En el Gobierno ya no hay margen para la ilusión. La reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza está judicializada, los gremios no dan el brazo a torcer y la estrategia oficialista tiene una sola certeza: el desenlace final estará en manos de la Corte Suprema.
Así lo confirmó un funcionario de primera línea del poder Ejecutivo a la Agencia Noticias Argentinas, en medio de la creciente tensión con la CGT y otras expresiones sindicales.
«la vigencia o no de la reforma laboral va a ser determinada por la Corte Suprema, ahí va a terminar». La frase no es menor: implica que el Gobierno ya no confía en resoluciones de instancias inferiores y asume que el conflicto se extenderá en el tiempo.
Un fallo a favor del Gobierno que no alcanzó para calmar las aguas
La semana pasada, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le dio un respiro al oficialismo. Los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González fallaron a favor del Estado nacional en el expediente caratulado «Confederación General del Trabajo de la República Argentina / Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción Declarativa».
Ese fallo permitió que la reforma laboral recuperara su plena vigencia operativa, revirtiendo la medida cautelar que la CGT había obtenido previamente. Pero la calma duró poco.
La CGT no se rinde: recusó a los jueces y pide nulidad del fallo
Este lunes, el movimiento obrero movió todas sus fichas. La CGT recusó a los dos jueces que firmaron el fallo y exigió la «nulidad absoluta» de la decisión judicial. ¿El argumento? Que los magistrados habrían «prejuzgado» sobre derechos que son materia de fondo en la causa.
Pero hay un dato más explosivo. La central obrera también apuntó directamente contra el juez Pesino, acusándolo de haber sido «favorecido» por el Estado nacional. Según la presentación legal a la que tuvo acceso NA, el magistrato habría recibido un pedido al Consejo de la Magistratura para seguir en el cargo más allá de los 75 años (el límite etario que marca la Constitución Nacional reformada en 1994), una extensión por cinco años que ya fue publicada en el Boletín Oficial.
El escrito legal calificó la conducta del Estado como «descalificable» al promover la continuidad en el cargo «de un magistrado que acaba de fallar a favor de la posición oficial».
Para el oficialismo, la CGT «no tiene otro camino»
Dentro del Gobierno son pragmáticos. Saben que la central obrera no se va a rendir en su estrategia judicial. «Es el único camino que tiene», admitió la misma fuente oficialista. Pero también están convencidos de que la CGT terminará sufriendo «una nueva derrota» cuando el máximo tribunal de Justicia determine la constitucionalidad de la normativa.
El problema, para La Libertad Avanza, no es jurídico sino político: el conflicto se prolongará y la reforma laboral quedará en un limbo judicial por meses, quizás años, hasta que la Corte Suprema ponga la firma final.
Qué está en juego
La reforma laboral fue sancionada en sesiones extraordinarias y contiene más de 80 artículos que fueron suspendidos por la cautelar original de la CGT. Entre los puntos más controversiales se encuentran cambios en el régimen de indemnizaciones, modificaciones en el período de prueba y nuevas reglas para las contribuciones sindicales.
El fallo de la Sala VIII había reactivado su vigencia, pero la recusación presentada este lunes por la CGT vuelve a poner todo en suspenso. Ahora, la pelota queda en el tejado de la Cámara y, eventualmente, de la Corte.