El Gobierno envió 52 pliegos al Senado para cubrir vacantes de jueces y defensores. El ministro Mahiques busca acelerar designaciones en fueros clave.
En un movimiento estratégico para reducir el déficit de designaciones en el Poder Judicial, el Ejecutivo nacional activó el envío de una primera tanda de 52 pliegos al Senado de la Nación. La iniciativa, que busca cubrir una parte de las más de 300 vacantes que arrastra el sistema en todo el país, incluye postulaciones para jueces, conjueces, defensores oficiales y vocales de Cámara.
Alcance de los nombramientos y fueros afectados
El paquete enviado por el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, contempla la designación de 23 jueces, 4 defensores oficiales y 12 vocales de Cámara. El despliegue abarca posiciones estratégicas en:
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Fuero Criminal y Correccional Federal: con juzgados clave en La Plata y San Martín.
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Justicia Ordinaria de CABA: incluyendo los fueros Civil y de Menores.
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Organismos de control: fuera del ámbito judicial, se propuso a Néstor Laboglia y Vicente Serra para la presidencia y vicepresidencia del Enargas.
Mahiques anticipó que este envío es «escalonado» y que se espera completar un total de 60 pliegos en esta primera fase, con el objetivo de acelerar un proceso que se encontraba estancado.
Nuevas reglas en el Senado y consenso político
El tratamiento de estos nombres se producirá bajo un nuevo marco reglamentario en la Cámara Alta. El Senado introdujo modificaciones que exigen mayor publicidad y plazos estrictos antes de las audiencias públicas. Ahora, las propuestas deberán difundirse obligatoriamente en el Boletín Oficial, redes sociales y el sitio web institucional para garantizar la transparencia del proceso de evaluación.
Sin embargo, el avance definitivo dependerá de dos factores externos a la letra fría de la ley:
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La agenda parlamentaria: la actividad en comisión se postergará algunas semanas debido a otros debates prioritarios.
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Negociaciones con gobernadores: dado que muchas ternas provienen del Consejo de la Magistratura, el oficialismo deberá tejer acuerdos políticos regionales para garantizar los votos necesarios en el recinto.
Con esta medida, el Gobierno intenta reordenar la estructura judicial y dotar de mayor operatividad a tribunales de primera instancia y cámaras de apelaciones que hoy funcionan con subrogancias temporales.