Fuerzas federales. El Ministerio de Seguridad advirtió que Roberto Gallardo «ha sobrepasado los límites de su rol con una clara intención política, interfiriendo en tareas del Poder Ejecutivo y obstaculizando la labor de las fuerzas federales en la protección de los ciudadanos».
El Ministerio de Seguridad anunció que denunció por «mal desempeño en sus funciones» al juez Roberto Gallardo, luego de que ordenara que el Gobierno porteño organice el operativo que se desarrollará el miércoles en el marco de la nueva marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso y prohibiera la intervención de las fuerzas federales, según publicó C5N.
También, detalló el contenido de la denuncia. «Lo recusa por parcialidad y prejuzgamiento, apela la medida cautelar, se plantea la nulidad y se objeta su competencia para intervenir. Sus fallos han puesto trabas a las políticas de seguridad y limitado la capacidad de acción del Estado, evidenciando una inclinación en favor de ciertos sectores, lo que pone en duda su imparcialidad», marcó.
«Por este motivo, hemos solicitado que los organismos competentes revisen su accionar y adopten las medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la Justicia», añadió en esta línea.
«Es fundamental recordar que la seguridad de los edificios nacionales y sus alrededores, así como la protección de la vida democrática, son responsabilidades exclusivas de las Fuerzas Federales. Este Ministerio reafirma su compromiso con el orden, la seguridad y el respeto a la ley, y no permitirá que decisiones injustificadas afecten la protección de los argentinos de bien», concluyó.
La orden de Roberto Gallardo para que sea el Gobierno porteño el que despliegue el operativo por la marcha en el Congreso
El juez Roberto Gallardo ordenó este domingo que el Gobierno porteño organice el operativo que se desarrollará el miércoles en el marco de la nueva marcha de jubilados que se realizará en las inmediaciones del Congreso. De esta manera, dispuso que el Ministerio de Seguridad nacional no intervenga en el despliegue, por lo que las fuerzas federales no podrán interceder.
Gallardo, quien se encuentra a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso que el Gobierno porteño «reasuma sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia de seguridad pública» y organice y despliegue el operativo de seguridad que se llevará adelante el miércoles
La resolución, que se produjo tras una presentación de los cosecretarios de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y secretarios de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato y Maia Volcovinsky y el secretario general y representante legal de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Walter Gramajo, también ordenó que el Gobierno nacional no interfiera en la autonomía de la Ciudad.
En tal sentido, el juez cuestionó los últimos operativos que se llevaron adelante en las afueras del Congreso, que fueron dispuestos por la administración de La Libertad Avanza. «En los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos», expresó.
«Es igualmente preocupante la actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional, quien sin tapujo alguno avanza sobre la autonomía de la CABA so pretexto de aplicar protocolos que ‘proponen’ asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña en el contexto de una manifestación», advirtió en esta línea.
También, se refirió a la independencia de la Ciudad. «Aunque últimamente no lo parezca, las normas existen, los mandatos constitucionales también. La autonomía de la CABA no debe verse nuevamente puesta en tela de juicio, nada de lo que acontece cada miércoles es novedoso: la omisión del Poder Ejecutivo local en instrumentar políticas de seguridad en estas concentraciones se erige inconcebiblemente como un abandono de poder, cediendo autonomía, rebajando a las fuerzas de seguridad locales a simples espectadores o ayudantes», marcó.
