Un análisis del diputado Guillermo Michel advierte que la reforma laboral concentra un enorme beneficio fiscal en pocas firmas, con fuerte impacto en las provincias.
La Ley de Modernización Laboral que debate el Congreso incluye una baja en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades que generará un impacto fiscal de 0,3 puntos del PBI, equivalente a unos $3,1 billones anuales. Sin embargo, un informe del diputado nacional Guillermo Michel revela que este beneficio estará extraordinariamente concentrado: solo 144 grandes empresas se llevarían más de la mitad (56,4%) de esa reducción impositiva. Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas (NA), la medida también recortaría la coparticipación federal a las provincias en $1,7 billones.
El artículo 191 del proyecto establece la reducción de dos tramos del impuesto: del 30% al 27% para ganancias entre $101,7 millones y $1.016,8 millones, y del 35% al 31,5% para ganancias superiores a ese monto. Este cambio se suma a otros beneficios fiscales recientes para el mismo sector, como la baja a 0% de los derechos de exportación.
Una concentración extrema en la estructura tributaria
El análisis, elaborado con datos oficiales del organismo recaudador ARCA (ex AFIP), expone la profunda desigualdad en la base de contribuyentes. De las 163.587 sociedades que declararon el impuesto en 2024, un grupo minúsculo domina la recaudación.
Las 144 empresas más grandes (apenas el 0,1% del total) son responsables del 56,4% de lo recaudado por Ganancias Sociedades. En el extremo opuesto, 146.257 sociedades (el 89,4% del total) aportan en conjunto solo el 7,9% del impuesto. Esta segmentación demuestra, según el informe, que la baja beneficiaría desproporcionadamente a una élite empresarial ya altamente concentrada.
El impacto directo en la recaudación nacional y provincial
El Presupuesto 2026 proyecta recaudar $48,4 billones por Ganancias (4,48% del PBI), de los cuales $34,3 billones corresponden a sociedades. Con la reforma, esa cifra caería a $31,7 billones, generando el déficit de $3,1 billones anuales.
El golpe más duro, no obstante, lo recibirán las provincias. Debido a la ley de Coparticipación Federal, de ese faltante total, $1,7 billones corresponden a recursos que dejarán de llegar a las arcas provinciales. Esto representa una pérdida mensual promedio de $144.000 millones durante todo 2026. Las jurisdicciones más afectadas serían:
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Provincia de Buenos Aires: $366.557 millones anuales menos ($30.546 M/mes).
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Santa Fe: $148.698 millones anuales menos ($12.391 M/mes).
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Córdoba: $145.240 millones anuales menos ($12.103 M/mes).
Cuestionamientos sobre la forma y el fondo de la medida
El diputado Michel formula tres preguntas centrales al oficialismo: ¿cómo compensará el Gobierno la caída de 0,3 puntos del PBI? ¿Cómo ajustará el gasto para mantener el superávit presupuestario? ¿De qué manera resarcirá a las provincias por la pérdida de $1,7 billones en coparticipación?
Además, cuestiona la oportunidad y la pertinencia de incluir un cambio fiscal de tal magnitud dentro de una reforma laboral. Michel sostiene que esta «baja intempestiva» requiere un análisis profundo y un debate específico, y no debería tratarse como «un punto más» de una ley centrada en las relaciones del trabajo.
Una discusión que trasciende lo tributario
El informe pone el foco en una tensión fundamental del proyecto oficial: la búsqueda de incentivos para el sector empresario versus la sostenibilidad de las cuentas públicas nacionales y provinciales. La revelación de que el beneficio se concentraría en un puñado de grandes compañías agrega un fuerte componente de equidad distributiva al debate.
Mientras el Gobierno argumenta que la medida estimulará la inversión, los críticos ven una transferencia de recursos públicos altamente regresiva que debilitará las finanzas de gobernadores e intendentes en un contexto ya complejo. La discusión en el Congreso deberá dirimir no solo la eficacia económica de la propuesta, sino también su justicia fiscal y sus consecuencias para el federalismo argentino.