En las últimas noticias, la liberación de Abraham Oseguera, conocido como Don Rodo, genera controversia en México. Como uno de los principales operadores del CJNG y hermano mayor de Nemesio Oseguera, El Mencho, su detención previa es considerada un asunto de «seguridad nacional» por el presidente López Obrador. Sin embargo, a pesar de las declaraciones del mandatario, Don Rodo es puesto en libertad en la madrugada de ayer.
Los esfuerzos de la Fiscalía General de la República (FGR) por mantenerlo detenido resultan infructuosos. Además, al no ser reclamado por Estados Unidos, es liberado sin mayores obstáculos. Incluso envía un mensaje al secretario de Estado, Antony Blinken, en relación con un informe sobre derechos humanos que denuncia las presiones del Ejecutivo al Poder Judicial.
La liberación de Don Rodo pone en evidencia las deficiencias del sistema de seguridad y justicia en México. La FGR admite que es detenido sin orden de cateo, ya que en tres ocasiones un juez de control niega dicha orden. Además, la versión presentada por la FGR sobre su detención difiere de la presentada por los militares que llevan a cabo el operativo. La defensa de Don Rodo se basa en los testimonios de la policía municipal de Autlán, una ciudad que es conocida por ser el centro de operaciones del CJNG y que trabaja abiertamente con ellos. Incluso el presidente municipal participa en la defensa del hermano de El Mencho. A nivel judicial, no se presentan pruebas suficientes para mantener a este personaje clave del CJNG en prisión.
Este caso refleja la falta de coordinación, compromiso y claridad en los objetivos a la hora de judicializar casos en el ámbito de la seguridad. Sin embargo, el problema no se limita a este caso en particular. La politización y el doble discurso del gobierno en la aplicación de la justicia también son aspectos centrales del problema.
La reciente aprobación de una Ley de Amnistía plantea serios cuestionamientos. Esta ley otorga al Presidente de la República la autoridad para liberar a cualquier delincuente detenido en cualquier etapa del proceso, sin importar el delito del que se le acusa. Esta medida coloca al Presidente por encima de cualquier instancia judicial o de investigación, y seguramente será revisada por la Suprema Corte.
Un ejemplo de cómo se utiliza la justicia con fines políticos es el caso de Israel Vallarta, acusado de seis secuestros y detenido junto con su pareja, Florence Cassez. A pesar de las pruebas y testimonios en su contra, el presidente López Obrador busca liberarlo para acusar a Genaro García Luna y a Carlos Loret de Mola, relacionándolos con el operativo en el que son detenidos hace 19 años Cassez y Vallarta. El exministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, respalda la liberación de Vallarta en varias ocasiones, a pesar de que distintos tribunales lo consideran culpable. La defensa de Vallarta utiliza amparos para evitar una sentencia definitiva y ahora se abre una nueva oportunidad para dejarlo en libertad.
El uso de testigos protegidos también complica la situación. Estos testigos aparecen y declaran según convenga a las autoridades, sin sustentar sus declaraciones en pruebas sólidas. Por ejemplo, Sergio Villarreal, conocido como «El Grande», uno de los líderes del cártel de los Beltrán Leyva, declara que entrega millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Sin embargo, el mismo testigo también afirma que entrega tres millones de dólares a Genaro García Luna en la misma época. El gobierno utiliza el testimonio de «El Grande» contra García Luna, pero lo rechaza rotundamente cuando el mismo testigo acusa al presidente. Esta inconsistencia pone en riesgo la credibilidad de los testigos protegidos y puede ser utilizada en su contra en futuros juicios.
Otro caso que genera incertidumbre es el del secuestro del obispo Salvador Rangel
