El gobierno del presidente Javier Milei presentó un recurso ante la Cámara Federal para suspender la Ley de Financiamiento Universitario.
Si el tribunal acepta la medida del oficialismo, lo elevará al máximo tribunal. El oficialismo no descarta ir con un recurso en queja si la Cámara no acepta el pedido.
La primera apuesta de envergadura del Gobierno pasa por no transferir fondos a las casas de estudio hasta que se expida la Corte Suprema. Argumentan que la normativa sancionada es inconstitucional al no determinar de dónde salen los recursos para solventar a las universidades.
El costo de la ley: 2,5 billones de pesos según el Gobierno
Ante la versión de que la normativa rompería el déficit fiscal que tanto protege la administración libertaria, en Balcarce 50 señalan que costaría 2,5 billones de pesos. Pero desde el oficialismo aseguran que semejante costo no representaría un problema en sí mismo. «No hay escenario de déficit, hay que ver de dónde se va a sacar la plata, si es un recorte en obra pública, en fondos para las provincias», grafican.
La postura del Gobierno es clara: no están dispuestos a transferir los fondos a las universidades hasta que la Corte Suprema se expida sobre la constitucionalidad de la ley.
El plan B: una nueva ley en el Congreso
Paralelamente, el oficialismo prometió trabajar en la sanción de una nueva ley de financiamiento universitario. Sin embargo, todavía no están asegurados los respaldos en el Parlamento para dicha normativa. La oposición, que impulsó la ley original, ya anticipó que no acompañará una reforma que recorte los fondos para las universidades.
El reclamo de las universidades: caída del 45,6% en las transferencias
En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguran que las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6 por ciento desde 2023 hasta hoy. El presidente del organismo, Franco Bartolacci, anticipó que el panorama es muy complejo a medida que transcurren los días. «La situación es extremadamente crítica», remarcó.
Bartolacci fue contundente: «Si no hay respuestas de las autoridades, si no se cumple la ley del Congreso, si no se respeta lo que ordenó la Justicia vamos a volver a convocar a la sociedad argentina. Si no conmueve el estado de Derecho, que conmueva la voz del pueblo de la Nación».
El antecedente: la ley que el Congreso aprobó cinco veces
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso Nacional en cinco oportunidades, pero el Poder Ejecutivo nunca la implementó en su totalidad. La Justicia ya ordenó al Gobierno aplicar la normativa y actualizar los salarios docentes, pero el Ejecutivo insiste en que la ley es inconstitucional.
El conflicto tiene en vilo a las universidades públicas, que advierten que sin los fondos necesarios no podrán garantizar el normal funcionamiento de las casas de estudio.
El Gobierno apuesta a la Corte Suprema para suspender la Ley de Financiamiento Universitario y no transferir fondos a las universidades hasta que el máximo tribunal se expida. Argumentan que la ley es inconstitucional y que costaría 2,5 billones de pesos. Las universidades denuncian una caída del 45,6% en las transferencias y amenazan con volver a convocar a la sociedad.