Karina Breckle concedió el beneficio de arresto en casa a Mauricio Vargas y Damián Díaz, a pesar de que cuatro magistrados anteriores habían confirmado su prisión preventiva. La fiscal Florencia Gómez ya apeló la decisión.
En una decisión que generó controversia, la jueza de Rawson Karina Breckle otorgó este miércoles el arresto domiciliario a Mauricio Naun Vargas y a Damián Díaz, dos hombres condenados por los graves incendios ocurridos en la capital chubutense en diciembre de 2021.
Mientras Vargas debe cumplir 4 años de prisión efectiva y Díaz 1 año, la magistrada consideró que mantenerlos en una cárcel común afectaría el vínculo con sus hijos menores. La fiscal Florencia Gómez criticó de inmediato la resolución y anunció que ya presentó una apelación, según Jornada.
El argumento de la jueza y la réplica contundente de la fiscalía
La jueza Breckle fundamentó su decisión en el «interés superior del niño», argumentando que el encierro en una cárcel perjudicaría el vínculo familiar de los condenados, quienes son padres de menores. Sin embargo, esta resolución contrasta con las de cuatro jueces anteriores —María Laura Martini, Fernanda Révori, Martín O’Connor y Silvana Vélez— quienes, desde diciembre, habían confirmado sucesivamente la prisión preventiva en un alojamiento carcelario para ambos.
La fiscal Gómez fue contundente en su crítica: «Ya hay un doble conforme con la condena de primera instancia y la confirmación de la Cámara Penal, y la presunción de inocencia se diluye», señaló, agregando que la jueza «parece que tiene otro libro». La fiscal argumentó que el vínculo familiar ya estaba garantizado mediante visitas y videollamadas, y que el sistema penitenciario está preparado para sostenerlo, incluso con casos de mujeres que han sido madres en prisión.
La gravedad de los hechos y el riesgo de fuga en debate
Los condenados enfrentan sentencias firmes por hechos de extrema gravedad. Vargas está condenado por iniciar el incendio en la sede de la Procuración General de Rawson, mientras que Díaz fue condenado por robo y daños agravados, además de contar con un antecedente federal. La fiscalía insiste en que, dada la firmeza de las condenas («doble conforme») y la naturaleza de los delitos —»atacaron edificios públicos aprovechándose de una manifestación social»—, existe un peligro de fuga concreto que justifica la prisión preventiva en una cárcel.
Gómez acusó a la jueza de haberse «extralimitado» y de ser «arbitraria» al analizar factores como el arraigo, que según ella ya habían sido resueltos por otros magistrados. Con la apelación presentada, la audiencia para revisar la medida de prisión domiciliaria será este jueves, sumando así a un total de 14 jueces que habrán intervenido en alguna instancia de esta causa emblemática de la violencia institucional en Chubut.