad, por lo cual tampoco hay dolo”.

Cuando renuncia Víctor Cisterna en 2016 y Correa se hace cargo del esquema de coimas, “Fiscalía, por ósmosis, da por sentado que porque Lüters era su secretario, comienza a ser parte de este engranaje delictivo. ¿Funcionarios de las más altas esferas del poder necesitaban incorporar a esta estructura ya conformada y en pleno funcionamiento a un secretario de 5ª línea? ¿Para qué?”.

También hizo referencia a las “famosas listas” como “la vedette del caso”. Aclaró que varias planillas no las hizo su cliente. “Había muchas listas de diferentes organismos y elaboradas por personas relacionadas con la obra pública, de las cuales esta banda se valía para ejecutar sus delitos. Pero nadie de esas personas vino a juicio”. El defensor acotó: “¿Por qué no creerle a Lüters esto mismo, cuando personal de más antigüedad y más calificado no sabía el fin de las listas”. Hacer esos Excel “para él era una tarea más pero que no sabía para qué eran y sólo lo entendió mucho después. Se limitó a transcribir la información que le suministraba Correa”.

El defensor admitió que Lüters cobró cheques en el Banco Chubut. “Él reconoció que había cometido errores por temor a perder su trabajo”. Puede ser delito de peculado, no una asociación ilícita. Algo similar sucede con el bolso que escondió en casa de su madre, en la calle Marconi de Trelew: a lo sumo es encubrimiento.

El defensor público advirtió que Fiscalía toma de la declaración de Lüters sólo los tramos que sirven a su acusación, pero no le cree el resto. Y pidió la absolución por el beneficio de la duda.

Las audiencias que se llevan a cabo en la Oficina Judicial de Rawson en el juicio oral y público por la causa “Revelación” se han convertido en extensas debido las largas exposiciones de las partes en la etapa de los alegatos. La complejidad de los hechos investigados, la gran cantidad de pruebas exhibidas, los numerosos testigos que desfilaron, la cantidad de imputados y la variedad de imputaciones, hace que en estos días los jueces que integran el Tribunal intenten acelerar el proceso. Pero se encuentren enfrente con pedidos de más prórroga de tiempo por parte de algunos defensores que necesitan analizar con mayor profundidad la línea argumental a exhibir como conclusión final de sus posturas.

Esto hizo que cerca de las 20.30 del miércoles pasado, al intentar organizar las próximas jornadas, los jueces coincidieran en no dar más prórroga a algunos defensores y confeccionaran un listado con el orden de las exposiciones. “No aceptaremos más dilaciones”, indicaron. Fue tras los alegatos de los abogados Fabián Gabalachis (defensor de Diego Correa y Pablo Oca) y de Carlos Villada (defensor de Alejandro Pagani).

Citaron además a todas las partes a continuar a las 14.30 del jueves santo. A su turno y tal como lo ha venido argumentando en los últimos debates en los que le ha tocada participar en causas contra la administración pública, el abogado Gabalachis cuestionó una vez más la figura penal de la asociación ilícita.

El silencio de Correa

En alusión a Diego Correa manifestó que el silencio de éste a lo largo de todo el proceso de esta causa (también fue condenado en la causa “Embrujo”) obedece a un reconocimiento indirecto de haber participado en actos ilícitos aunque aclarando que obedecía órdenes “superiores”. En nombre de sus clientes, Gabalachis dijo que ambos reconocen haber cometido el “cohecho” uno de los delitos que se les imputa, para luego cuestionar la figura penal de la asociación ilícita.

Luego el defensor de Alejandro Pagani, entre otros conceptos cuestionó la investigación respectos de la lo que a su criterio son deficiencias en cuanto a la descripción de los hechos. “Los fiscales hablan de cheques y de empresas, pero nada dicen en referencia a las obras ejecutadas y los lugares donde se hicieron”, ejemplificó. Destacó que su cliente no tenía injerencias en los pagos y que las pruebas en su contra “son forzadas y mero maquillaje”.

En las primeras horas de la tarde de este jueves fue el turno del experimentado abogado de Trelew Emilio Galende. Defiende a Víctor Cisterna, considerado como una de las cabezas de la presunta asociación ilícita cuando ocupaba su cargo de Ministro de Economía de la Provincia.

Concierto

Calificó a la investigación como “un concierto de indicios incomprobables” preguntándose si su cliente, “puede enriquecerse ilícitamente con un sobresueldo de 30.000 pesos”.

Si bien destacó “el esfuerzo puesto en la investigación” por parte de los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez, afirmó que “ellos mismos reconocieron errores y que tuvieron falta de recursos para investigar. Pero esto no lo hace responsable a Cisterna”, concluyó. Afirmó ya en la parte final de su exposición que “se violó el principio de objetividad en el proceso y la investigación se basó en premisas falsas y distorsionadas”.

A lo igual que sus antecesores, Galende pidió también la absolución para su cliente.

Luego fue el turno de Jorge Rubiolo, defensor de Martín Bortagaray. Dijo que se cliente “no formó parte de una asociación ilícita”. Citó dichos de varios testigos que a su entender benefician a su cliente, entre ellos aquellos que daban cuenta de que Bortagaray cumplía órdenes y que esta conducta “no alcanza para ser parte de una asociación ilícita” ya que ese tipo penal “reúne muchas más condiciones”. Dijo que tampoco fue parte de los cinco casos de “cohechos” que le imputan al ex funcionario. Cuestionó también a los fiscales por no haber investigado a otros funcionarios que figuran en la lista de renombrada Lista de Luters cobrando sobresueldos.

Últimos alegatos

Luego fue el turno de Federico Ruffa, abogado defensor de Gonzalo Carpintero. Ya al declarar ante el Tribunal el ex secretario privado de Mario Das Neves había admitido que se enriqueció con los sobresueldos. El abogado ratificó este aspecto, pero dijo que parte de los hechos que le imputan ya prescribieron y otra parte, según el relato cronológico de los ilícitos, en otros hechos investigados su cliente cumplía no cumplía funciones en el Chubut. Además cuestionó la declaración de la contadora Viviana Karlen del equipo de investigadores, por no explayarse lo suficiente al momento de responder preguntas de los defensores. Destacó también la permanente colaboración de Carpintero a lo largo del proceso.

Por su parte el defensor Abdo Manyauick que defiende al único empresario imputado, Martín Castillo, basó su exposición en una power point. Destacó incongruencias en el alegato del fiscal Marcos Nápoli respecto de la cantidad de hechos en los que está involucrado su cliente. También dijo que a lo largo del proceso tuvo oportunidad de recusar al representante del Ministerio Público Fiscal pero prefirió priorizar la continuidad del juicio oral y público. Manifestó además que su cliente nunca ofreció ni pagó dinero a los funcionarios, cuestionó además la gestión del ex gobernador Martín Bussi y sus consecuencias económicas negativas perjudicando a las empresas.

Dijo que su defendido está involucrado “solo por un chat entre Bianca Di Martino y Diego Luters”. Concluyó en pedir la absolución de su cliente. Resta el alegato final de Lisandro Benitez, defensor de Diego Luters, que se encuentra afectado por una cuestión de salud.

El Ministerio Público Fiscal de nuestra ciudad requiere testigos oculares del accidente de tránsito ocurrido el pasado 29 de marzo de 2021, a las 18:00hs aproximadamente, en la intersección de las Avenidas Polonia y Kennedy.

Todo testigo deberá presentarse en la sede de la Seccional Tercera, Av. Hipólito Yrigoyen 2200, a los fines de ser entrevistado respecto al hecho.

Como consecuencia del hecho una persona masculina mayor de edad, J. M., se encuentra internado en el Hospital, con lesiones graves, quien sufrió la quebradura de sus dos tibias. Fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra esperando su evolución.

Asimismo cabe aclarar que el conductor del camión, vehículo embistente, está identificado y se puso a derecho. En igual sentido fue notificado que se inició una investigación por lesiones graves culposas.

El fiscal general Marcos Nápoli dio inicio a la parte procesal de los alegatos con los que intentará lograr que se condene a los imputados en la causa. Se estima que esta parte concluirá este miércoles.

La causa llegó a debate tras una extensa investigación de presuntos delitos de corrupción a exfuncionarios provinciales de la última gestión de gobierno de Mario Das Neves y en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso, accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.

El tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales. En total la causa tiene ocho imputados, entre los que se cuentan los exfuncionarios provinciales Víctor Hugo Cisterna, Diego Miguel Correa, Gonzalo Carpintero Paterson, Pablo Alejandro Oca, Juan Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; además del empresario Martín Castillo.

En su extensa alocución hizo un repaso de todas las pruebas documentales y testimoniales que ha producido el ministerio público fiscal a lo largo de más de 2 años de investigación.

Describió la función que cada exfuncionario y empresario cumplían dentro de la asociación ilícita de la que se los imputa. Sindicó como jefe de la asociación delictual al exgobernador Mario Das Neves; “esta operación global no podría haber funcionado sin su anuencia” señaló.

Dentro de la operación ilegal recordó los porcentajes que el exministro coordinador de gabinete Víctor Cisterna había impuesto para el pago de los retornos, 3 y 5 % para las obras de las gestiones del ex gobernador Martin Buzzi y Mario Das Neves, respectivamente.

También relató que, de acuerdo a declaraciones de testigos, Cisterna iba durante las mañanas a la oficina de Pablo Bastida. Este último sindicado como recaudador dentro del grupo.

Señaló al ex ministro de economía Pablo Oca como miembro encargado de digitar los pagos en función de las planillas que se confeccionaban en el Instituto Provincial de la Vivienda, a cargo de Martín Bortgaray, y del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de Alejandro Pagani.

También describió la etapa de transición que se dio con la salida de Cisterna a cargo de la banda y su reemplazo por Diego Correa. Allí resaltó el testimonio de Diego Lüters que daba cuenta de la nueva función que le pedía Correa, específicamente la confección minuciosa de las planillas despojándolo de las tareas administrativas que venía desempeñando.

En su rol de organizador, Correa fue agregando personas a la actividad ilegal. Federico Piccione y Andrés Ninín de Comodoro Rivadavia fueron contactados para oficiar también de intermediarios y recaudadores como dio cuenta el testigo Fasciglione, el propietario de Protel (canal 9).

También describió el manejo de Martín Bortgaray dentro del IPV y su coordinación permanente bajo el seguimiento de Diego Correa. A través de las declaraciones testimoniales de los funcionarios de ese organismo pudo explicar cómo era la metodología de pago para las empresas y así éstas podían pagar los retornos.

Finalmente evaluó que el monto mensual estimado en concepto de coimas para sobresueldos y/o campaña política rondaba los $ 9.000.000.

Se refirió también la situación del empresario imputado Martín Castillo, al que describió su imputación como “experimental” en comparación a las del resto de los empresarios que fueron beneficiados con la suspensión del juicio a prueba (probation) dando cuenta que fue una decisión de estrategia procesal ofrecer ese beneficio y que Castillo no aceptó.

Sinceró el fiscal que llevar a juicio a más de 25 personas era materialmente imposible en relación a la falta de recursos que sufre el MPF.

Sobre Castillo recordó el testimonio de una empleada del banco que testificó sobre la operatoria para que la entidad pudiera hacerse de los fondos necesarios para la cuenta de Industrias Bass propiedad de Castillo. El empresario le habría dicho a la oficial de cuentas del banco que para saber si había fondos debía preguntarle a Diego Lüters ya que él tenía la información precisa.

Fuente: Política Chubut

El juez Jorge Criado dictó la incompetencia parcial del fuero provincial, de acuerdo al dictamen del fiscal Carlos Díaz Mayer, y la causa iniciada por la agresión al Presidente Alberto Fernández durante su visita a la cordillera tras los incendios pasó a la Justicia Federal, ante el pedido de inhibitoria del Juzgado Federal de Esquel y al Colegio de Jueces Penales de la ciudad.

El fiscal que tuvo a su cargo las primeras actuaciones es Carlos Díaz Mayer, quien dialogó con ADNSUR sobre las primeras acciones que se llevan adelante para identificar a los responsables de la agresión al Presidente.

Criado analizó los fundamentos del pedido y decidió avalar el dictamen fiscal para «actuar de manera colaborativa entre los diversos fueros, propendiendo al avance de las investigaciones de manera ordenada y evitando dispendios jurisdiccionales y especialmente teniendo presente», y destacó que «el Ministerio Público Fiscal es el titular del ejercicio de la acción pública, y conforme a la ley dirige la investigación, disponiendo en definitiva el cese o la continuación de la persecución penal -bajo el debido’ control judicial-, es que resulta relevante su opinión en el caso”.

Por su parte, el Juez Federal local, Dr. Guido S. Otranto requirió la inhibitoria del Colegio de Jueces Penales de seguir interviniendo en la causa que instruye el Ministerio Público Fiscal de la Comarca a partir de los sucesos del 13 de marzo de 2021 durante la visita presidencial a Lago Puelo.

Díaz Mayer dictaminó el 19 de marzo, parcialmente en favor del pedido del Federal, separando los sucesos que afectaron un móvil perteneciente a una repartición federal y al primer mandatario nacional, del daño que afectó otro vehículo de la Provincia del Chubut. Señaló el fiscal que se han investigado los episodios que podrían ser calificados como atentado a la autoridad y daños del vehículo Mercedes Benz modelo Sprinter, en el que se desplazaba el primer mandatario nacional y la comitiva, y que se produjeron en la puerta del Centro Cultural en Lago Puelo.

Pero aclaró que en el mismo Legajo Fiscal se investiga también el daño, que fue causado al rodado Renault Duster color gris, siendo un móvil no identificable de la policía de la provincia de Chubut, que se encontraba en las inmediaciones de la zona del teatro de los sucesos ya narrados.

Criado cita del dictamen fiscal las medidas autorizadas para recolectar la mayor cantidad de elementos o indicios probatorios que permitiesen avanzar en la investigación, que se logró el secuestro de prendas de vestir y aparatos de telefonía celular que tenían en su poder los sindicados como participes de las conductas investigadas, y que hasta la fecha son un total de once personas mayores de edad y a una menor de edad, las identificadas.

Y consideró adecuado que la investigación de los hechos que tuvieron como damnificado y/ o víctima a la figura del Presidente de la Nación y el rodado en el que se desplazaba (identificado con el logo «Parques Nacionales») la prosiga el fuero federal en un solo cuerpo de investigación junto con lo que se haya actuado en la Fiscalía Federal.

El pedido de la Justicia Federal dice conocer las pesquisas realizadas por la prevención provincial, con la debida autorización jurisdiccional, que arrojó como resultado la identificación de varios de los intervinientes en el evento ilícito, todo con la participación del Fiscal Díaz Mayer. Indica además que el vehículo que se dañó como consecuencia de las piedras que se arrojaron, es una camioneta que pertenece a Parques Nacionales, y que en ella se trasladaba el Presidente de la Nación junto a su comitiva, y que solo ello infiere que sea el fuero federal el que deba investigar lo sucedido.

Criado consideró que “La competencia, hasta aquí, resulta de la justicia ordinaria y en los tipos descriptos no se advierte que el haberse usado intimidación o fuerza contra un funcionario público que resultó el Presidente de la Nación, o la circunstancia de que la intención de causar daños en el rodado en el que se trasladaba el presidente -aun siendo de Parques Nacionales- haya sido la de impedir el libre ejercicio de la autoridad (si así pudiera entenderse la actividad presidencial del día 13 de marzo de 2021)”, señaló.

Continuó su análisis el juez indicando que por el solo hecho que se trate del Presidente de la Nación el funcionario público sujeto pasivo de la conducta delictual de atentado a la autoridad, o que el rodado dañado sea de Parques Nacionales, no excitan automáticamente la competencia federal. Ambos fueros tienen competencia territorial, pero podría sí tenerse en cuenta para hacer lugar a la declinatoria planteada que la duplicación de investigaciones podría entorpecer el resultado de ambas, y ello entiendo que indica el Fiscal local al considerar adecuado que la investigación de los hechos que tuvieron como al Presidente de la Nación, a la vez que se investiga los daños sufridos por el rodado en el que se desplazaba el primer mandatario nacional, la prosiga el fuero federal en un «solo cuerpo de investigación».

Por estos fundamentos, el magistrado concluye que el Ministerio Público Fiscal dictamina sobre la competencia, «y acompañaré su requerimiento de hacer lugar en forma parcial a la inhibitoria de competencia en trámite, y disponer por ello la declinatoria de competencia en favor del fuero federal».

Hay seis nuevos imputados en la causa de la agresión a la comitiva presidencial. Según confirmó el fiscal a cargo, Díaz Mayer, se demoró e imputó a tres personas a partir de un allanamiento y hubo tres más que se presentaron de manera espontánea en la Comisaría de Lago Puelo, que estaban siendo buscadas.

Díaz Mayer confirmó a Notas de Radio por FM SOL que son once personas imputadas, más la menor. Los procedimientos consisten en la demora para identificación donde se completa el prontuario policial y se realiza el reconocimiento médico de lesiones. Luego quedan en libertad, pero notificados de la imputación en la causa penal, y de la obligación de presentarse en la próxima audiencia.

Mientras tanto continúa la investigación y la producción de la prueba. El fiscal precisó que resta peritar los celulares y las prendas de vestir secuestradas, así como la determinación por fisonomía del material fílmico que fue aportado.

Asimismo, Díaz Mayer recordó: «no descarto algún planteo respecto de la competencia federal o provincial en los próximos días por la figura del delito de atentado a la autoridad presidencial».

En la mañana de este miércoles, en la Oficina Judicial de Rawson, en el marco de la audiencia de debate por la causa “Revelación”, se le tomó declaración en primer lugar Blanca Di Martino, quien hizo hincapié en comunicaciones telefónicas que surgieron de las pericias que realizó Guillermo Figueredo, perito informático de la Procuración General. Estas comunicaciones serían entre la propia Di Martino, cuando era agente de cuentas del banco del Chubut, y Diego Luters. Las mismas permitieron conocer cuando la empresa constructora Industrias Bass, perteneciente al empresario Martin Castillo, tenía disponible fondos para afrontar los pagos lo cual era bastante extraño en tanto y en cuanto se llamaba a un secretario privado de la unidad gobernador para obtener ese tipo de información.

Posteriormente declaró Daniel Faciglioni, a cargo de la firma Protel Patagonia, quien se refirió a cuál era la situación financiera que atravesaba Canal 9 de Comodoro Rivadavia durante el inicio del entonces gobierno de Mario Das Neves, es decir desde diciembre de 2015, en tanto especificó la situación al respecto pos concursal, indicando que parte de la deuda se hizo cargo un grupo de inversores y reconoció específicamente a Jorge Andrés Ninin. Respecto de este último, cabe recordar que ha sido condenado en el marco de la causa “Revelación”, ya que se lo acusa de haber integrado una asociación ilícita encabezada por Diego Correa que también tuvo como finalidad apropiarse de la firma Protel Patagónica. Asimismo y como eslabón fundamental en su declaración, dio cuenta de los diversos cheques que le hacían endosar y refirió que los mismo venían de empresas constructoras que nada tenían que ver con el objeto de la sociedad Protel Patagónica. Esto último sitúo a claras como era la maniobra que estaba encabeza por Diego Correa indudablemente estos cheques provenían del pago de retornos de empresarios vinculados a la construcción públicas y eran volcados al pago de la deuda concursal que tenía Canal 9 de Comodoro Rivadavia.

Luego llegó el turno de Fernando Zuñeda, socio de la firma INVERFER S.R.L. de Comodoro Rivadavia, quien reconoció diversos caratulares que fueron enviados desde empresas constructoras que pagaban retornos, sobre todo eran utilizados para hacer frente al pago de la deuda de Canal 9. Estos cheques eran llevados y presentados por el Federico Piccione, quien fue imputado en la presente causa y se encuentra sujeto a la suspensión de juicio a prueba previsto en el artículo 76 bis de nuestro código penal.

Por su parte, la contadora de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios de la Procuración General, Viviana Karlen, quien cumplió tareas específicas en la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la administración pública, la profesional estuvo abocada a investigar el enriquecimiento ilícito del entonces funcionario Gonzalo Carpintero, en razón de ello, dio cuenta de las diversas tareas indicadas por los fiscales Marcos Napoli y Héctor Iturrioz, concluyendo en que hubo un desfasaje patrimonial del mismo entre los años 2011 y 2017. Asimismo dio cuenta de los detalles de la construcción de la Propiedad del barrio Bonorino, de Trelew, la cual presentó cuantiosas reformas y es una propiedad de dimensiones considerables, y se sumó un terreno situado en la misma ciudad, lindante al taller Recticar, como así asimismo la adquisición de un vehículo Toyota SW 4 modelo 2017.

Además, la contadora fue contundente a la hora de indicar las distintas operaciones contables que fue realizando a los fines de ir analizando los ingresos y egresos del patrimonio de Gonzalo Carpintero.

La tarea desarrollada por la profesional fue de dimensiones considerables, teniendo en cuenta que tuvo que investigar al grupo familiar del ex funcionario lo cual implicó una tarea “grandiosa”, labor que no fue ejecutada de un día para otro sino que fue en el marco de la investigación de la causa “revelación” la cual tuvo el carácter de caso complejo, y así contar con un mayor plazo de investigación.

Para concluir, la contadora pudo demostrar que el desfasaje patrimonial investigado no coincidía con los ingresos que tenía Carpintero al momento de ejercer la función pública durante el periodo del entonces gobernador Mario Das Neves.

El último de los testigos, Walter Kobac, dio cuenta de diversas propiedades que tenía Gonzalo Carpintero, como así también la valuación de las mismas, peritaje que realizó a pedido de la unidad fiscal especializada en delitos contra la administración pública en el presente caso.

Fuente: Ministerio Público Fiscal.

En el marco de la audiencia de debate por la causa Revelación, continuaron en el día lunes, declarando, en primer lugar, el abogado Alberto Gilardino ex ministro de coordinación de gabinete del ex gobernador Mario Das Neves. Preguntado por los fiscales del Ministerio Público Fiscal, hizo referencia de haber aceptado dinero en más de una oportunidad y que el mismo le fue entregado por quien comandaba en principio esta asociación ilícita que era Diego Correa por la suma de 100 mil pesos indicó

Por otro lado dio cuenta de las funciones que cumplían los secretarios de la unidad gobernador, Diego Correa y Gonzalo Carpintero, haciendo referencia que el primero se ocupaba más de la parte administrativa y Carpintero de las cuestiones institucionales del Gobernador.

También hizo mea culpa de la hipocresía que existe en la política y sobre todo apunto a los sueldos bajos que percibían los funcionarios públicos en esos momento, indicando que no debería ser así para evitar que ocurra este tipo de situaciones, haciendo referencia a lo que se está ventilando en este juicio oral y público. A modo de conclusión Alberto Gilardino reconoció haber recibido dinero en primer lugar, pero con respecto a la suma que se expresan en la lista no eran coincidentes. Asimismo refirió al momento de su renuncia al cargo de ministro de coordinación de gabinete, haciendo hincapié sobre todo en la entrega de un sobre por parte de su ex secretaria lo cual motivo dicha decisión. El sobre que se dio a conocer a través de los periódicos fue reconocido como el sobre “Bomba” que fue entregado en la honorable legislatura dando inicio a las investigaciones en relación a delitos de corrupción, más específicamente a las causa Embrujo, Revelación y Emergencia Climática entre otras más.

El segundo de los testigos, se trató del arquitecto, Alejandro Bertorini expresidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) reconoció que durante su gestión no envió planilla alguna de obra pública a Diego Correa, ex secretario de la unidad del gobernador. Bertorini dijo ser arquitecto hace 22 años y conocer a todos los imputados. Asimismo detalló cómo funcionaba el organismo del IPV siendo un ente autárquico. Resaltó que él “envió de planillas sería una acción indebida”

La tercer testigo, fue Sandra Torres, contadora del Instituto Provincial de la Vivienda, refirió durante la gestión de Martin Bortagaray, cuando se enviaban las planillas con las órdenes de pago tanto a Martin Bortgaray como a Diego Correa, siendo esto llamativo, como un Instituto autárquico envía esas planillas a un secretario del Gobernador, acción totalmente fuera de la ley. Asimismo reconoció los chats que fueron entregados por ella y que eran enviados a Diego Correa. También dio detales de las planillas con órdenes de pago que eran enviadas a Diego Correa.

De los testimonios recogidos hasta el momento surgió “un detalle no menor, en la época de la gestión al frente del IPV, su presidente Martin Bortagaray, enviaba planillas de órdenes de pago, maniobra que no se volvió a repetir en otras gestiones”.

Fuente: MPF

El Ministerio de Seguridad de Chubut decidió que el Subjefe de Policía, Néstor Gómez Ocampo, el Director de Seguridad Paulino Gómez, el Jefe de Área Investigaciones e integrantes de la fuerza policial se aboquen a la tarea de realizar la investigación de las causales del inicio de esta catástrofe que afecta a la cordillera por los incendios, y asimismo individualizar a los posibles responsables.

Además, se puso disposición los grupos especiales GEOP Rawson e Infantería Esquel para ayudar en la emergencia ígnea en la comarca andina, quienes ya están trabajando junto a Defensa Civil colaborando en la búsqueda de las personas desaparecidas. También el Subsecretario de Seguridad Viale integrantes de la APSV colaboran con la organización vial en la zona.

El comisario general Paulino Gómez (Director de Seguridad de la Policía del Chubut) confirmó a ADNSUR, que se encuentran en la cordillera para investigar el origen de los incendios. “Por decisión del ministro de seguridad, vinimos a la zona con el comisario general Néstor Gómez Ocampo (Subjefe de Policía) para participar del COE (Centro de Operaciones de Emergencia) que se armó en El Hoyo para diagramar las tareas a desplegar. Hasta ahora, no tenemos reportada ninguna víctima fatal”.

“El Subjefe de Policía trajo a la zona al personal de la División de Investigaciones de Rawson para que se enfoque a investigar el origen de los incendios para verificar si fue intencional o no. Todavía no hay elementos contundentes y es materia de investigación junto al fiscal de turno” adelantó.

“Todo se va a investigar. No se descarta ninguna hipótesis. El subjefe armó un equipo para determinar en qué punto se originó el incendio y si hay testigos y todos los elementos del caso. La Policía sumó a los Grupos Especiales, Operaciones, Investigaciones, Unidad Regional de Esquel que se suman a Defensa Civil y los bomberos de la zona y de provincias vecinas. El objetivo principal es ayudar a las 150 personas que permanecen evacuadas en un gimnasio”, completó.

Respecto de la posible intencionalidad de los incendios, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, manifestó que «es innegable la simultaneidad de seis focos en un lapso menor a dos horas. La intencionalidad resulta evidente, y afecta no sólo a los bosques, sino también a los vecinos de las zonas aledañas. Peligran su vida y pertenencias. El fuego ya afectó a decenas de casas», señaló.

Además, destacó que desde el Ministerio están colaborando con las provincias en el combate del fuego. «No vamos a bajar los brazos frente a estos ecocidios», dijo y aseguró que se seguirán reforzando recursos y espera que la Justicia encuentre rápido a los culpables

Por su parte, el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez sostuvo que no tiene dudas de que el fuego se originó “por negligencia o por intencionalidad”. Y descartó que sea por causas naturales a la vez que destacó que no hay electricidad «porque el fuego destruyó las líneas».