Caso Ricardo Sastre: dictan 20 días de prisión domiciliaria para el acusado.
En una audiencia de control de detención realizada este lunes, la jueza Alejandra Hernández resolvió dictar la prisión domiciliaria por el plazo de 20 días para el hombre acusado de agredir y amenazar de muerte al ex vicegobernador e intendente, Ricardo Sastre. El fiscal de la causa, Jorge Bugueño, confirmó que el imputado, identificado como el señor Caminoa, enfrenta cargos por amenazas con arma y daños.
Detalles del incidente y acusación fiscal
El episodio ocurrió el pasado sábado en las instalaciones de la empresa Ruta 40. Según el relato fiscal, el acusado habría iniciado las amenazas contra el personal de seguridad para luego trasladar la agresión hacia la zona cercana a la planta de Aluar. En ese trayecto, habría exhibido un arma de fuego a Sastre y provocado daños materiales en su vehículo.
Durante la audiencia, Caminoa ejerció su derecho a declarar, aunque presentó una versión contrapuesta: “Dio una versión un tanto distinta, en el sentido de ser víctima de un atropello”, señaló Bugueño. Pese a esto, la fiscalía solicitó inicialmente la prisión preventiva en una institución carcelaria, medida que fue morigerada por la jueza a un arresto domiciliario mientras avanza la recolección de evidencia.
Investigación en curso: pericias y motivaciones
Uno de los puntos clave de la causa es el hallazgo de un arma durante un allanamiento reciente. El Ministerio Público Fiscal procederá ahora con las pericias balísticas para determinar tres factores fundamentales:
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Si se trata efectivamente de un arma de fuego.
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Si fue la utilizada en el hecho denunciado.
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Si la propiedad del arma pertenece al imputado.
Respecto al móvil del ataque, el fiscal Bugueño fue cauteloso al afirmar que, a 48 horas del suceso, “no tenemos una motivación determinada”. Si bien ambas partes dejaron entrever la existencia de conflictos previos, los investigadores analizarán registros fílmicos, comunicaciones telefónicas y nuevos testimonios para esclarecer el trasfondo de lo que Sastre calificó como «prácticas mafiosas».
Próximos pasos procesales
La fiscalía analizará en las próximas horas si impugna la resolución de la jueza Hernández para insistir con el traslado del acusado a una dependencia policial. Por el momento, la imputación por amenazas con arma y daños contempla una pena máxima de hasta cuatro años de prisión. El periodo de 20 días de domiciliaria busca evitar el peligro de entorpecimiento mientras se consolidan las pruebas técnicas y los peritajes de video.