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El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un «broker y empresas privadas» para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.

Los imputados son el «ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas», indicó el dictamen.

Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las «presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021», detalló el fiscal.

Una presunta maniobra defraudatoria que perjudicó a decenas de vecinos de Comodoro Rivadavia, es investigada por la Justicia. Según se indicó, la mayoría de ellos abonó 100 mil pesos para acceder a una vivienda del IPV.

En relación con las estafas de viviendas que la Fiscalía de Comodoro Rivadavia investiga y que arrojaron una serie de allanamientos en la ciudad petrolera, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut confirmaron el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, documentación, y la identificación de al menos seis personas que estarían vinculadas a la causa. Hay, al menos, 53 personas damnificadas. Los operativos contaron con la presencia y supervisión del jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; el fiscal general, Martín Cárcamo; el jefe de la División Policial de Investigaciones de Comodoro Rivadavia, Pablo Lobos, personal policial de la Unidad Regional local y de distintas dependencias, y el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz.

Seis sospechosos

Fuentes oficiales detallaron que «en total, a través de procedimientos en distintos puntos de la ciudad, se identificó a seis personas, se incautaron tres teléfonos celulares, una computadora notebook y documentación vinculada al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)», agregando que «se informaron todos los resultados a la Fiscalía y a las autoridades judiciales para que dispongan las medidas posteriores que contribuyan a desarrollar la investigación en curso».

Dos presuntos líderes 

Desde la Fiscalía de la localidad petrolera indicaron que los investigadores persiguen dos hipótesis. La primera, vinculada a una presunta estafa piramidal. En segundo orden, podría tratarse de una metodología que involucre actores políticos.

La denuncia inicial fue realizada por el edil Omar Lattanzio, luego de que tomara estado público la situación de los integrantes de una cooperativa, que dijeron haber abonado -cada uno- 100 mil pesos para acceder a la inscripción por una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV).

Si bien actualmente no hay personas imputadas y tampoco detenidas, la investigación apunta a un hombre y una mujer como líderes de la operatoria: esta última sería familiar de una conocida figura política de Comodoro Rivadavia.

«Honorarios y obras»

El fraude habría tenido lugar a mediados de 2023, pero tomó estado público luego de meses de falta de respuestas ante las promesas realizadas a quienes habían abonado una suerte de costo de inscripción a viviendas del IPV. Los damnificados ya prestaron declaración ante la Justicia, incluso precisaron que dicho monto estaba discriminado en 80 mil pesos por «honorarios de gestión», y otros 20 mil pesos por presuntas obras de tendido eléctrico a realizar.

Sigue ka investigación

La cooperativa de viviendas operaba, al menos, en tres grupos de WhatsApp. Hasta el momento, la Justicia no detectó que hubiera integrantes del IPV involucrados en la maniobra, aunque tampoco descartó dicha posibilidad.

Diego Correa, el polémico ex secretario privado del gobernador Mario Das Neves, condenado por una serie de delitos que van desde lavado de activos hasta enriquecimiento ilícito, todavía debe abonar una multa de 27,3 millones de pesos, que se fijó al momento de su sentencia en la causa conocida como “El Embrujo”.

El abogado defensor del ex funcionario, Fabián Gabalachis, cuestionó que los fiscales no hayan aceptado aún el ofrecimiento de lotes en Lago Puelo para compensar el pago de la multa que adeuda Correa, por algo más de 27 millones de pesos.

Hay que recordar que tras ser condenado a 10 años de prisión, en octubre de 2019, por una serie de delitos que se le probaron como jefe de una asociación ilícita (enriquecimiento ilícito, defraudación al Estado, lavado de activos y negociaciones incompatibles con la función pública), Correa quedó en libertad condicional desde marzo de este año.

Sin embargo, tiene pendiente el pago de la multa, además de que espera confirmación en otras dos sentencias adversas. En la causa “Revelación” fue condenado a otros 5 años de prisión; y “Emergencia climática”, por otros 4 años de cárcel.

“Los fiscales han sido contradictorios –aseguró el abogado defensor, en diálogo con Actualidad 2.0-. Durante el juicio tuvieron éxito en probar que Correa usó una empresa (Dual Core) para perpetrar los delitos por los que fue condenado, pero ahora se niegan a reconocer que los terrenos que están a nombre de esa sociedad, sean propiedad de Correa”.

La controversia que debe resolverse es porque precisamente la defensa ofrece pagar la multa pendiente con lotes ubicados en Lago Puelo, que están escriturados a nombre de la sociedad, pero no de Diego Correa. Esto llevó a la fiscalía a oponerse que se acepte ese medio de pago, lo que fue ratificado por la jueza Karina Berkley, de allí que la defensa ha impugnado esa decisión y ahora un tribunal debe resolver si acepta o no los terrenos para pagar la deuda.

MIENTRAS TANTO, LA INFLACIÓN VA DEVALUANDO EL VALOR DE LA MULTA

Un dato curioso es que el monto que debe abonar el condenado es el mismo que se fijó al momento de la condena, hace 4 años atrás. Al no haber un sistema de actualización acorde a una economía inflacionaria como la que sufre el país, ese valor representa hoy una mínima parte de lo que era originalmente.

A modo de ejemplo, una simple estimación a través de una aplicación que mide la inflación acumulada permite determinar que el valor actualizado a octubre de 2023 representaría alrededor de 245 millones de pesos. Dicho de otro modo, el monto a pagar representa casi la décima parte de lo que debería abonar si hubiera un sistema de actualización por inflación.

“Nuestro Código Penal está basado en un código de Alemania, del año 1850 y no contempla un mecanismo de actualización –reconoció Gabalachis-. Es cierto que con el paso del tiempo la multa se va devaluando, pero los recursos que interpusimos no se hicieron con esa finalidad, sino para que se permita pagar con tierras que son de su propiedad y que hoy superan holgadamente el valor de la multa”.

La familia de José Crettón, el chico de 18 años desaparecido hace ya nueve meses, designó a un abogado querellante en la causa que tiene a dos imputados por homicidio agravado con prisión preventiva.

Sergio Crettón, el papá de José, en diálogo con Fuera de Hora por Cadena Tiempo, adelantó que el abogado podría ampliar el espectro de las acusaciones.»Hay gente que ha participado, no me cabe duda», insinuó.

El lunes que viene, a las 10 horas, será la audiencia en la que la fiscal Ruth Monge podría pedir que extiendan otros tres meses el plazo de investigación para seguir recabando más pruebas o bien pedir la elevación a juicio.

Los dos únicos detenidos del caso son Daniel Napal y Carlos Painepil, de quienes la fiscal se mostró convencida de que tiene elementos suficientes como para llevarlos a juicio por más que no aparezca el cuerpo de Crettón.

Por lo pronto, el abogado querellante, Juan Zapata, revisará todo lo actuado hasta el momento, dijeron desde el entorno de la familia.

Mientras tanto, los Crettón piden que no se detenga la búsqueda de los restos del joven del cual hasta ahora no hay ningún rastro.

Concluyeron en que a su paso por la función pública entre los años 2016 y 2019, Carlos Barbato se enriqueció de manera ilegal, adquiriendo propiedades y vehículos de alta gama.

La Cámara de Apelaciones de Trelew confirmó la sentencia a la que arribó el Tribunal del juicio oral y público que se siguió contra el ex funcionario público del Chubut Carlos Barbato y su esposa Erica Perrone que fueron condenados a tres años y dos años de prisión condicional respectivamente, el primero por el delito de enriquecimiento ilícito como funcionario público y la segunda porese delito aunque en carácter de interpósita persona.

El Tribunal de Juicio y luego los tres camaristas, concluyeron en que a su paso por la función pública entre los años 2016 y 2019, Carlos Barbato se enriqueció de manera ilegal, adquiriendo una casa en Playa Unión de más de 200 metros cuadrados, con detalles de categoría, más varios vehículos de alta gama, cuatriciclos y un UTV, bienes que no pudo justificar y no guardaron relación con sus ingresos, su esposa Erica Perrone era consciente y sabia de ello al administrarle los bienes que iban adquiriendo. La Sentencia de Cámara ordenó el decomiso de todos los bienes.

El abogado defensor de ambos, el penalista Fabián Gabalachis había cuestionado ese veredicto  ante la Cámara de Apelaciones de Trelew, sobre la base de una pericia contable que realizó un contador del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General.

El tribunal de juicio estuvo integrado por las juezas Karina Breckle, María Tolomei y el juez José Ennis. Los otros tres camaristas que esta semana confirmaron esa resolución fueron Alejandro De Franco, Adrián Barrios y César Zaratiegui.

Barbato y su esposa fueron investigados por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, por el delito de enriquecimiento ilícito en carácter de autor y por ser funcionario público para Barbato, y el mismo delito como «interpósita persona» para Perrone. El matrimonio, ahora, deberá hacerse cargo, además de las costas del proceso, los honorarios de los abogados defensores. También inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos y deberán hacer un curso de 20 horas sobre ética pública.

La investigación estuvo a cargo de los fiscales Omar Rodriguez y Alex Williams, además del equipo de trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública del Ministerio Público, Fiscal del Chubut y contadores del Equipo Técnico Multidisciplinario dependiente de la Procuración General del Chubut.

Cabe recordar que Barbato fue funcionario público en el Chubut desde el año 2003, cumpliendo una gran variedad de funciones en importantes cargos en la administración pública del Chubut. Fue Gerente de Lotería, ocupó cargo en la Coordinación de Gabinete y fue asesor en la Legislatura. Desde 2015 estuvo en el IAS hasta 2019, año en que renunció. Además, cumplió funciones en el Banco del Chubut.

La defensa del líder de la RAM había intentado apartar a Villanueva, quien previamente había intervenido en otro proceso de extradición del acusado.

El proceso de extradición de Francisco Facundo Jones Huala a Chile continúa avanzando luego de que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo del juez Mariano Hernán Borinsky, declarara inadmisible el recurso interpuesto por su defensa contra el rechazo de la recusación del juez federal Gustavo Villanueva.

A pesar de que la recusación fue rechazada por el juez subrogante del juzgado federal de San Carlos de Bariloche, Ezequiel Humberto Andreani, los abogados Gustavo Franquet y Eduardo Soares interpusieron un recurso de casación que fue concedido y mantenido ante el máximo tribunal penal del país. Sin embargo, la decisión de declarar inadmisible el recurso fue tomado por el camarista Borinsky, quien dijo que la decisión recurrida en casación no cumple con los requisitos necesarios.

En la causa, el jefe de la RAM es requerido por Chile para cumplir el resto de una pena por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de armas de fuego de fabricación artesanal. A Jones Huala aún le queda un año, cuatro meses y diecisiete días de su condena de 9 años de prisión.

Fuente: Infobae

La Justicia otorgó este jueves la libertad condicional al ex funcionario provincial Diego Correa, condenado en las causas de corrupción “Embrujo”, “Revelación” y “Emergencia Climática”. Residirá en Playa Unión.

En marzo de 2018 Correa, ex secretario privado del gobernador Mario Das Neves, fue detenido por la causa “Embrujo” y posteriormente estuvo involucrado en las causas “Revelación” y “Emergencia Climática”.

En este caso, la Justicia otorgó la libertad condicional al haber cumplido más la mitad de la pena de 10 años de prisión que se le impuso en la causa “Embrujo”.

Vale señalar que esa condena se encontraba firme ya que las restantes por “Revelación” (5 años y medio) y “Emergencia Climática” (4 años y medio) se encuentran en etapa de impugnación, a la espera de la resolución de la Justicia.

En noviembre Correa ya había sido beneficiado con las salidas transitorias y ahora con la decisión de la Justicia, que no tuvo oposición de parte de la Fiscalía, el ex funcionario dejará la Alcaidía de Trelew para radicarse en su casa de Playa Unión.

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada el 6 de diciembre de 2022  a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos  por asociación ilícita,  por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez durante su gestión.

Este jueves, desde las 9 de la mañana, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, darán a conocer los argumentos que llevaron a fijar dicha condena contra la vicepresidenta de la Nación.

A partir de allí, las partes estarán en condiciones de apelar las condenas y las absoluciones para que sean revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal. Para eso, tendrán 10 días hábiles, pero es probable que pidan una prórroga de ese plazo por lo extenso y complejo del caso.

El tribunal condenó a Cristina Kirchner y a otras ocho personas, entre ellas Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y a cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Los jueces entendieron que cometieron el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración en la entrega de 52 obras públicas para la provincia a las empresas de Báez.

A la ex presidenta también se la condenó a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos por lo que entendieron era el producto del delito.

En tanto, otros cuatro acusados fueron absueltos, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex funcionario de Planificación Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

Ambos estaban acusados “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado”. Korn era subsecretario de Servicios Públicos de la provincia, y D’amico proveedor del estado de insumos eléctricos durante el temporal del 2017.

El Tribunal integrado por los jueces Karina Breckle como presidente, acompañada por Silvina Vélez de Lago Puelo y Ariel Quiroga de Sarmiento, resolvieron en forma unánime declarar a Pablo Korn y Dario Damico absueltos de todos los cargos en su contra.

Este miércoles después del mediodía se dio a conocer la resolución a través de la Oficina Judicial de Rawson, a cargo de la jueza Karina Breckle quien realizó la lectura del veredicto de primera instancia.

El extenso y complejo debate llegó a su final, desarrollándose correctamente con la mayoría de los protagonistas mediante video conferencia. Fueron jornadas de doble turno con largos alegatos de réplicas y contra réplicas por parte de los acusadores y el defensor.

El Ministerio Público Fiscal del Chubut, fue representado por el fiscal Omar Rodríguez, titular de la UFE y el fiscal jefe de Puerto Madryn, Alex Williams, quienes llevaron adelante la acusación durante todo el proceso y consideran la posibilidad de apelar la medida ante una instancia superior.

La defensa de Pablo Korn y Dario Damico la ejerció el abogado Federico Ruffa.

El ex funcionario está siendo juzgado por supuestas irregularidades las adquisición de materiales durante la emergencia climática de Comodoro en 2017, y aunque reconoció su amistad con el comerciante de Trelew al que Provincia realizó varias compras, negó cualquier tipo de vinculación en los negocios. Reveló que en el Valle «conozco casos de muchos que contratan amigos», aunque no quiso dar nombres.

El ex funcionario Pablo Korn, imputado por supuestas irregularidades las compras de materiales en la emergencia climática de Comodoro Rivadavia del 2017, negó ante el tribunal las acusaciones en su contra en el juicio que se lleva adelante en Rawson.

“No beneficié ni a D’Amico ni a ningún otro proveedor. Lo hice para colaborar en situaciones extremas, para actuar con rapidez», se defendió Pablo Korn quien aclaró que su amistad con el comerciante de Trelew, también imputado, y su desempeño como funcionario público nunca se cruzaron.

“Nuestras familias son conocidas y amigas de muchos años, y compartimos los mismos círculos y mismos ambientes. Pero eso el vínculo no tuvo incidencia para generar beneficios en función de mi cargo público. Es real que nuestras familias participan en inversiones inmobiliarias, pero nada tienen que ver con los hechos que se investigaron”, declaró Korn.

Pablo Korn y Darìo D’Amico están imputados por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado” en calidad de autor (Korn) y de partícipe necesario (D’Amico)”.

La exposición de Korn se extendió por dos horas y media. La última pregunta la realizó el fiscal general Rodriguez. Tenía que ver con que si conocía casos de funcionarios públicos que tenían relación de amistad con proveedores del Estado. La respuesta de Korn fue afirmativa. Dijo que “conozco casos de muchos que contratan a amigos».