El conflicto en la planta de neumáticos FATE sumó un capítulo de alto voltaje político y gremial
Tras el cierre de la histórica fábrica en San Fernando, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) presentó una iniciativa formal ante la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo es claro: lograr una intervención temporal del establecimiento que permita reactivar la producción y garantizar la reincorporación de los casi mil operarios que quedaron en la calle.
Una propuesta de ocupación transitoria en la Legislatura
El proyecto, motorizado por el secretario general del gremio, Alejandro Crespo, no busca expropiar la firma ni alterar su titularidad, sino habilitar una gestión provisoria para poner las máquinas en marcha nuevamente. Crespo ya mantiene una intensa agenda de reuniones con legisladores provinciales buscando el respaldo político necesario para que el tratamiento de la ley avance de forma urgente.
Desde el sindicato argumentan que la medida es indispensable para mitigar el «brutal impacto social» que significa el cierre de la planta para la región norte del conurbano y para la cadena de valor del sector automotriz, que ya siente el faltante de insumos clave.
Resistencia en San Fernando y freno al desalojo
Mientras el debate se traslada a las oficinas de La Plata, la realidad en la fábrica sigue siendo de máxima tensión. Los trabajadores mantienen la ocupación de las instalaciones de San Fernando desde el pasado 19 de febrero. A pesar de los pedidos de la empresa para liberar el predio, la Justicia dictó una resolución que suspende provisoriamente el desalojo.
El fallo judicial fundamenta que la permanencia de los operarios en sus puestos de trabajo constituye una «acción gremial legítima» en defensa de sus derechos, lo que otorga un respiro legal al SUTNA mientras se negocian los alcances de una posible intervención estatal o mixta.
Un conflicto clave para la agenda bonaerense
El desenlace de esta crisis en FATE se perfila como un caso testigo para el resto de la industria nacional. En los próximos días se esperan nuevos encuentros entre representantes gremiales y autoridades provinciales para definir si existe viabilidad técnica y política para este rescate productivo. Por ahora, el destino de 920 familias depende de la capacidad de la política bonaerense para arbitrar en una de las parálisis fabriles más graves de los últimos años.
