Luego de la aprobación en el Senado, el Gobierno impulsa el debate en comisiones para modificar la protección de áreas periglaciares. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción, busca permitir la explotación económica en zonas sin función hídrica comprobable. Ambientalistas, en alerta.
Luego de la aprobación en el Senado, el oficialismo aceleró en la Cámara de Diputados y este miércoles dará el puntapié inicial en un plenario de comisiones con la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa de suma relevancia para los planes del Gobierno de captar inversiones millonarias en megaminería e hidrocarburos, y que despierta preocupación en las organizaciones ambientalistas.
Según Noticias Argentinas , el inicio del debate, previsto para las 10, reunirá a las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente (cabecera), presidida por el libertario José Peluc, y la de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz.
La estrategia del Gobierno
La idea que flota en los pasillos de la Casa Rosada, y que los operadores del Congreso manejan con sigilo en la Cámara baja, es que el presidente Javier Milei y la comitiva que lo acompañará al «Argentina Week 2026» —evento que tendrá lugar en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo— puedan mostrar la media sanción del Senado como un imán para atraer la atención de inversores internacionales.
De todos modos, no se descarta que la semana que viene, en paralelo a la realización de este evento en Estados Unidos, se pueda firmar dictamen y aprobar en el recinto de la Cámara baja.
De dónde viene
El 26 de febrero pasado, el Senado aprobó la reforma con 40 votos afirmativos, en tanto que recibió 31 rechazos, incluidos dos votos del bloque peronista: los ex gobernadores de San Juan Sergio Uñac y de Catamarca, Lucía Corpacci.
La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.
Los puntos clave de la reforma
El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas.
La iniciativa introduce una precisión al hablar de las «formas periglaciares» , y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de «reservas estratégicas de recursos hídricos» de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.
Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.
Se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.
El rol del IANIGLA y las provincias
El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) , con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.
Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.
Actividades prohibidas y permitidas
Entre las actividades prohibidas —aquellas que «alteran de modo relevante la condición natural» o el valor hídrico de los glaciares— se encuentran:
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Liberación de sustancias contaminantes, residuos o productos químicos
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Obras de arquitectura o infraestructura
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Exploración o explotación minera e hidrocarburífera
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Actividades industriales
En cambio, las actividades permitidas son:
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Investigaciones científicas
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Tareas de rescate de emergencia
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Práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada
Rechazo de ambientalistas
Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.
