El IPV retiró una vivienda en Comodoro y aplicó inhabilitación de por vida.
El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) oficializó una severa medida administrativa contra una familia de Comodoro Rivadavia tras constatar que la unidad habitacional que les había sido adjudicada permanecía deshabitada, incumpliendo una de las reglas fundamentales de los planes estatales.
La resolución, publicada recientemente en el Boletín Oficial, marca un precedente estricto ante la alta demanda habitacional que persiste en la provincia. Ante la falta de ocupación efectiva de la propiedad, el Estado procedió a recuperar la tenencia del inmueble para su futura reasignación.
Desadjudicación y alcances de la sanción
La medida quedó firme mediante la Resolución N° 1963, la cual declara la caducidad total del beneficio otorgado originalmente a dos vecinos. La propiedad recuperada es una unidad de tres dormitorios, identificada como la Casa N° 43 del Barrio 80 Viviendas, ubicada en la ciudad petrolera.
El castigo aplicado por el organismo provincial no se limita a la pérdida del techo asignado, sino que se extiende a una inhabilitación definitiva para los responsables. Según detalla el documento oficial, a raíz de este incumplimiento, ambos adjudicatarios «quedan impedidos de acceder en el futuro como beneficiarios y/o adjudicatarios de operatorias construidas por este Organismo».
Control estricto y fin social
Desde el IPV explicaron que estas auditorías se realizan de manera constante en los distintos barrios de la ciudad con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria con fondos públicos. La decisión de recuperar el inmueble busca garantizar que las viviendas sociales cumplan estrictamente con su fin social, destinándose únicamente a familias que realmente necesiten el techo propio y demuestren vocación de habitarlo.
Con esta acción, el Estado provincial refuerza su política de control, enviando un mensaje directo a los actuales beneficiarios sobre la importancia de cumplir con los requisitos contractuales para mantener el derecho a la vivienda.