La República Argentina informó a la jueza estadounidense Loretta Preska que pedirá a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno nacional que cooperen con el tribunal del Distrito Sur de Nueva York y entreguen sus dispositivos móviles y comunicaciones.
La medida responde al pedido de la magistrada en el marco del proceso judicial que mantiene el país por la expropiación de YPF, cuya sentencia original lo condenó a pagar más de 16.000 millones de dólares al fondo Burford Capital.
La presentación fue realizada por los abogados del Estado argentino y divulgada por el analista Sebastián Maril, quien sigue de cerca la causa. En el escrito, el Gobierno solicitó una prórroga hasta el 21 de noviembre para completar la entrega de los datos requeridos, debido a la complejidad del procedimiento y la cantidad de funcionarios involucrados.
El requerimiento forma parte del proceso conocido como “discovery”, etapa en la que el demandante busca obtener pruebas para respaldar su reclamo. En este caso, Burford Capital pretende demostrar que el Estado argentino e YPF actuaron como una misma entidad, lo que en términos legales se denomina “alter ego”.
Si la jueza Preska acepta ese planteo, los demandantes podrían solicitar el embargo de activos pertenecientes a YPF y otras empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, ENARSA o el Banco Central, con el objetivo de garantizar el cobro de la millonaria condena. La posibilidad de esa ampliación de responsabilidad mantiene en alerta al equipo jurídico argentino. Información extraída de LA17.
