El Gobierno argentino comunicó su decisión de cooperar con la justicia estadounidense en el marco de la causa YPF, informando a la jueza Loretta Preska que entregará los correos y mensajes solicitados por el tribunal de Nueva York
Sin embargo, pidió una extensión del plazo hasta el 21 de noviembre para cumplir con el requerimiento.
En una presentación formal ante la jueza Preska, los abogados del Estado argentino confirmaron que el país accederá a entregar las comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios involucrados en la investigación. La medida busca evitar sanciones procesales y demostrar buena voluntad en un caso que mantiene a la Argentina bajo la lupa judicial por un reclamo millonario.
Según C5N , la prórroga solicitada tiene como objetivo disponer de tiempo adicional para obtener el consentimiento de los 35 funcionarios y exfuncionarios cuyos mensajes fueron requeridos. De esta forma, el Gobierno procura cumplir con los procedimientos de privacidad establecidos por la legislación nacional.
Un cambio en la estrategia oficial
Esta decisión representa un giro en la postura del Gobierno argentino, que semanas atrás había mostrado resistencia a entregar la información alegando razones técnicas y legales. Ahora, la prioridad pasa por colaborar con la investigación sin que eso implique reconocer el contenido de los mensajes solicitados.
Los abogados estatales aclararon que la entrega del material se realizará respetando los protocolos de confidencialidad y que el proceso se encuentra bajo la supervisión de la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Economía.
Qué definirá la jueza Loretta Preska
La magistrada estadounidense deberá resolver en los próximos días si acepta la prórroga pedida por la Argentina y bajo qué condiciones se concretará la entrega del material.
El avance de esta etapa será clave para definir los próximos pasos del litigio internacional y podría influir en las sanciones que el tribunal evalúa aplicar si el país no cumple con los plazos establecidos.
Con esta decisión, el Gobierno argentino busca ganar tiempo y mostrar cooperación ante la justicia estadounidense, mientras intenta evitar nuevas tensiones diplomáticas y procesales en un caso que continúa siendo sensible para la economía nacional.
