En un contexto de creciente sensibilidad social por amenazas de tiroteos en establecimientos educativos, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó este lunes una reforma profunda en la reglamentación de la Ley de Armas
A través del Decreto 306/2026, la gestión de Javier Milei introdujo cambios sustanciales que buscan simplificar los trámites de adquisición y tenencia, bajo la premisa de eliminar restricciones que consideran «irrazonables» para los ciudadanos.
La medida surge como una respuesta política para equilibrar el control estatal con las libertades individuales, buscando agilizar los mecanismos administrativos para quienes deseen ser legítimos usuarios en todo el territorio nacional.
Requisitos y nuevas categorías para usuarios
La normativa modifica la reglamentación de la Ley Nº 20.429, estableciendo criterios técnicos más específicos para el uso civil condicional. Entre los cambios más destacados, se redefine la clasificación de materiales controlados y se incorporan dispositivos de visión nocturna y supresores de sonido bajo regulaciones específicas para actividades determinadas.
Para acceder a la condición de legítimo usuario, el decreto mantiene la obligatoriedad de presentar certificaciones de aptitud física y psíquica, además de la acreditación de identidad y la carencia de antecedentes penales. Sin embargo, la gran apuesta del Gobierno es la digitalización del sistema, lo que permitirá inhabilitaciones automáticas ante incumplimientos pero, al mismo tiempo, facilitará la extensión de plazos y la simplificación de permisos.
Cambios en la portación y el registro de herencias
Uno de los puntos que mayor debate genera es la ampliación de facultades del Registro Nacional de Armas para evaluar pedidos de portación. Según el nuevo esquema, se aplicarán criterios de riesgo definidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, permitiendo que la autorización sea más accesible siempre que esté «debidamente justificada» y se demuestre idoneidad en el manejo.
Asimismo, el decreto introduce una facilidad registral para las armas heredadas. A partir de ahora, los herederos podrán registrar la tenencia acreditando el vínculo con el fallecido, sin necesidad de esperar una declaratoria judicial previa. Con esto, el Ejecutivo pretende reducir la informalidad y asegurar que las armas que quedan en los hogares tras un fallecimiento permanezcan dentro del sistema de control estatal.
Trazabilidad y eficiencia administrativa
Pese a la flexibilización en los trámites, el Gobierno asegura que la reforma fortalecerá la trazabilidad de los materiales. La incorporación de herramientas digitales busca que el Estado tenga un control inmediato sobre quién posee un arma y en qué condiciones.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes refrendaron el decreto junto al Presidente, sostuvieron que estas modificaciones «armonizan el régimen con los principios y garantías de la Constitución Nacional», dejando atrás un modelo de limitaciones que el oficialismo calificó de «desproporcionadas».