El concejal Rubén Cáceres respaldó el pedido de intervención judicial que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, elevó al INAES.
Según Cáceres, esta intervención es una medida «lógica y razonable», y subrayó que la conducción actual de la Cooperativa de Trelew “hizo todo lo necesario para ser desplazada”.
“La intervención es una herramienta con la que cuentan los órganos de fiscalización del Estado, en este caso el INAES, para cuando se detectan irregularidades”, explicó el concejal, destacando que la justicia podrá sustituir tanto la presidencia como la asamblea de la entidad. Cáceres no escatimó críticas hacia la actual conducción de la cooperativa, a la que acusó de haber llevado adelante un “proceso electoral absolutamente irregular”, cuyo único objetivo era perpetuarse en el poder.
“Los derechos de más de 35.000 socios fueron cercenados en ese proceso. La cooperativa, en vez de corregir su rumbo, ha perpetuado un estado económico-financiero desastroso, con deudas, cesación de pagos y al borde de la quiebra”, afirmó en diálogo con el periodista Martín Busi en el programa La Última Palabra que se emite por FM EL CHUBUT. Para Cáceres, la situación actual de la cooperativa justifica sobradamente la intervención por parte del Estado.
Además, el edil señaló que la primera tarea del interventor designado será convocar a nuevas elecciones para el recambio de autoridades. “El proceso electoral fue anulado y la prioridad será organizar uno nuevo lo antes posible. Luego, deberá abordar los problemas estructurales de la cooperativa, que afectan directamente a los servicios públicos esenciales”, agregó Cáceres.
El concejal también se refirió a su proyecto legislativo, que busca mejorar el control y regulación municipal sobre la cooperativa. Aunque el proceso de intervención está en marcha, Cáceres afirmó que su iniciativa sigue vigente y será presentada en los próximos días. “Es necesario derogar el MEC, un mecanismo de actualización por inflación que solo perpetúa los problemas de fondo. Además, debemos adoptar medidas para fortalecer el control del municipio sobre la cooperativa”, aseguró.
Finalmente, Cáceres indicó que la intervención judicial comprenderá la suspensión de todas las actividades de los órganos de administración de la cooperativa, incluyendo la presidencia y el consejo de administración. “El interventor asumirá esas funciones, y aunque desconozco si se ha fijado un plazo, es claro que su objetivo será reordenar la situación de la entidad”, concluyó.