El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales lanzó un grito de auxilio ante el nuevo esquema regulatorio que se debate para el langostino. Advierten que la medida, mal planificada, puede significar el cierre de más de 100 barcos fresqueros, despidos masivos y la concentración del recurso en manos de grandes congeladores. «Los trabajadores tienen que ser parte de la discusión», exige el Capitán Mariano Moreno.
La mesa está servida y el plato fuerte es el langostino, pero los comensales no están todos invitados. Mientras el Gobierno avanza en la discusión sobre la cuotificación de la pesquería del langostino, desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo encendieron todas las alarmas. En un comunicado de prensa que sacude los cimientos del sector, la conducción que encabeza el Capitán Mariano Moreno advirtió sobre las «graves consecuencias que el nuevo esquema podría traer a las pymes de la flota fresquera» y exigió ser parte de la mesa de decisiones para «garantizar el empleo y la sustentabilidad».
El grito de auxilio de los trabajadores: «La pesca es artesanal y dependemos de nosotros»
Bajo el título «Cuotificación del langostino: trabajadores expresan su preocupación y piden ser parte del debate para garantizar el empleo y la sustentabilidad», el gremio expuso la urgencia del momento. «La pesca es una labor profundamente artesanal y la sustentabilidad del recurso depende, en el día a día, de los trabajadores. Por eso debemos ser actores fundamentales a la hora de establecer nuevos criterios de administración», subrayó Moreno.
El dirigente explicó que la discusión no es meramente técnica, sino que involucra la subsistencia de miles de familias. Destacó que, a diferencia de otras industrias, la pesca artesanal y de pequeña escala tiene un componente humano imposible de reemplazar por tecnología, y que cualquier medida que no contemple esa realidad está destinada al fracaso social.
Pymes en la mira: más de 100 barcos fresqueros, en peligro de extinción
El corazón del reclamo está en el impacto que la cuotificación tendría sobre la flota fresquera de menor porte. Se trata de más de 100 embarcaciones, en su mayoría pequeñas y medianas empresas familiares, que hoy acceden a capturas aceptables durante la temporada de langostino. Según el análisis del gremio, la implementación de cuotas podría representar una reducción del 50% de sus capturas actuales.
«Aunque a cada empresa le corresponda una asignación, la cuotificación mal aplicada se traduce en menos días de navegación y en la concentración de la captura en barcos congeladores tecnificados», explicó Moreno. El resultado sería lapidario: el cierre de firmas familiares, la desaparición de la pesca artesanal y un duro golpe al entramado productivo que sostiene a cientos de comunidades costeras.
«Este segmento, conformado por más de 100 embarcaciones menores (en su mayoría PyMEs) que hoy acceden a capturas aceptables, sufriría el mayor impacto».
El salario, atado a la producción: menos captura, menos sueldo
El Capitán Moreno fue contundente al vincular la cuotificación con el bolsillo de los trabajadores. «Tenemos claro que el salario está atado a la producción. Una cuota reducida para una pyme es directamente una reducción salarial para el capitán y su tripulación», enfatizó.
En un sector donde los ingresos dependen directamente de lo que se pesca, cualquier limitación en las capturas se traduce de inmediato en menores ingresos para los trabajadores. «Los trabajadores deben ser parte de la discusión porque son la fuerza que sostiene a esta industria», insistió Moreno, en un reclamo que busca visibilizar a los protagonistas olvidados del debate regulatorio.
El fantasma del descarte y el «high-grading»
Más allá del impacto económico, el gremio señaló un problema técnico de fondo: el riesgo de descarte y la práctica conocida como «high-grading». El INIDEP asegura tener establecido el valor de la Captura Biológicamente Aceptable (CBA) anual, y desde el Gobierno afirman que la cuota protege el recurso. Sin embargo, la experiencia internacional en especies de alto valor como el langostino demuestra lo contrario.
«Hay interrogantes sobre cómo se va a controlar o qué herramientas se usarán para evitar el descarte. Si un barco tiene una cuota limitada, el capitán se ve presionado a traer solo el langostino de mayor tamaño (L1 o L2), que es el que mejor se paga, mientras que el de menor tamaño será considerado por los armadores como descarte», aseguró Moreno.
Para que la cuotificación sea verdaderamente sustentable, se necesita un nivel de fiscalización con observadores a bordo, cámaras y controles en puerto que, según el dirigente, la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca no parece estar en condiciones de garantizar de manera uniforme. «Por eso insistimos en que las reglas de juego deben definirse escuchando a los trabajadores», concluyó.
Antecedentes de una lucha que no cesa
Argentina viene atravesando un período de constantes debates regulatorios en materia pesquera. Cabe recordar que, en enero de 2024, tras la fuerte presión de los sindicatos, gobernadores patagónicos, el entonces intendente de Mar del Plata y el sector empresario pesquero, se logró retirar el capítulo que buscaba liberar la Zona Económica Exclusiva y flexibilizar la descarga en puertos argentinos.
La ofensiva continuó con el DNU 340/23, que habilitaba a buques extranjeros a realizar transporte de carga y pesca entre puertos argentinos con permisos renovables, y flexibilizaba la contratación de personal. Además, se intentó cerrar la Escuela Nacional de Pesca Comandante «Luis Piedra Buena», cuya continuidad logró sostenerse gracias al firme reclamo de los trabajadores.
Más recientemente, por pedido expreso de la Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina, el Gobierno incorporó en la Ley de Modernización Laboral un artículo que modifica la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo a todo el personal embarcado de las garantías mínimas de derechos y de la posibilidad de contar con un fuero laboral especializado.
