El proyecto de ley de Glaciares que busca convertir en ley este miércoles la Cámara de Diputadosbusca redefinir cuáles son las zonas protegidas y en áreas periglaciares las que se pueden permitir tareas de exploración y explotación para captar inversiones mineras.
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los mandatarios provinciales aliados para impulsar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de Cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en 2024.
Los gobernadores que impulsan la ley y el RIGI
Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca (Raúl Jalil) ; de San Juan (Marcelo Orrego) ; de Salta (Gustavo Sáenz) ; y de Mendoza (Alfredo Cornejo) , que tiene el mayor desarrollo minero. La iniciativa busca destrabar inversiones millonarias en minería, especialmente en cobre y litio.
Uno de los aspectos centrales de la ley sancionada por el Senado es que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial. Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.
De qué trata la Ley 26.639 vigente
La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, con la responsabilidad de identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares. Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, y el inventario identifica glaciares en unos 8.400 kilómetros.
Una de las críticas al inventario de los gobernadores es que está desactualizado, mientras que sus defensores dicen que atravesó muchos problemas económicos por falta de financiamiento.
Lo que cambia con la reforma
Otro punto clave es que se busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciares, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental. Hasta ahora, la protección depende de estudios técnicos que demuestran si un área cumple una función hídrica relevante. Si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación.
Los defensores de la reforma argumentan que la ley actual es un obstáculo para el desarrollo minero y que la actualización del inventario glaciar es inviable por falta de recursos. Los ambientalistas, en cambio, advierten que la reforma pone en riesgo el recurso hídrico y que la apertura a la minería en zonas periglaciares puede tener consecuencias irreversibles.
Un debate que promete ser intenso
El miércoles, la Cámara de Diputados sesionará para tratar la reforma. El oficialismo confía en tener los votos necesarios para sancionar la ley, que ya fue aprobada en el Senado. La oposición y las organizaciones ambientalistas prometen dar pelea.
La reforma de la Ley de Glaciares es una de las iniciativas más polémicas del gobierno de Javier Milei. El resultado de la votación definirá el futuro de la minería en la cordillera y la protección de los recursos hídricos de la región.