El presidente de CONARPESA respondió al abogado Martínez Zapata que cuestionó los controles sobre la empresa y reveló que AGROPEZ enfrenta una sanción superior a los $7 millones por un presunto exceso de apenas 30 gramos por cajón de langostino. La compañía pidió el archivo del expediente por considerar desproporcionada la imputación.
El presidente del Grupo CONARPESA, Fernando Álvarez Castellano, salió al cruce de las acusaciones sobre una supuesta falta de controles a la flota de la empresa y utilizó un caso concreto para responder a sus críticos: un sumario administrativo iniciado contra AGROPEZ S.A. por una presunta diferencia de apenas 30 gramos por cajón de langostino por el cual le impusieron una multa de 7 millones.
En tal sentido, apuntó directamente contra el abogado Diego Martínez Zapata “este abogado dice que no nos controlan y mirá si nos controlan que hasta un sumario por 30 gramos nos abrieron. ¡Como para traer kilos de más! Estaríamos fundidos”, expresó el empresario.
Y fue más allá: «Esto son datos y no relato como este personaje denuncia en contra nuestra».
La referencia apunta a un expediente iniciado por una presunta infracción durante una marea del buque Golfo San Matías, realizada entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre de 2023. La imputación contempla una multa de 3.000 Unidades Pesca, que supera los 7 millones de pesos.
Una multa millonaria por una diferencia mínima
Según surge del expediente, durante esa marea se descargaron 806 cajones, con un total de 14.548,30 kilogramos de langostino. La diferencia estimada de 30 gramos por cajón representaría aproximadamente 24,18 kilogramos sobre el total, es decir, menos de dos cajones.
Frente a esta imputación, Álvarez Castellano presentó un descargo ante la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera, en representación de AGROPEZ, y solicitó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones.
La empresa cuestionó tanto el procedimiento utilizado para determinar el presunto exceso como la proporcionalidad de la sanción. También señaló que el expediente permaneció sin actividad durante más de tres años.
Entre sus argumentos, invocó la tolerancia del 6% contemplada en la Resolución 7/2018 del Consejo Federal Pesquero y el principio de insignificancia, al considerar que una diferencia estimada de esa magnitud no justifica una sanción económica superior a los 7 millones de pesos.
“Esto son datos, no relato”
La respuesta de Álvarez Castellano busca poner en discusión las afirmaciones sobre una supuesta falta de fiscalización a las embarcaciones de CONARPESA y AGROPEZ.
Para el empresario, el propio sumario constituye una demostración concreta de los controles a los que está sometida la flota y de las consecuencias económicas que pueden derivarse de las actuaciones administrativas.
La compañía sostiene que no cuestiona la necesidad de fiscalizar la actividad pesquera, sino que reclama criterios técnicos, uniformes y razonables, con procedimientos que respeten las garantías legales y eviten sanciones desproporcionadas.
El planteo vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca de los mecanismos de control en la actividad pesquera y la necesidad de que las reglas se apliquen con el mismo criterio para todos los operadores del sector.