La diputada Goic exige informes por el cierre de casinos en Chubut.
La crisis que atraviesa el sector del juego en la provincia sumó un nuevo capítulo en el ámbito legislativo. La diputada provincial Tatiana Goic presentó un pedido de informes ante la Legislatura de Chubut para que el Ejecutivo aclare la situación de las concesiones y el impacto laboral tras los cierres de salas en Esquel, Trevelin y Rada Tilly.
Denuncias por despidos vía WhatsApp e indemnizaciones al 50%
Uno de los puntos más graves expuestos por la legisladora se centra en la empresa Trewelyn S.A., operadora de las salas en la zona cordillerana. Según Goic, los trabajadores denunciaron haber sido notificados del cese de actividades de manera informal y repentina.
“Los empleados denuncian haberse enterado del cierre el mismo día, incluso mediante mensajes de WhatsApp. Al llegar a sus puestos de trabajo, encontraron las puertas cerradas”, señaló la diputada. A esto se suma una oferta económica que el gremio considera ilegal: “Después de décadas de ganancias no pueden dejar a la gente a la deriva”, expresó Goic, refiriéndose a la intención de la firma de abonar solo la mitad de las indemnizaciones de ley.
Un conflicto regional: de la cordillera a Rada Tilly
El pedido de informes no se limita a la situación en Esquel —donde el casino permanece con sus puertas cerradas desde el 25 de marzo—, sino que se extiende a la operadora Casino Club S.A. en la villa balnearia de Rada Tilly.
En este último caso, la situación genera interrogantes contractuales de peso, ya que la empresa contaba con una prórroga de concesión por 15 años. Goic busca determinar la legalidad de estos cierres en un contexto de caída del consumo y qué medidas de control aplicó el Instituto de Asistencia Social (IAS), organismo regulador de la actividad en la provincia.
Los puntos clave del pedido de informes
La batería de preguntas presentada por la legisladora exige respuestas concretas sobre el rol del Estado como fiscalizador. Entre los puntos principales se destacan:
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El estado actual de las concesiones y las razones formales de los cierres.
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La cantidad exacta de trabajadores afectados en toda la provincia.
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Si se realizaron inspecciones por parte de la Secretaría de Trabajo ante las denuncias de incumplimiento.
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El cumplimiento de compromisos económicos, como los aportes destinados a obra pública por parte de las prestatarias.
El proyecto de Goic busca determinar si se respetaron los derechos adquiridos de los empleados y si el Gobierno avanzó en instancias de conciliación obligatoria para frenar el desamparo de las familias afectadas por estas medidas empresariales.
