El Gobierno nacional avanzó con una reforma clave en la administración de las empresas estatales. A través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), se aprobó un nuevo “Modelo de Código de Gobierno Societario” que busca reforzar la transparencia, la ética y la eficiencia en la gestión de las compañías públicas.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 131/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece un marco de referencia para que las empresas públicas elaboren sus propios códigos de buen gobierno.
El objetivo central es homogeneizar criterios de ética, integridad y sostenibilidad en la administración de los recursos del Estado, fortaleciendo el control interno y la rendición de cuentas.
El nuevo modelo tiene carácter orientador y no reemplaza las obligaciones legales vigentes, sino que funciona como guía para cada sociedad estatal.
Alcance obligatorio y empresas alcanzadas
La normativa es de aplicación obligatoria para todas las empresas y sociedades del Estado, incluyendo aquellas con participación estatal mayoritaria y organizaciones donde el Estado tenga poder de decisión.
Sin embargo, quedan exceptuadas las compañías con oferta pública de valores, las entidades financieras reguladas por el Banco Central y las aseguradoras bajo supervisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Cada empresa deberá adaptar el modelo a su estructura, escala y complejidad operativa, elaborando su propio Código de Buen Gobierno Corporativo.
Principios de transparencia, ética y control
El nuevo esquema establece lineamientos centrales que incluyen el fortalecimiento del ambiente de control, la ética institucional, la integridad, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad de largo plazo.
Además, se busca promover una gestión más eficiente de los recursos públicos y mejorar la transparencia en la toma de decisiones dentro de las empresas estatales.
La SIGEN remarcó que este modelo apunta a consolidar la rendición de cuentas y generar valor para la sociedad en su conjunto.
Un cambio alineado con estándares internacionales
Con esta actualización, el organismo reemplaza normativas vigentes desde 2022 y las adapta a estándares internacionales de buenas prácticas en gobierno corporativo, exigidos por organismos de crédito y cooperación global.
La iniciativa busca fortalecer la institucionalidad del sector público empresarial y mejorar su desempeño en un contexto de mayor exigencia en materia de control y transparencia.