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Retenciones

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El Banco Central anunció esta noche que en las compras de dólar ahorro y en los pagos con tarjetas de crédito realizadas en el exterior la AFIP establecerá una retención del impuesto a las Ganancias del orden del 35%.

Así lo anunció en una rueda de prensa el titular de la entidad, Miguel Ángel Pesce, quien reconoció que existe una fuerte demanda de dolares por parte de ahorristas, pero también para el pago de vencimientos.

«Los bancos van a tener que hacer una evaluación de los ingresos de las personas que abran una cuenta y puedan demostrar que tienen ingresos propios para hacer ahorros en moneda extranjera», explicó Pesce.

En cuanto a las compras con tarjeta en el exterior, señaló que esas operaciones «van a ser a cuenta de futuras compras que puedan hacer por dólar ahorro».

De esta manera, la entidad monetaria estableció que las compras que excedan el cupo de US$200 por mes se cancelarán con el cupo de los siguientes meses hasta ser saldada la diferencia. Por ejemplo, si se gastaron US$1.000 en el exterior, no se podrá comprar dólares en el mercado oficial por cinco meses. Esto incluirá también el pago de servicios del exterior tales como Netflix, Spotify, iCloud y el almacenamiento de Google, entre otros.

Además, se dispuso que habrá retención del 35% para la compra de dólar ahorro y pagos con la tarjeta por consumos en dólares en el exterior, que aplicará la AFIP.

La retención se aplicará sobre el valor del dólar minorista; es decir, $75 más 30% de impuesto PAIS más 35% de retención de Ganancia. Esto llevará al dólar ahorro a $130.

Por otro lado, aquellos beneficiarios de planes sociales no podrán acceder al mercado cambiario.

También se ampliará el parking -la cantidad de tiempo que debe pasar entre las venta y compra de un bono- a 15 días para el dólar contado con liquidación (CCL). El Banco Central también anunciará que habrán mecanismos de transparencia para operarlos con fines cambiarios.

Las medidas llegan después que el Banco Centralllevaba 12 semanas seguidas perdiendo reservas y a un ritmo cada vez mayor y que venía prácticamente duplicándose mes a mes desde julio, pese al cepo y las nuevas restricciones impuestas a la demanda de empresas desde fin de mayo, dejando a la vista una dinámica insostenible, pese a las recurrentes desmentidas oficiales.

Los docentes denunciaron criminalización de la protesta porque en los últimos días citaron a indagatoria a siete trabajadores, sin que les notificaran por qué situaciones se los interrogará.

El sábado se realizó por videoconferencia la reunión de Consejo Directivo de ATECH en donde, entre otros temas, se decidió continuar la retención de servicios durante una semana más, hasta el próximo sábado.

La secretaria de la Junta Ejecutiva, Mónica Márquez comentó que “seguimos con los reclamos acerca de los sueldos: el pago escalonado, todavía no se cobra ni el aguinaldo, tampoco el sueldo de junio y no se han abierto las paritarias 2020”, así como también señaló que “seguimos rechazando el protocolo de vuelta a clases”.

También repudiaron que los supervisores pidan a los directores de escuelas tomar asistencia y que se pretenda reglamentar por decreto jubilaciones, abstenciones de débito laboral y retiros voluntarios.

Días de paro

Desde el 27 de julio al 1 de agosto mantuvieron medidas de fuerza y ahora se renovaron durante una semana más. Sobre las decisiones tomadas en la reunión, Márquez detalló que continúa “el cese de actividades virtuales como medida, seguimos con la retención de servicios y va a haber una jornada de lucha provincial el miércoles”. La medida se hará de manera virtual con publicaciones en redes sociales a las 19, con al hashtag #ChubutArcioniNoCumple, además cada regional organizará sus actividades.

Sobre la adhesión a las medidas, comentó que “hay muchísima gente con retención de servicios, otros con paro y otros que están trabajando en las aulas virtuales que son los menos. En algunos lugares si bien los docentes están trabajando son muy pocos los alumnos conectados” ya sea porque no tienen conexión a internet o porque viven en sectores donde hay constantes cortes de energía, como sucede en la cordillera.

Denuncian criminalización de la protesta

Por otro lado, el gremio denuncia criminalización de la protesta ya que varios de sus representantes sindicales fueron denunciados por participar de manifestaciones, entre ellos Daniel Murphy y Carlos Magno, pero además en los últimos días otros siete trabajadores de la educación fueron citados a indagatoria, aunque señalan que a ninguno le informaron por qué tema o situación se los interrogará.

Algunos de ellos son docentes y otros auxiliares.

“Se le ha hecho juicio a algunos compañeros y a otros les han llegado notificaciones, algunas provienen del Juzgado Federal donde no explican por qué razón ni por qué fecha es la infracción. Estuvieron yendo a los domicilios la Policía Federal entregando estas notificaciones” explicó Márquez, y dijo que sobre este tema se ocupará la abogada de la Regional Sur de ATECH, Jimena Díaz Asencio.

Para ello, el diputado nacional Gustavo Menna junto a sus pares de la Comisión de Energía Facundo Suárez Lastra, Jimena Latorre y Roxana Reyes pidieron la realización de una reunión por teleconferencia. Quieren saber, además, por qué la caída del precio del petróleo no repercutió en un descenso en el precio de los combustibles.

Con el objetivo de avanzar en el tratamiento del proyecto que presentó para suspender las retenciones petroleras cuando el precio internacional del barril caiga, como en la actualidad, a menos de 45 dólares, el diputado nacional de Chubut Gustavo Menna presentó, junto a otros legisladores radicales integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, un pedido para realizar una reunión virtual y citar al secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani.

La nota fue elevada este lunes al presidente de la Comisión de Energía, el diputado del PJ neuquino Darío Martínez, y lleva las firmas de Menna, Jimena Latorre (Mendoza), Facundo Suárez Lastra (CABA) y Roxana Reyes (Santa Cruz).

Allí se solicita la realización de una reunión mediante teleconferencia, para continuar respetando los protocolos de prevención de la pandemia y como lo han hecho otras comisiones, con el fin de que el secretario Lanziani “exponga ante los diputados y diputadas integrantes” de la Comisión de Energía “lo que tiene previsto desarrollar en materia de política energética”.

En particular, la intención es conocer las definiciones del funcionario nacional sobre la implementación de un esquema de retenciones móviles a la exportación de hidrocarburos, como plantea el proyecto presentado por Menna hace diez días, “que contemple la afectación generada por la caída del precio del barril de petróleo a las finanzas de las provincias productoras por menor ingreso de regalías hidrocarburíferas y a las economías regionales de las cuencas productoras por la caída de inversión en perforación”.

En particular, la iniciativa presentada por el diputado chubutense bajo el expediente n° 0975-D-2020, propone la suspensión de los derechos de exportación cuando el precio del barril esté por debajo de los u$s 45, como ocurre actualmente.

En este sentido, la intención de citar a Lanziani es, indicó la nota presentada por los diputados, conocer si, en ese caso, “tiene el Gobierno pensado utilizar la herramienta provista por el artículo 755 del Código Aduanero para implementar el mecanismo por vía de decreto del Poder Ejecutivo”.

En este contexto, se buscará conocer si el Gobierno Nacional “tiene previsto estructurar un precio sostén para la producción nacional de petróleo análogo al denominado ‘barril criollo’ según la denominación adoptada cuando tuvo vigencia”.

Combustibles

De manera complementaria, los diputados radicales de la Comisión de Energía quieren obtener explicaciones sobre “las razones por las cuales, pese a la abrupta caída del precio del barril de petróleo crudo, que pasó de u$s 68 a principios de año a menos de u$s 26 en la actualidad, dicha caída no se ha visto reflejada en los precios que pagan los consumidores por los combustibles”.

“Concretamente, es interés escuchar del responsable del área de Gobierno encargada del punto, las razones por las cuales no se adoptan medidas en beneficio de los consumidores” en el actual contexto, afirmaron.

“Creemos que la trascendencia e importancia que reviste el sector productor de hidrocarburos, la preocupación que existe en trabajadores y PYMES vinculadas a la industria petrolera ante la caída del precio internacional del petróleo, como así también el hecho de que dicho descenso del precio no haya repercutido en el bolsillo del consumidor amerita que la Cámara de Diputados asuma su rol fiscalizador de la labor de los funcionarios públicos”, dijeron los legisladores.

Para ello, se busca que se “convoque con urgencia a un funcionario que pese a la demanda de definiciones que solicitan autoridades provinciales, empresas y sindicatos del sector, y la comunidad de las cuencas productoras, no ha tenido hasta el presente una voz clara ni el protagonismo que la situación demanda”.

Por cada dólar que baja el petróleo, Chubut pierde 40 millones de pesos al mes.  El cálculo es indicativo del impacto que representa la caída de precios del crudo en los ingresos por regalías y supone que la producción se mantiene constante, lo que es bastante difícil de sostener en un contexto de baja abrupta.

No se considera además la merma por ingresos brutos y otros tributos. La provincia necesita un alivio a las retenciones sobre exportación.

El mercado internacional de petróleo sumó en la última semana la peor noticia para una provincia que arrastra una crisis estructural en su economía. La caída abrupta en los precios del petróleo, a raíz de una serie de factores internacionales, impacta en Chubut y en las provincias petroleras de un modo dramático.

El alcance de ese impacto dependerá de si la baja actual se sostiene en el tiempo. El economista Santiago Novoa planteó días atrás que con estos niveles de precios, en torno a los 35 dólares por barril, el déficit provincial, proyectado en 11.900 millones de pesos según el presupuesto aprobado en diciembre, podría duplicarse este año.

Ese impacto no tiene en cuenta otras variables de recaudación, que también podrían bajar, tanto por la merma de precios como por menores volúmenes de producción. Vale recordar que el año pasado, la recaudación en Ingresos Brutos aportada desde el sector petrolero fue de unos 4.000 millones de pesos.

El cálculo por pérdidas de regalías puede hacerse asumiendo que la producción se mantiene constante, lo que en la práctica es bastante difícil de sostener, pero al menos da un indicador para empezar a medir los impactos.

Si se estima la recaudación sobre un precio neto de 50 dólares por barril, la provincia recauda alrededor de 32 millones de dólares (con un porcentual de regalías cercano al 15 por ciento, a partir de la ley aprobada en 2012). Con el mismo volumen de producción, pero a 35 dólares por barril, la cuenta cae a algo menos de 23 millones de pesos. A un tipo de cambio oficial de 62,59 pesos, cada uno de los 15 dólares en que caería la recaudación representa unos 40 millones de pesos por mes.

Preocupación en Comodoro

El impacto en las cuentas públicas llega lógicamente a los municipios. En los despachos comodorenses se sigue con suma atención el problema, considerando que la recaudación prevista para este este año es de unos 1.500 millones de pesos en regalías petroleras.

Si bien el cálculo se hizo sobre referencias conservadoras para el valor del petróleo –tomando un precio de 50 dólares por barril- y el tipo de cambio a aplicar, la caída del 30 por ciento en una semana, aun cuando el mercado internacional ya estaba en baja, podría superar todas las previsiones.

“El impacto lo vamos a ver en abril –confió una fuente que sigue de cerca los números- , los dos primeros meses del año habíamos tenido un buen ingreso, pero esto nos puede pegar bastante. Esperamos poder suplirlo en parte con recaudación propia, porque tuvimos un buen primer bimestre, al igual que en coparticipación”.

Las retenciones generan 120 millones de dólares a Nación

La situación de Chubut tiene otras aristas, diferenciadas del resto de las provincias petroleras, porque es la que más recursos aporta al Estado nacional por vía de retenciones a la exportación de petróleo.

Sobre un volumen exportado total en alrededor de 1.200 millones de dólares, se estima que sobre un coeficiente promedio del 10 por ciento el año pasado el Estado nacional obtuvo 120 millones de dólares de recaudación adicional.

En esa masa de recursos hay un margen para negociar, a la hora de evaluar medidas compensatorias, ya que la provincia no terminaría de atenuar los impactos solamente con un precio sostén para el barril en el mercado interno –algo que se está dando de hecho, al no bajar los precios de los combustibles para alinearse con un barril de 35 dólares-, debido a que exporta más de la tercera parte de su producción.

Los funcionarios del gobierno provincial y municipal deberían apuntar, en sus gestiones ante autoridades del ámbito nacional, a un esquema compensatorio vinculado a la merma de retenciones, ya que a la pérdida por regalías podría sumarse el impacto negativo de una menor producción, algo que no siempre forma parte de los análisis en las agendas de quienes visitan los despachos de la Casa Rosada.

Si de por sí este año podía proyectarse una baja de producción del orden del 5 por ciento antes de la crisis de precios de la última semana, algunos analistas se preguntan cuánto más podría caer si no se  tienen en cuenta los factores agravantes.

Impacto global

No hay dudas de que el coronavirus dejará secuelas. El desafío ya no es evitarlas, sino atenuarlas. A nivel global se habla de un contexto recesivo y pérdidas del orden de los 2 billones de dólares (dos millones de millones de dólares), a raíz de que no sólo las compañías aéreas contabilizan caídas millonarias: fábricas de automóviles y una retracción industrial con pocos precedentes en el mundo conforman un panorama  del que parece impensable no pagar una cuota de las consecuencias. Ello llevó al FMI a reconocer que este año habrá crecimiento negativo en la mayoría de los países.

Frente a la magnitud de esa crisis, que multiplica varias veces la que ya venía atravesando la provincia de Chubut, se requiere un liderazgo más allá de las selfies y trabajos de imagen: un tipo de liderazgo en el que el principal insumo sea la capacidad para imaginar un camino posible, que hoy no se alcanza a sospechar en medio de tanta incertidumbre.

GRACIAS POR EL ACOMPAÑAMIENTO, esta es la frase que hoy tenemos para expresar. Quizás ya nos hemos desacostumbrado en estos tiempos a estos dichos, pero por suerte hay actitudes que nos hacen manifestar de esta manera.

Hoy se ha anunciado la baja de retenciones a los productos pesqueros con valor agregado, en realidad para nosotros se anuncia el apoyo al trabajo sostenido, a la producción, en resumen es el apoyo para tener mayores ingresos de divisas como país.

Las empresas que nos encontramos en esta actividad, hemos acogido la noticia con mucho agrado.

Hemos recibido el apoyo de distintos funcionarios en este reclamo, la decisión de este presidente en cambiar el rumbo junto a su ministro de producción y el subsecretario del área, nos hace ver un horizonte diferente.

Agradecemos a nuestras autoridades provinciales en su conjunto, el acompañamiento que nos han brindado en este reclamo, haciéndolo llegar a las más altas autoridades nacionales.

Un párrafo aparte merece el Sr. Intendente de Comodoro Rivadavia JUAN PABLO LUQUE, quien ha tomado esta lucha como propia, poniéndose al frente de este reclamo, siendo el gestor a nivel provincial y nacional; entendiendo el mensaje, que defendiendo empresas locales, también se defiende al trabajo local, destacando su preocupación y esfuerzo.

ES MUY GRATO VER QUE LAS PROMESAS SE CUMPLEN, QUE HAY FUNCIONARIOS DISPUESTOS A ACOMPAÑAR A  EMPRESAS LOCACALES, GESTOS QUE NO HERAN COMUNES DE VER TIEMPO ATRÁS. “FUNCIONARIOS PENSANDO EN LA PROCUCCION”

 

CUANDO LAS COSAS SE HACEN BIEN, TAMBIEN HAY QUE DECIRLO

 

 

El Gobierno del Chubut acompaña las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional relacionadas con la baja en las retenciones y el beneficio que  van a tener las economías regionales, especialmente en el caso de las actividades económicas desarrolladas en nuestra Provincia.

El gobernador Mariano Arcioni comunicó hace pocas horas, en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial, las gestiones que se estaban desarrollando en esa dirección ante el gobierno nacional. Y mencionó la intención de que el beneficio alcance, entre otras actividades, a las exportaciones de lana, pesca y cerezas.

El ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, indicó que “por decisión del gobernador Mariano Arcioni se efectuó un trabajo en este sentido para arribar a esta posibilidad, y en ello también contamos con el aporte a la gestión del intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque”.

La propuesta apunta a mejorar la situación de los pequeños productores, favorecer otros cultivos y particularmente buscan el desarrollo de las economías regionales.

En este sentido, el gobernador Mariano Arcioni, en su discurso de apertura de sesiones legislativas ratificó la decisión del gobierno provincial de “impulsar y acompañar aquellas actividades productivas incipientes, que existen y comienzan a desarrollarse en nuestro territorio” y confió que ello será posible en el marco de las políticas nacionales que en ese sentido se impulsan.

“Tenemos el firme compromiso de potenciar a los distintos sectores y acompañar las inversiones. Trabajaremos en conjunto con el gobierno nacional, proponiendo alternativas de disminución de retenciones a las exportaciones de nuestras economías regionales, como son la lana, la pesca y las cerezas”, enumeró el mandatario.

Atraer inversiones

De acuerdo al Plan de Desarrollo Productivo, elaborado con aportes de todos los sectores del Chubut, se busca diversificar la matriz productiva y a su vez optimizar la industria ya instalada.

Arcioni mencionó el trabajo conjunto con el gobierno nacional que “permitirá generar mejores condiciones para que el sector privado pueda invertir y desarrollarse, reactivando las economías regionales, exportando valor agregado y creando empleo genuino”.

Por su parte el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio (MAGIyC) de Chubut, Leandro Cavaco, señaló que “por decisión de Gobernador, trabajamos junto a la Secretaria de Pesca e intendentes, y vemos con buenos ojos la posibilidad de la baja de las retenciones en la lana con valor agregado, la pesca o la fruta. Agradecemos la colaboración del ministro de Agricultura de Nación, Luis Basterra para que esto sea posible. El acompañamiento es fundamental para la reactivación y poner Argentina de pie”.

Asimismo, agregó que “celebramos que el gobierno nacional esté teniendo una mirada real sobre las economías del sur. Es fundamental tener una política de estado que genere las condiciones para que el sector privado pueda invertir en este tipo de producciones, vitales para las provincias”.

El secretario general del gremio, José Luis Ronconi, reconoció que el presidente de la Corte Provincial, Mario Vivas, se mostró flexible para derogar la polémica Acordada. Consideró esa resolución como «ilegítima» y volvió a manifestar que la Justicia «no es un servicio esencial».

El Sitrajuch se movilizó ayer al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para repudiar los alcances de la Acordada que regula el servicio de Justicia y para reclamar el pago de haberes del mes de enero.

«Nosotros vinimos a plantear que el conflicto se agudizaba si esa Acordada se mantenía», señaló Ronconi en diálogo con EL CHUBUT.

El líder del gremio avisó que «vamos a mantener el conflicto», aunque a cambio de que las autoridades de la Corte Provincial deroguen la Acordada «podríamos reducir algunas de las medidas del conflicto».

Ronconi aclaró que «de ninguna manera vamos a aceptar una Acordada que regula a punto tal de cercenar el derecho a huelga», y ejemplificó que plantear que en una dependencia hace falta el 50% del personal «es realmente cercenar el derecho a huelga».

«Ellos plantearon que podría haber un acuerdo para derogar la Acordada. Vamos a seguir negociando y saber cuáles podrían ser las alternativas a negociar con el Superior Tribunal de Justicia», remarcó Ronconi, quien agregó que hoy se ejecutarán Asambleas para analizar los pasos a seguir.

Explicó que para los ministros del STJ «la Acordada está vigente», pero no dudó en catalogarla como «ilegítima».

En torno al contenido de la Acordada, que exigía una cantidad determinada en algunas dependencias, Ronconi dijo que «en algunos lugares se cumple con la Acordada y en otros lugares no».

Atribuyó que el acatamiento a la Acordada «depende de la determinación de los compañeros, pero siempre está latente una posible sanción y para nosotros eso es admisible».

«Nosotros seguimos con retención de servicios y además recomendamos a todos desconocer la Acordada por ser ilegítima», aseveró el representante gremial.

Analizan ir en queja a la OIT y a la justicia

Ronconi dejó en claro que entre las posibilidades que analizan desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (SiTraJuCh) es ir en queja a la Organización Internacional del Trabajo.

Describió que la Organización Internacional del Trabajo «alega que la Justicia en sí misma no es un derecho esencial» y recordó que la Acordada «va en contra del artículo 14 de la Constitución Nacional y eso fue lo que planteamos ante las autoridades, y que inclusive analizamos la posibilidad de ir en queja a la OIT, más allá de cualquier acción legal que podamos presentar».

A raíz del conflicto salarial con el Gobierno, los once Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) de Trelew y el Centro de Atención de la Adolescencia se encuentran con retención de servicio por tiempo indeterminado. La medida se podría transformar en los próximos días en un paro total de actividades. Involucra a más de 550 empleados.

Entre otros puntos, se reclama por la restitución de los descuentos al personal del área externa durante el año pasado; se paguen los salarios en los plazos establecidos por la ley; y el pago de los salarios de acuerdo a lo establecido en paritarias del año pasado, en el marco del Convenio de Trabajo.

El mecanismo de protesta viene ya desde hace dos semanas. “El eje de atención primaria tiene un impacto distinto al hospital. Sobre esta dinámica de conflicto nos organizamos los trabajadores del primer nivel de atención para ver cómo podemos encarar el no pago de haberes, pago fuera de término. Serie de asambleas donde nos propusimos hacer trascender las problemáticas que atravesamos”, aseguró Diego Oria en diálogo con Cadena Tiempo, uno de los voceros.

Indicó que “el impacto es en insumos y medicamentos, muchas patologías de salud mental. Queremos hacer trascender que estas medidas no buscan impactar en la sociedad, sino al Gobierno para que salgamos de esta coyuntura de crisis, y no vemos la solución”.

Oria expresó que “la gente es la primera impactada, por el contexto económico y social. Somos trabajadores provinciales, hay algunos casos de precarización en limpieza donde tenemos 23 compañeras precarizadas por cooperativas de trabajo. También pusimos de relieve, las compañeras estuvieron tres meses sin cobrar, pasaron las fiestas sin poder comprar nada, después lo cobraron”.

Sobre el efecto de la retención de servicios en los CAPS, enumeró: “En servicios de odontología solo se trabajan urgencias. En atención médica no se llenan las planillas de Anses, se trabaja básicamente sobre un espectro de la urgencia. En Enfermería la retención es a partir de las 12, con la asamblea. Los sectores administrativos trabajan sin la carga de informes que van a la Jefatura”.

El Presidente recibió en la Rosada a la Mesa de Enlace. Se mostró conciliador pero habló del “déficit” heredado. El campo reclama un “cronograma de fin” del tributo.

En medio de la tensión por la suba de retenciones, Alberto Fernández recibió ayer a la Mesa de Enlace del campo y planteó “un canal de trabajo y de diálogo” con el sector, al tiempo que propuso la modificación de la ley de Emergencia Económica para que se incluya el tratamiento segmentado de los pequeños productores y de los que se encuentran lejos de los puertos. En la charla de casi dos horas, que fuentes oficiales calificaron como “excelente”, las autoridades rurales le plantearon al Presidente que se establezca “un cronograma de fin de las retenciones” y, de mínima, que no se concrete la suba del 3 por ciento adicional que prevé como tope el proyecto aprobado en el Congreso.

El Presidente, según confiaron fuentes al tanto de la reunión, buscó mostrarse conciliador, a sabiendas del impacto que produjo su decisión de actualizar el límite de 4 pesos por cada dólar que había fijado Mauricio Macri como retención.

En un gesto para descomprimir, Alberto les admitió a los ruralistas que a su criterio las retenciones “no son un instrumento deseable”, como contó el ministro de Agricultura, Luis Basterra; en la conferencia de prensa posterior a la cita. “Justo el tema por el que me tuve que ir del gobierno (de Cristina Kirchner) es el que tengo que tratar al iniciar el mío”, lamentó, según confió a este diario una fuente calificada de la cita.

Además de Basterra, a Fernández lo acompañó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien se refirió a la importancia de la mesa de diálogo social que trazó el jefe de Estado. Mientras, del lado del campo, estuvieron Daniel Pelegrina (Sociedad Rural), Jorge Chemes (Confederaciones Rurales), Carlos Iannizzotto (Coninagro) y Carlos Achetoni (Federación Agraria Argentina).

Este último reveló el pedido que le hicieron a Fernández. «En primer lugar hemos quedado de acuerdo con las cuatro entidades de solicitarle al Gobierno que no se aplique el incremental a lo cual ha quedado comprometido a respondernos”, indicó.

El mandatario, según el Gobierno, no cerró la puerta a una negociación. “Alberto les dijo que lo iban a evaluar juntos. Fue muy duro con la situación que heredó y se comprometió a trabajar con la verdad sobre la mesa e intentar mejorar las condiciones, en la medida que la economía se lo permita”, dijeron desde el entorno presidencial.

De hecho, la respuesta que dio Basterra fue en ese sentido. “El Presidente plantea que las retenciones tienen que ir disminuyendo, que no son un instrumento deseable para el funcionamiento de la economía, pero la responsabilidad que le cabe hace que tenga que ser analizado en mucho detalle el pedido de las entidades”, dijo en la conferencia de prensa.

El ministro propuso “generar un canal de trabajo y de diálogo conjunto para avanzar hacia mecanismos que permitan que el aporte del campo sea cada vez más fructífero”.

Y blanqueó la propuesta que hizo Fernández: “Explícitamente el Presidente propuso la modificación para que se incluya el tratamiento segmentado de los pequeños productores y el tratamiento específico para aquellas regiones que están lejos de los puertos”.

Pese a que no mostraron un espíritu confrontativo, los dirigentes rurales dejaron saber alguna diferencia en cuanto a lo comunicacional. Fue cuando Basterra expuso que “el pedido que han hecho la entidades, fue básicamente mantener el 30 por ciento de retenciones en soja y el 12 por ciento en el resto”.

La aclaración la hizo Pelegrina, de la Sociedad Rural: “Hay una pequeña diferencia de semántica, ministro, porque nosotros no convalidamos ningún nivel del 30 por ciento de retenciones. Por supuesto criticamos esa medida y sí se comprometió el Presidente a analizar el incrementar propuesto luego en la ley, pero nosotros no hemos solicitado ni pedido que queden en ese nivel”, se desmarcó, ante la aprobación del resto de los dirigentes. Pelegrina destacó la intención de separar a los pequeños productores y a las zonas distantes del puerto, pero advirtió que “el impacto es general, para toda la producción”.

En el Gobierno no quisieron hablar sobre los tiempos previstos dar una respuesta. Podría surgir del trabajo entre el Ministerio con los equipos de la Mesa de Enlace. Por ahora, se impone el espíritu navideño, señaló El Clarín.

El presidente Alberto Fernández recibirá este lunes en la Casa Rosada a la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias, que rechazaron el aumento de las retenciones a las exportaciones del campo definido con la sanción de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva.

El encuentro, programado para las 15, buscará acercar posiciones con el Poder Ejecutivo, señalaron fuentes de las entidades agropecuarias, que desde la semana pasada están «en alerta».

La reunión de mañana fue anunciada el sábado por la Federación Agraria Argentina (FAA), que forma parte de la Mesa de Enlace junto a la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y confirmada hoy a Télam por fuentes del Ministerio de Agricultura.

Según anunció la FAA, se pedirá a Fernández «información precisa» sobre cuál será el mecanismo para implementar compensaciones a pequeños y medianos productores que estableció la ley, a la que falta reglamentar.

«Vamos a debatir el mecanismo de compensación para pequeños productores, que no es explícito, con el Presidente y con el ministro de Agricultura (Luis Basterra)”, expresó hoy Carlos Achetoni, presidente de la FAA, a CNN Radio.

Achetoni afirmó que aspira a “continuar con lo que venimos trabajando en estos días en el intento de generar un sistema progresivo de compensación de retenciones que sea escalonado”.

«Hay que encontrar caminos de equidad, sobre todo para las economías regionales», concluyó.

La reunión de este lunes será la segunda que las entidades agropecuarias mantienen con las nuevas autoridades, luego de la celebrada el lunes pasado en el Congreso con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Agricultura, Luis Basterra.