Rectores advierten que el primer cuatrimestre del 2026 está en riesgo si el Gobierno no aplica la Ley de Financiamiento
El sistema universitario argentino se encamina a un inicio de ciclo lectivo marcado por la parálisis. En un escenario de máxima tensión, los gremios docentes han confirmado un paro nacional del 16 al 22 de marzo, exigiendo el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial urgente. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alertan que, sin una actualización de las partidas, el cuatrimestre será «crítico» para el funcionamiento básico de las casas de estudio.
Un conflicto salarial que vacía las aulas
La situación de los trabajadores universitarios ha llegado a un límite insostenible. Según la información que fue extraída del medio TN, los gremios denuncian una deuda salarial acumulada del 51%, con sueldos que en algunos casos apenas rondan los $250.000 mensuales. «No volvemos a las aulas hasta que nos paguen lo que nos deben», sentenciaron desde la Asociación Gremial Docente (AGD).
La medida de fuerza no se limitará a la suspensión de clases; el plan de lucha incluye movilizaciones y clases públicas para visibilizar el vaciamiento del sector. El eje del reclamo es la Ley 27.795, cuya ejecución fue suspendida por el Ejecutivo a pesar de haber sido promulgada tras el rechazo de los vetos presidenciales en el Congreso.
El revés judicial y la contrapropuesta del Gobierno
El conflicto sumó un capítulo judicial clave cuando el juez federal Martín Cormick obligó al Estado a actualizar las partidas para salarios y becas. Sin embargo, la administración nacional apeló la medida y envió al Congreso un nuevo proyecto de ley que modifica la norma original.
Tanto rectores como sindicatos aseguran que esta nueva iniciativa desvirtúa el espíritu de la ley. Mientras la normativa vigente obliga a reconocer la inflación desde diciembre de 2023, la propuesta del Gobierno solo ofrece recuperar un 12% de la pérdida salarial en tres cuotas, enfocándose únicamente en lo ocurrido durante 2025. Oscar Alpa, titular del CIN, advirtió que el 93% del presupuesto universitario se destina a salarios, los cuales hoy se encuentran «totalmente deprimidos», provocando una ola de renuncias de docentes.
Incertidumbre para el ciclo lectivo 2026
La falta de financiamiento no solo afecta a los sueldos, sino también a los gastos de funcionamiento, que incluyen desde el pago de servicios hasta el mantenimiento de hospitales universitarios y programas de ciencia y técnica. La nueva propuesta oficial establece que solo habrá actualizaciones si la inflación supera el 14,3%, un esquema que las universidades consideran insuficiente para garantizar la operatividad mínima.
«Nos asomamos a un horizonte de paro por tiempo indeterminado», advirtió Clara Chevalier, secretaria general de la Conadu. Los rectores coinciden en que no se trata solo de números, sino de asegurar las condiciones indispensables para el desarrollo académico. De no mediar una solución política, el inicio de las clases el próximo 16 de marzo será el punto de partida de un año conflictivo para la educación superior en Argentina.