Polémica por la carne de burro: fuerte rechazo de entidades proteccionistas en Chubut.
La discusión sobre la diversificación del consumo de carnes en la Patagonia sumó un capítulo de alta tensión. La Asociación Protectora de Rescate Equino (APRE), respaldada por una coalición federal de organizaciones, manifestó su repudio absoluto ante la posibilidad de faenamiento y consumo de mulas y burros en Chubut. Para la entidad, esta práctica no representa una alternativa alimentaria válida, sino un «retroceso humanitario» que pone en jaque tanto la ética hacia los animales como la seguridad sanitaria de la población.
Riesgos sanitarios y falta de trazabilidad en el consumo
El eje principal de la advertencia lanzada por APRE se centra en la vulnerabilidad del sistema de control. Al no ser especies destinadas tradicionalmente al consumo humano en Argentina, carecen de una cadena de trazabilidad que garantice su inocuidad. La organización alerta que estos animales, al ser utilizados para trabajo o deporte, suelen recibir tratamientos con fármacos como la fenilbutazona o antibióticos que están estrictamente prohibidos para la ingesta humana por su toxicidad.
Además, el comunicado destaca que el faenamiento de estos animales suele ocurrir en la clandestinidad, evadiendo los controles bromatológicos esenciales. Esto incrementa exponencialmente el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas, afectando directamente la salud pública en un contexto donde la falta de fiscalización estatal podría derivar en intoxicaciones graves o brotes infecciosos.
El estatus legal y el bienestar del equino
Desde el punto de vista jurídico, la coalición de ONGs sostiene que el faenamiento de burros y mulas vulnera la Ley Nacional 14.346 de protección animal. Los proteccionistas argumentan que reducir a estos seres sintientes a simples «unidades de biomasa» para el consumo ignora los avances del Derecho Animal moderno, que los reconoce como sujetos de derechos y no meras mercancías.
La denuncia también hace hincapié en el sufrimiento previo a la faena, señalando que los procesos de acopio y transporte de estas especies suelen estar marcados por el hacinamiento y condiciones de crueldad. Según las organizaciones, no se puede hablar de soberanía alimentaria cuando la práctica está cimentada en la desidia sanitaria y el maltrato animal.
Exigencia de intervención a las autoridades provinciales
Ante lo que consideran una situación de gravedad institucional, la Coalición Federal de ONGs y Proteccionistas de Equinos exigió que el Gobierno de Chubut y las direcciones de bromatología locales intervengan de manera inmediata. El pedido incluye la aplicación de sanciones ejemplares para quienes promuevan o comercialicen este tipo de carne, instando a las autoridades a reforzar las inspecciones para evitar que productos sin certificación sanitaria lleguen a la mesa de los ciudadanos bajo el pretexto de la crisis económica.
