El sector pesquero volvió a expresar su malestar por la política económica nacional, luego de un nuevo anuncio de reducción de retenciones que no incluyó a la actividad.
Así lo planteó Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), en una entrevista en el programa “El Quinto Poder” por #LA17, donde señaló que la exclusión se repite y genera incertidumbre en un contexto ya complejo.
De la Fuente explicó que, una vez más, la pesca quedó al margen de los beneficios otorgados a otros segmentos del sector agroindustrial, a pesar de los reiterados planteos realizados. En ese sentido, sostuvo: “Otra vez no hemos sido tenidos en cuenta para la quita de retenciones”, y remarcó la dificultad de justificar esa decisión cuando, según dijo, el propio Gobierno había asumido compromisos públicos durante la campaña.
El dirigente consideró que el momento elegido profundiza la preocupación, ya que el Congreso se encuentra en pleno tratamiento del presupuesto 2026, instancia en la que podrían discutirse cambios de fondo. “Nunca es inoportuno gestionarlo, sobre todo en la fecha que estamos”, afirmó, al señalar que todavía existe margen para negociaciones políticas que contemplen al sector pesquero.
Durante la entrevista también se refirió a los controles nacionales de peso en las descargas, una situación que generó inquietud en algunas plantas. De la Fuente aclaró que se trata de facultades de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización, aunque subrayó que el reclamo apunta al costo que implica ese procedimiento. “Solicitamos que no sea un costo adicional”, expresó, y explicó que el servicio suele prestarse a través del SUPA, lo que deriva en facturación a las empresas.
El presidente de CAPIP detalló que la entidad envió varias notas formales a la Dirección Nacional, no para cuestionar los controles, sino para pedir precisiones. “Que manden todos los controles que sean necesarios”, indicó, aunque reclamó claridad sobre quién asume el impacto económico, especialmente cuando las descargas se realizan en aguas nacionales durante las temporadas de langostino y calamar.
En ese marco, advirtió que la acumulación de costos afecta la competitividad, en un escenario que describió como delicado. “Hace meses venimos diciendo que necesitamos buscar competitividad y agregar costos a algo que está bastante deprimido no nos ayuda”, señaló, y agregó que las facturas por esos servicios comenzaron a llegar a las plantas, aunque fueron desconocidas por las empresas.
Consultado sobre la existencia de una estrategia integral para la actividad, De la Fuente fue contundente. “Si hay una política sobre la economía de la pesca, tomando dimensión de dónde está parada hoy, yo te diría que no”, afirmó, y apuntó al Consejo Federal Pesquero como un ámbito donde predominan decisiones administrativas sin una mirada económica más amplia.
El dirigente también puso el foco en el potencial del sector, al recordar que la pesca argentina mantiene exportaciones cercanas a 2.000 millones de dólares anuales. A su entender, ese piso podría superarse si existieran condiciones estables. “El sector hace un esfuerzo por reinvertir, por armar barcos nuevos, por plantas de primera línea”, explicó, aunque insistió en que ese esfuerzo no alcanza sin acompañamiento estatal.
En otro tramo de la charla, recordó debates previos impulsados desde el Estado nacional que generaron fuerte rechazo en la actividad, como los planteos incluidos en la Ley Bases. Allí mencionó propuestas vinculadas a descargar en puertos lejanos o modificar criterios de tripulación, que, según sostuvo, desconocían la realidad de la industria pesquera argentina.
De la Fuente también comparó la situación local con la de otros países competidores y citó un ejemplo reciente. “El presidente de Ecuador estaba gestionando en Estados Unidos la baja de aranceles para su camarón de cultivo”, relató, mientras en Argentina el sector discute retenciones, aranceles y costos logísticos de manera simultánea.
El titular de CAPIP remarcó que la actividad mantiene un compromiso sostenido con la sustentabilidad del caladero, respaldado por datos oficiales. Recordó que la captura máxima permisible de merluza pasó de 100.000 toneladas en los años de emergencia a más de 370.000 toneladas en la actualidad, una recuperación que atribuyó a políticas de largo plazo. “Si no empiezan a tener una mirada como actividad económica sobre esto, no nos van a ayudar mucho a que seamos competitivos”, concluyó. Información extraída de LA17.