El gobierno de Javier Milei confirmó un nuevo golpe al poder adquisitivo de los jubilados de menores ingresos. A través del Decreto 65/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se mantuvo congelado en $70.000 el bono adicional para quienes cobran la jubilación mínima, una suma que no se actualiza desde marzo de 2024.
Según Noticias Argentinas, mientras la inflación acumulada desde entonces ronda el 180%, este componente clave del ingreso previsional se deprecia mes a mes.
Con esta medida, la jubilación mínima total para febrero será de $429.219,42. Este monto resulta de sumar el haber mínimo ajustado por inflación ($359.219,42) más el bono congelado. Para el gobierno, esta política es una de las herramientas para sostener el superávit fiscal; para los casi 2 millones de beneficiarios que cobran la mínima, significa una pérdida constante de capacidad de compra en medio del aumento generalizado de precios.
Un ajuste desigual que castiga a los más vulnerables
La decisión oficial genera un efecto desigual entre los propios jubilados. Mientras quienes cobran por encima del haber mínimo reciben un incremento del 2,84% (correspondiente a la inflación de diciembre), los que perciben la mínima ven una mejora de apenas 2,3% en su ingreso total.
Esta brecha se explica porque el componente principal de la jubilación (el haber) se ajusta por índice, pero el bono complementario permanece fijo. En la práctica, cada mes que pasa sin una actualización, los $70.000 representan una porción cada vez menor del ingreso real, licuando el esfuerzo fiscal que implica el bono y erosionando la capacidad de los adultos mayores para cubrir necesidades básicas como alimentos, medicamentos y servicios.
La matemática fría de un ingreso que se desvanece
Para dimensionar la pérdida, es necesario revisar la evolución del valor real del bono. En marzo de 2024, cuando se fijó en $70.000, ese monto representaba un aporte significativo para llegar al haber mínimo garantizado. Hoy, tras casi dos años de inflación galopante, su valor real se ha reducido en más de un 60%.
Si el bono se hubiera actualizado siguiendo la inflación oficial (cercana al 180% en el período), hoy debería superar los $196.000. La diferencia de más de $126.000 entre el valor teórico y el valor real congelado ilustra con crudeza el deterioro que sufren los ingresos previsionales más bajos. Esta política de congelamiento selectivo actúa como un ajuste encubierto, permitiendo al gobierno mostrar un número de superávit fiscal más abultado, a costa del bolsillo de los sectores más vulnerables.
El superávit fiscal y su costo social
El congelamiento del bono no es una medida aislada, sino parte de una estrategia fiscal más amplia que prioriza el equilibrio de las cuentas públicas. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Milei han sido explícitos en señalar que la disciplina fiscal es el pilar fundamental para derrotar la inflación y estabilizar la economía.
Sin embargo, este objetivo tiene un costo social concreto. Organizaciones de defensa de los jubilados, como la Asociación de Defensa de los Derechos de los Jubilados y Pensionados, ya han alertado que el poder adquisitivo de la mínima se acerca a niveles de indigencia, imposibilitando una vejez digna. El congelamiento del bono agrava esta situación, generando una presión insostenible sobre quienes no tienen otra fuente de ingresos.
Un futuro incierto para la seguridad social
La publicación del decreto cierra la discusión para febrero, pero abre interrogantes para los meses siguientes. No hay señales de que el gobierno planee una recomposición extraordinaria del bono, lo que sugiere que el congelamiento podría extenderse.
La presión sobre el sistema previsional es mayúscula. Con una pirámide poblacional cada vez más envejecida y una economía que recién comienza a estabilizarse después de una profunda recesión, el desafío de financiar jubilaciones dignas sin descuidar las cuentas fiscales parece una ecuación imposible de resolver en el corto plazo. Mientras tanto, los jubilados que dependen de la mínima seguirán viendo cómo, mes a mes, los $70.000 fijos compran cada vez menos en el almacén, profundizando la crisis silenciosa que atraviesa la tercera edad en la Argentina.