De acuerdo con el escenario legislativo previo a la sesión prevista para este miércoles a las 12 en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró reunir los respaldos necesarios para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
Sin embargo, durante la negociación parlamentaria quedó expuesto el riesgo de que la iniciativa sufra la caída de un capítulo completo en la votación en particular debido a las objeciones planteadas por bloques dialoguistas.
Según trascendió tras una reunión a puertas cerradas realizada el jueves pasado en el Salón de Honor, el PRO y la UCR comprometieron su acompañamiento al texto original o con retoques. En contraste, los espacios Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi exigieron modificaciones estructurales en el capítulo 7 como condición para aportar sus votos. Ante la oferta oficial de realizar únicamente cambios menores, se incrementó la posibilidad de que ese apartado sea rechazado en el recinto, dado que al incluir reformas al sistema electoral requiere una mayoría especial de 129 votos. Frente a este panorama, en el ámbito parlamentario no se descarta que el Ejecutivo acceda a retirar dicho tramo para asegurar un respaldo amplio sobre las sanciones a empresas petroleras que operan sin permiso argentino en el Atlántico Sur.
Además de este expediente, el temario de la sesión especial incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en delitos de menores y contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.
El resistido capítulo sobre injerencia extranjera y financiamiento
El articulado del capítulo 7 establece severas sanciones económicas contra ciudadanos extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas foráneas que financien campañas electorales. Asimismo, incorpora nuevas figuras penales vinculadas a la «injerencia extranjera», fijando penas de prisión para quienes faciliten operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado u organización externa que afecten la seguridad nacional o la integridad territorial, así como para quienes entreguen secretos o colaboren en maniobras clandestinas. También prohíbe la organización y financiación de campañas de injerencia y actos de sabotaje.
A raíz de los cuestionamientos recibidos durante el tratamiento previo, el oficialismo aceptó excluir de cualquier persecución penal o económica a la actividad diplomática ajustada al derecho internacional, la expresión pública de opiniones por parte de Estados extranjeros, el ejercicio del periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses dentro del marco legal. No obstante, persisten reparos en distintas bancadas respecto de la intervención de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior y los protocolos de derribo de aeronaves y hundimiento de buques.
Los puntos clave del proyecto de Malvinas y las críticas opositoras
El eje central de la propuesta apunta a ampliar las facultades del Poder Ejecutivo frente a la aparición de una «amenaza externa». Desde el peronismo y la izquierda calificaron la iniciativa como un «caballo de Troya» que promueve una concentración inédita de atribuciones en el Ejecutivo para dictar medidas excepcionales de manera ordinaria. Asimismo, desde esos sectores opositores señalaron que los conceptos de «terrorismo» y «amenaza externa» presentan definiciones laxas que podrían habilitar discrecionalidad para restringir libertades civiles y políticas, especialmente al otorgar rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) bajo el criterio de «motivos razonables para sospechar».
En materia de recursos naturales, el dictamen mantiene penas de hasta 20 años de prisión para directivos, socios y proveedores de firmas que exploten recursos en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina, aunque excluye a accionistas con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión indirectos. También se redujeron las multas económicas, que pasaron de un rango de 20 mil a 100 mil barriles de petróleo a uno de entre 2 mil y 40 mil barriles.
Por último, a instancias de los bloques aliados, el oficialismo incorporó cambios institucionales relevantes en la estructura de control:
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Consejo de Seguridad Nacional: Será presidido por el Presidente e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica, sumando como miembros no permanentes a las autoridades de ambas cámaras del Congreso y a gobernadores. Podrá adoptar medidas urgentes como restringir operaciones cambiarias, bloquear activos y modificar derechos aduaneros ante amenazas graves.
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Comisión Bicameral de Seguimiento: Creada a pedido del diputado Eduardo Falcone (MID), auditará las decisiones del Consejo, al cual el Ejecutivo deberá reportar cada medida adoptada en un plazo máximo de 48 horas.
