Un informe del Observatorio de Tierras analiza la compra de tierras rurales por extranjeros y permite ver la situación departamento por departamento, incluidos los de la cordillera chubutense.
La discusión sobre la extranjerización de la tierra volvió a instalarse en la agenda nacional tras el anuncio del Gobierno de avanzar con la derogación definitiva de la Ley de Tierras (Ley 26.737), una norma sancionada en 2011 que estableció límites y mecanismos de control sobre la compra de tierras rurales por parte de personas y sociedades extranjeras.
La Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en diciembre de 2011, establece límites estrictos a la propiedad extranjera sobre tierras rurales en Argentina. La norma fija que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
Además, establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15% permitido, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o superficie equivalente según la ubicación territorial. De acuerdo con EQSnotas.
El gobierno de Javier Milei intentó derogar la Ley de Tierras desde el inicio de su gestión. En diciembre de 2023, dictó el DNU 70/2023, cuyo artículo 154 incluía la eliminación de la normativa.
El caso fue judicializado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), pero en primera instancia el juez federal de La Plata Alberto Recondo rechazó la presentación por considerar que los demandantes no cumplían los requisitos formales.
En ese amparo, el CECIM sostenía que la derogación de la ley libera el mercado de tierras, “habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.
El CECIM apeló, y en marzo de 2024 la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la derogación y elevó el caso a la Corte Suprema. Esto significa que por ahora la medida cautelar aún protege la ley, que sigue vigente.
Sin embargo, en diciembre de 2025 el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en el marco del Consejo de Mayo que el Ejecutivo prepara un nuevo proyecto para derogar o modificar la Ley de Tierras, junto con reformas a la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Manejo del Fuego.
En esta línea de debate sobre la especulación inmobiliaria y los incendios forestales que afectan seriamente la zona de la Comarca Andina, el Gobernador de Chubut Ignacio Torres, descartó la posibilidad.
Durante una entrevista en el programa televisivo Somos Corta, el mandatario aseguró que el Gobierno provincial estuvo “cien por cien abocado a la contención” de los focos ígneos y cuestionó las versiones que vinculan los incendios con intereses económicos.
Para dimensionar el alcance del fenómeno, el Observatorio de Tierras publicó una investigación basada en datos oficiales del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública.
El relevamiento permite observar no solo la situación a nivel país, sino también el detalle por provincias y departamentos, una escala clave para comprender cómo se distribuye la extranjerización en el territorio.
La foto nacional y el dato que no se ve a simple vista
Según los datos oficiales, alrededor del 5% del territorio argentino se encuentra en manos extranjeras, lo que equivale a más de 13 millones de hectáreas, una superficie comparable a la extensión total de Inglaterra. Si bien el Gobierno nacional sostiene que ninguna provincia supera el límite del 15% fijado por la ley, el informe advierte que el dato agregado oculta realidades muy dispares cuando se analiza el mapa a escala departamental.
De acuerdo al relevamiento del Observatorio, 36 departamentos del país ya superan el límite del 15%, y en algunos casos la extranjerización supera el 50%. Estas situaciones se concentran principalmente en zonas fronterizas, áreas con recursos hídricos estratégicos, potencial minero o valor logístico, como regiones cercanas a grandes ríos navegables.
Chubut y la Patagonia: qué muestran los datos
En el caso de Chubut, el informe señala que la provincia forma parte de una región —la Patagonia— donde históricamente se registran procesos relevantes de adquisición de grandes extensiones de tierra por parte de capitales extranjeros, especialmente en áreas cordilleranas y cercanas a recursos naturales estratégicos.
Si bien los datos oficiales indican que la provincia no supera el límite global del 15%, el Observatorio remarca la importancia de analizar la información por departamento, ya que es en esa escala donde se identifican las mayores concentraciones de tierras extranjerizadas en otras provincias del país.
Para el noroeste de Chubut, departamentos como Futaleufú, Cushamen, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer pueden ser consultados en el mapa georreferenciado elaborado a partir de los registros oficiales, que permite observar la evolución y distribución de la tenencia de tierras rurales sin necesidad de interpretaciones políticas, únicamente a partir de los datos disponibles.
Cambios normativos y cómo impactan en las estadísticas
El informe explica que una baja registrada en los porcentajes oficiales entre los relevamientos de 2015 y 2022 no responde a una reducción real de la extranjerización, sino a modificaciones en la metodología de medición introducidas a partir del Decreto 820/2016, durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese decreto flexibilizó controles, permitió informar cambios societarios con posterioridad a las operaciones y amplió los criterios para definir qué se considera propiedad extranjera, especialmente en casos de sociedades, herencias o participaciones indirectas.
En 2023, el DNU 70/2023 derogó la Ley de Tierras, aunque esa decisión fue frenada de manera provisoria por la Justicia tras un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), lo que mantiene el esquema legal vigente hasta una resolución definitiva.