Justicia y privilegios bajo la lupa
La filtración de registros filmicos que involucran a figuras clave del Poder Judicial ha abierto una grieta profunda en la confianza pública de la provincia. Mientras algunos sectores intentan desviar la atención hacia la «ilegalidad» de la difusión, la gravedad del contenido pone bajo la lupa al Procurador General, Jorge Miquelarena, y a los fiscales intervinientes en causas de corrupción.
La sombra sobre la Procuración
El silencio o la respuesta corporativa de Jorge Miquelarena ante los comportamientos de sus subordinados genera una preocupación legítima.
Como cabeza del Ministerio Público Fiscal, su responsabilidad no termina en la gestión administrativa, sino en garantizar que quienes persiguen el delito sean ejemplos de probidad. La protección institucional hacia funcionarios cuestionados, en lugar de una apertura total a la investigación de sus conductas, sugiere un sistema que prioriza la supervivencia de sus integrantes por sobre la transparencia que la sociedad demanda.
La madre del «Chavo» Ferreyra para 12 millones para que a su hijo le dieran una pena mínima y ahora lo allanaron a él y no al abogado Martin Castro y mucho menos a la Fiscal Julieta Gamarra sobrina de Jorge Miquelarena. Ni siquiera los separaron de sus cargos preventivamente ni le secuestraron los celulares.
Pero al Chavo le cayeron como Kiko al Chavo del 8. A darle coscorrones en la cabeza ¿para que de calle o para silenciar a su mama? Parece que lo tomaron de rehén.
El eje Castro-Gamarra: ¿Justicia o connivencia?
El caso que involucra al abogado Martín Castro y a la fiscal Julieta Gamarra no puede reducirse a una «opereta» mediática. Lo que está en juego es la metodología con la que se administra la justicia en casos de alto perfil.
Cuando los límites entre la defensa y la fiscalía se vuelven difusos, o cuando se sospecha que existen acuerdos extrajudiciales para beneficiar a acusados de malversación de fondos públicos, la institución misma entra en crisis.
La editorial del diario El Chubut, que optó por victimizar a los involucrados y criminalizar la difusión del material, parece ignorar un principio básico: el interés público.
En casos de posible corrupción judicial, el derecho de la ciudadanía a saber cómo operan sus fiscales y abogados defensores prevalece sobre el decoro de los funcionarios.
Una «salud institucional» en terapia intensiva
Proponer una tregua de «dos años sin videos» no es una solución para la salud de la provincia; es, en la práctica, un llamado al silencio. La verdadera salud institucional no se logra ocultando las irregularidades, sino exponiéndolas y depurando los organismos.
Atacar al mensajero en este caso la periodista Silvina Cabrera para salvar al mensaje es una estrategia antigua que ya no tiene lugar en una sociedad que exige rendición de cuentas. La provincia no necesita menos difusión, necesita más justicia y funcionarios que no teman a la luz pública porque sus actos son, efectivamente, irreprochables.
Ahora lo único que falta es que sea condenada la periodista Silvina Cabrera, o allanada, donde le secuestren todas sus pertenencias porque la culpable es ella ahora en lugar de Martin Castro que fue el que embolso 12 millones de pesos involucrando a la Fiscal Julieta Gamarra.
