El Comité Departamental de Esquel y otros dirigentes radicales solicitaron formalmente que se evalúe la continuidad del exdiputado en la empresa energética provincial, luego de que la Justicia reabriera la causa y ordenara que sea juzgado en un juicio oral y público.
El Comité Departamental de Unión Cívica Radical de Esquel y otros referentes del radicalismo provincial solicitaron formalmente que se evalúe el apartamiento de Santiago Igón del directorio de la Empresa Provincial de Energía del Chubut (EPECh) . El pedido fue enviado el 4 de marzo al presidente de la Legislatura provincial, Gustavo Menna, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara el sobreseimiento del exdiputado en la causa conocida como «vacunatorio VIP» y ordenara que el expediente avance hacia un juicio oral y público. Según Red43.
Ética pública en debate: el pedido formal del radicalismo
Desde el radicalismo sostuvieron que, por razones de ética pública y transparencia, Igón no debería continuar en el cargo mientras se desarrolla el proceso judicial. Además, solicitaron que el planteo sea remitido a todos los bloques legislativos y a las autoridades de la empresa para que se evalúe un apartamiento preventivo. La iniciativa busca garantizar la transparencia en la gestión de una empresa estratégica como la EPECh, creada para administrar el sistema energético provincial.
El origen de la causa: las vacunas en plena pandemia
La causa se originó en 2021, cuando Igón recibió dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el hospital de Esquel en un momento en que la campaña estaba destinada exclusivamente al personal de salud. El caso generó un fuerte escándalo público y se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la gestión de la pandemia en Chubut. Tras ser sobreseído en primera instancia, la decisión fue revocada por la Cámara de Casación, que ordenó avanzar hacia el juicio oral.
Un cargo en la empresa energética
El exlegislador fue designado en octubre de 2025 como representante de la minoría en el directorio de la EPECh, empresa creada ese mismo año por la Legislatura provincial para gestionar el sistema energético de Chubut. Su designación ya había generado cuestionamientos en su momento, pero ahora el avance de la causa judicial reaviva el debate sobre su idoneidad para ocupar un cargo público mientras enfrenta un proceso penal.