El Gobierno de Chubut presentó un proyecto de ley clave para frenar el auge de las estafas virtuales coordinadas desde contextos de encierro
La iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, y la diputada provincial Andrea Aguilera, busca revertir las flexibilizaciones otorgadas durante la pandemia, estableciendo un régimen de comunicaciones estrictamente controlado para todas las personas privadas de su libertad en dependencias policiales y penitenciarias.
El fin de una excepción sanitaria convertida en amenaza
Según información que fue extraída del medio Canal12web, la medida responde a una necesidad de retomar la normalidad en el sistema penitenciario. Durante la emergencia sanitaria de 2020 y 2021, el uso de celulares se habilitó como un mecanismo excepcional para mantener el vínculo familiar; sin embargo, las autoridades advierten que hoy esa herramienta es utilizada como el principal motor para la organización de delitos digitales.
«Ese tiempo de excepción ya terminó», afirmó Iturrioz durante la presentación. El proyecto no busca aislar al detenido, sino eliminar el uso irrestricto de dispositivos que permiten el acceso a redes sociales y aplicaciones de mensajería, canales predilectos para captar víctimas mediante engaños, extorsiones y el robo de datos.
Estafas virtuales: proteger a los más vulnerables
La urgencia del proyecto se justifica en el crecimiento exponencial de las denuncias por fraudes que sufren, principalmente, los adultos mayores. Las modalidades delictivas, como el falso «depósito en exceso» o la extorsión conocida como «papá enojado», generan no solo una asfixia económica, sino también un daño psicológico devastador que, en casos extremos, ha derivado en consecuencias trágicas para las víctimas.
La diputada Andrea Aguilera detalló que la ley prohibirá la tenencia, el uso y el ocultamiento de equipos móviles dentro de los penales, pero garantizará el derecho a la comunicación a través de sistemas monitoreados. «Queremos comunicaciones con destinatarios preacordados, en horarios establecidos y desde teléfonos identificados», explicó, asegurando que la tecnología no debe ser un facilitador del delito.
Una política integral contra el ciberdelito
Esta iniciativa se suma a una serie de leyes pioneras impulsadas por la gestión provincial, como la normativa contra la ludopatía infantil y la reciente ley de ciberdelitos. El objetivo final es conformar un frente de protección integral para el ciudadano ante el avance de las nuevas modalidades criminales. Desde el Ejecutivo provincial recalcaron que esta norma no solo busca castigar, sino prevenir que las cárceles sigan funcionando como centros operativos para estafas que afectan a familias en todo el territorio argentino.