El diputado Juan Pablo Luque criticó la reforma de la Zona Fría, advirtiendo que la quita del subsidio al gas afectará a 1.600.000 usuarios en el país.
El proyecto impulsado por el oficialismo para modificar de manera integral el Régimen de Zona Fría en la República Argentina cosechó un enérgico rechazo por parte de los bloques opositores en el Congreso de la Nación. El diputado nacional por Chubut de Unión por la Patria, Juan Pablo Luque, alertó sobre las graves consecuencias socioeconómicas de la medida, catalogando la iniciativa como un ataque directo a los intereses de las provincias del interior y, fundamentalmente, a aquellas jurisdicciones que se encargan de generar los recursos energéticos que abastecen al país.
Las modificaciones normativas buscan revertir el esquema de subsidios ampliado en el año 2021 mediante la Ley N° 27.637, abriendo una profunda brecha de discusión tarifaria entre las provincias patagónicas y el Gobierno central.
Un fuerte impacto que dejará a más de un millón de usuarios sin cobertura
El legislador chubutense centró gran parte de su alocución en el perjuicio real que la quita de los subsidios significará para el presupuesto de los hogares. Según la información técnica recabada a partir de los informes de la propia Secretaría de Energía de la Nación, la reforma recortará drásticamente la bonificación histórica que percibían los usuarios residenciales ubicados en las regiones de bajas temperaturas.
Luque detalló la ingeniería de la quita, precisando que los beneficiarios sufrirán una merma sustancial en la cobertura estatal de sus boletas de gas. Las familias pasarán de contar con el tradicional 50% de descuento a registrar apenas una reducción equivalente a un cuarto del total facturado. Esto responde a que el nuevo marco legal elimina los subsidios sobre el cargo fijo y sobre los ítems correspondientes a los servicios de distribución y transporte de gas, aplicando el beneficio de manera exclusiva sobre el valor del fluido propiamente dicho. Con este nuevo mecanismo de cálculo, se estima que un universo de 1.600.000 ciudadanos argentinos perderán el amparo del subsidio estatal.
Defienden las asimetrías climáticas de la Patagonia y el interior
Frente al avance de las reformas promovidas por La Libertad Avanza, el legislador ponderó la necesidad de mantener las prerrogativas de consumo para toda la región de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, zonas que históricamente han dependido del gas para su supervivencia invernal debido a los rigores climáticos extremos.
“Estamos tratando un tema que va a generar un retroceso muy grande al federalismo de nuestro país. Y cuando retrocede el federalismo y avanza el centralismo, generalmente el que pierde es el interior de la Argentina”, denunció Juan Pablo Luque desde su banca parlamentaria.
El diputado graficó las asimetrías geográficas que el Área Metropolitana de Buenos Aires suele ignorar al legislar sobre servicios públicos. Remarcó que las condiciones de habitabilidad en la meseta chubutense, la cordillera neuquina o localidades santacruceñas como Perito Moreno exigen parámetros de consumo calórico radicalmente opuestos a los de las provincias del norte o el litoral, por lo que equiparar las tarifas de gas atenta contra la sustentabilidad de las familias del sur del país.
Cuestionamientos a las compensaciones impositivas del sector energético
Hacia el cierre de su intervención, Luque hilvanó sus críticas a la política energética nacional trazando un paralelismo con los regímenes de promoción impositiva otorgados recientemente a los grandes desarrollos de energías renovables. El legislador cuestionó la baja contraprestación laboral de estos esquemas de beneficio fiscal en comparación con el millonario costo fiscal que representan para las arcas del Estado.
Tomando como ejemplo un complejo de energía limpia recientemente inaugurado, el diputado nacional de Unión por la Patria ironizó sobre la efectividad de las exenciones otorgadas por el Ejecutivo. Sentenció que, tras haberse finalizado las obras del parque fotovoltaico la semana pasada bajo el amparo de los incentivos federales, el complejo operará con apenas tres empleados fijos, lo que equivale a una inversión estatal de 100 millones de dólares por cada puesto de trabajo generado. Bajo este escenario, Luque instó a sus pares de las bancadas patagónicas a deponer diferencias partidarias y abroquelarse en la defensa de los derechos adquiridos de las provincias productoras de hidrocarburos.