El mediodía de este jueves se realizó la audiencia de control de detención y formalización en relación a un hecho acontecido el pasado 3 de junio que tiene como imputado a Luis Damián Uribe. El representante de fiscalía requirió se declare legal su detención, se le formalice el hecho bajo la calificación provisoria de «portación de arma de guerra» y se dicte su prisión preventiva. En contraposición, el defensor se opuso a la legalidad de la detención, a la apertura de la investigación y al dictado de la medida de coerción.
<Los hechos investigados
El funcionario de fiscalía Alan Larrue se refirió brevemente al hecho investigado: el pasado 3 de junio, siendo las 21.30, personal de Drogas y Leyes Especiales, en el marco de un procedimiento de fuerzas federales, realizó un registro vehicular en el que se desplazaba Uribe, en virtud de una presunta infracción a la Ley 23.737. Al proceder a la diligencia, divisaron una pistola marca Browin, 9mm High Power, con 13 cartuchos a bala, sin que Uribe tuviera acreditación legal para portarla. La calificación provisoria es de «portación ilegal de arma de fuego de guerra» en calidad de «autor» para Uribe. El fiscal a cargo de la investigación es Martín Cárcamo.
El funcionario de fiscalía solicitó la apertura de la investigación por el plazo de 6 meses y que se declare legal la detención. A su vez, pidió la prisión preventiva de Uribe por 4 meses, en razón de los elementos de convicción existentes para tenerlo como probable autor del hecho investigado y la existencia de peligros procesales de fuga y entorpecimiento. Como argumentos, mencionó que de ser declarado responsable la pena será de cumplimiento efectivo, los antecedentes penales del imputado, la actitud en otros procesos, la gravedad del hecho, la imposibilidad de ubicarlo y su falta de domicilio fijo. Respecto al peligro de entorpecimiento, señaló que su soltura podría influir sobre testigos.
<La postura de la defensa
En contraposición, el defensor público Alejandro Varas cuestionó la legalidad de la detención, señalando que «la legalidad de los controles es que sea generalizado y no individual. La legalidad de la detención va a ser una cuestión a analizar, hay que investigar esto». En cuanto a la formalización, sostuvo que «no hay elementos para imputarle el hecho a Uribe, la portación ilegal del arma por el lugar en que se encontró el mismo», pidiendo que se rechace la apertura. Negó la existencia de los peligros procesales y propuso que, en caso de que el juez considere que existe peligro de fuga, se puede cautelar con presentaciones ante la Oficina Judicial.
<La resolución del juez
Finalmente, el juez penal Alejandro Soñis resolvió declarar legal la detención de Uribe, ya que había una orden de requisa de un juez competente —la jueza federal autorizó la requisa y en esa requisa se halló el arma—. Además, «la fiscalía trae evidencia suficiente para autorizar la apertura de la investigación». En consecuencia, dictó la prisión preventiva de Uribe por 4 meses, en base a la gravedad del hecho y la existencia de peligro de fuga y entorpecimiento, tal como lo solicitara el funcionario de fiscalía.
En otras causas judiciales de la región, La Justicia allanó la Alcaidía de Comodoro por sospechas de coimas y enriquecimiento ilícito, y recientemente Apartaron al jefe de la Alcaidía de Comodoro por presuntos beneficios a presos.