La Causa Cuadernos volvió a abrir una ventana incómoda hacia la Patagonia y, en particular, hacia Chubut. En medio de la discusión judicial en Buenos Aires, la investigación por lavado de activos que rodea al fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñoz dejó expuesta una ruta de inversiones que, según la acusación, conectó sobornos con negocios concretos en el sur del país.
La escena se partió en dos el mismo día. Mientras en el Tribunal Oral Federal 7 la defensa de Cristina Kirchner planteaba la nulidad del expediente, en la Fiscalía Federal Nº 4 se avanzaba con un movimiento que busca cerrar otra parte del rompecabezas. El fiscal Carlos Stornelli presentó un pedido de elevación a juicio que intenta explicar qué pasó con el dinero después de la recaudación.
El escrito, calificado como voluminoso, apunta a que 35 imputados terminen sentados en el banquillo. La acusación sostiene que existió una estructura armada para lavar activos y “blanquear” la fortuna atribuida a Muñoz, con una dinámica que se apoyó en empresas, intermediarios y supuestos testaferros para darle forma legal a fondos de origen ilegal, según se observa en la web Metadata. De acuerdo con LA17.
Dentro de ese mapa, Chubut aparece con un capítulo propio. Según la descripción de Stornelli, en la Patagonia se detectó una inversión de aproximadamente 8,5 millones de dólares en el llamado “Grupo Llaneza” o “Grupo Autofarma”, un conglomerado que operaba con presencia en varias provincias del sur.
La acusación sostiene que se trataba de una red de 19 farmacias distribuidas en Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, manejadas a través de distintas sociedades. En la lista figuran nombres como “Farmacia Llomar”, “Del Pueblo S.A.” y “Patagonia Sur Salud”, mencionadas como parte del esquema empresarial utilizado para sostener el crecimiento del grupo.
En ese tramo del expediente aparece un dato que la fiscalía considera sensible por la forma en que se habría instrumentado. La investigación determinó que Carolina Pochetti llegó a figurar como adquirente del 50% de las acciones de varias de estas firmas, con pagos que, siempre según la acusación, se habrían realizado “supuestamente en efectivo”.
La reconstrucción judicial no se limita al negocio farmacéutico. Otro de los capítulos del requerimiento se mete de lleno en el rubro salud, con una operación que, para la fiscalía, muestra cómo el dinero buscó refugio en sectores con alta capacidad de facturación y expansión. En esa línea, Stornelli describe la compra de la mayoría accionaria de San Up S.A., una empresa señalada como líder en fabricación de nebulizadores.
La acusación plantea que esa operación se formalizó por montos menores, pero que la inversión real atribuida a Muñoz habría sido muy superior. El número que aparece en el escrito es impactante: 34 millones de dólares, una cifra que, de confirmarse, marcaría una escala completamente distinta a la de un negocio común.
Para sostener esa maniobra, el texto fiscal menciona la utilización de la firma Maquinarias Zurich S.A. y la intervención de Cortez y de los hermanos Llaneza, a quienes se señala como quienes “actuaron como pantallas” para la inyección de capitales. La acusación no solo pone el foco en las empresas, sino en la lógica de intermediación que habría permitido convertir el dinero en activos concretos.
En ese contexto, la mención de Chubut no aparece como un dato accesorio, sino como parte de una trama que, según el requerimiento, combinó rubros estratégicos y expansión territorial. Farmacias, salud e inversiones cruzadas en el sur forman parte del mismo relato judicial: el de una estructura que, para la fiscalía, buscó transformar la corrupción en negocios visibles y rentables.
